En abril los casos de Covid-19 en la justicia bonaerense subieron un 76%: gremio pide “medidas urgentes”
Un informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense destacó que este mes hubo 621 casos positivos de la enfermedad en los 18 departamentos provinciales, el pico de esta pandemia. Los contagios desde marzo del 2020 son casi 3 mil, y la mitad se produjeron este año. Por eso, reclaman evitar la presencia en las dependencias, y que se incluya al personal en el plan de vacunación.
Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical
Por octavo día consecutivo, los docentes realizaron un paro de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, reclamando al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que cumpla el decreto presidencial y las escuelas realicen sus clases de manera virtual. La polémica por la actitud adoptada por la gestión porteña respecto de la medida, que fue judicializada, se volvió el centro del debate respecto de la presencialidad en el sector público, pero el aumento de casos se da en toda la administración pública. En este sentido, no solo los gremios de CABA están atentos a los contagios. En la provincia de Buenos Aires, la suba de casos preocupa a judiciales, que piden revisar las medidas de seguridad e higiene para evitar que el personal se contagie de Covid-19.
Es que, en medio de la segunda ola, como ocurre en todo el país, en las últimas semanas crecieron los casos en el ámbito estatal, lo que genera alarma en los gremios. Así lo destaca un informe elaborado por el gremio del sector, que se entregó a la Corte Suprema de Justicia, y confirma que en abril se vive el pico de contagios, que desde marzo del 2020 casi alcanzan los 3 mil. Los estatales vienen planteando la necesidad de ser incluidos en los grupos prioritarios que recibirán las vacunas que están llegando al país, pero por el momento esa demanda no fue resuelta.
La alarma por el crecimiento general de casos de coronavirus, que en la provincia de Buenos Aires promedia unos 9 mil contagios en los últimos días, movilizó a los gremios estatales, que ven con preocupación el desborde de la pandemia. Si bien el gobierno de Axel Kicillof acató el decreto presidencial y declaró loa virtualidad de las clases por dos semanas, en sectores como la justicia se mantienen las actividades abiertas, lo que aumenta el riesgo de contagio. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se reunieron con la Corte Suprema de Justicia provincial y con la asociación de magistrados para reclamar medidas en conjunto.
Los reclamos
“Pedimos básicamente volver a las guardias presenciales mínimas en los 18 departamentos judiciales, y continuar con teletrabajo”, le explicó a Gestión Sindical el dirigente de la AJB Roberto Cristófano, quien recordó que en estos momentos se están manteniendo las tareas a distancia –los judiciales de la provincia de Buenos Aires fueron los primeros en reglamentar el teletrabajo en el 2020 –y las cuestiones que no puedan ser resueltas de esa forma lograr “presencia en las dependencias de máximo una o dos personas”.
Esta semana, la dirigencia de la AJB se reunió con el Colegio de Funcionarios y Magistrados, con quienes acordó realizar un llamado a la Corte Suprema para que “convoque de forma urgente un comité de crisis”, para que se dispongan “medidas eficaces para restringir el mínimo indispensable las tareas presenciales”.
Cifras totales y por departamento judicial
Para apoyar el reclamo, el gremio judicial le entregó al máximo tribunal bonaerense un informe donde da cuenta del aumento de contagios en el sector, y de la realidad que se vive en cada departamento judicial. Elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la AJB, el trabajo alertó que “hay 2.993 casos detectados de Covid-19 positivos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires entre mayo 2020 y abril 2021, lo que equivale a aproximadamente el 11 por ciento del personal total, incluyendo a magistrados y magistradas”.
“Un 20,75 por ciento del total de casos desde iniciada la pandemia se produjo en las tres primeras semanas del mes de abril 2021, y el 53,5 por ciento durante el año 2021”, recalcó el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical.
Según los datos, abril es el mes de mayor caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 621, “un 76 por ciento más que durante el mes de marzo” de este año. Los departamentos judiciales con mayor cantidad de casos, informó la AJB, “son La Plata y Lomas de Zamora, con más de 440. Le siguen Mar del Plata, San Martín, La Matanza y Azul. “La tasa de incidencia en algunos departamentos judiciales es más alta que en otros.
En dependencias de Ministerio Público, el 22,46 por ciento del personal Necochea tuvo Covid positivo, duplicando el promedio provincial. Preocupa también la situación de Azul, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, San Nicolás y Mar del Plata”, recalcó el trabajo del gremio.
Aumento acelerado de contagios
Con la segunda ola instalada, abril es el mes de mayores casos en el sector judicial, en un contexto donde en el 2021, con cuatro meses trascurridos, se registraron casi la misma cantidad de contagios que en todo el 2020, con nueve meses de pandemia.
“En relación con la cantidad de casos por mes, vemos que período de 21 días registrado del mes de abril es el de mayor cantidad de casos desde iniciada la pandemia, con un incremento del 76 por ciento respecto del mes anterior”, insistió el informe de la AJB. En este sentido, abril lleva “el 20,75 por ciento del total de casos y un 53,5 por ciento se produjeron en lo que va del año 2021, lo que demuestra que estamos ante una situación más grave que la del año pasado”.
Los datos fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia provincial, para que se vuelva a adoptar “medidas de emergencia que limiten la presencialidad a lo estrictamente necesario, a través de un régimen de guardias mínimas”. Además, el reclamo es que se incluya a los judiciales, como todos los estatales, en el plan de vacunación. “Ya se lo reclamamos al máximo tribunal, pero no tuvimos respuesta. Esperemos que haya un paso favorable a este pedido, aunque el faltante de dosis complica”, dijo al respecto Cristófano. Hasta el momento, los únicos estatales vacunados en la provincia de Buenos Aires son los docentes.
Contrapunto
Luego de los reclamos, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada donde ratificó “el esquema de prestación con asistencia del personal mínimo indispensable, énfasis en la gestión a través de las herramientas tecnológicas y de la comunicación y estricta observancia de las medidas de cuidado”. La resolución 597/21 explica que los organismos judiciales deben funcionar “con la concurrencia del personal mínimo indispensable, extremando la utilización de las herramientas tecnológicas y de las comunicaciones y adoptando cualquier otra medida de gestión que estime conducente al mismo fin, de conformidad con el marco legal y reglamentario vigente”.
“No resulta óbice de adecuaciones y ajustes que pudiesen incorporarse para la mejor prestación del servicio de justicia o el dictado de nuevas resoluciones o decisiones en contrario, que pudieran adoptarse por la reversión de la situación dada en oportunidad del dictado de la presente”, finalizó el máximo tribunal. Pero la decisión fue criticada por la AJB, que recordaron que la resolución “mantiene el esquema de funcionamiento previo y reiteran recomendaciones que ya han demostrado su ineficacia para limitar el número de contagios”.
Cuando inició la pandemia, y se instaló definitivamente el teletrabajo, los judiciales bonaerenses fueron los primeros en lograr un convenio propio para regular la actividad, incluso mucho antes que se apruebe la ley nacional que presentó el oficialismo nacional y está en vigencia actualmente.
Esta regulación establece “el carácter excepcional de la incorporación del teletrabajo en el Poder Judicial, por un plazo limitado al contexto de la emergencia, a la vez que se sostiene la exigencia a la Suprema Corte de mantener el asueto con suspensión de términos en el Poder Judicial”. La AJB fue el primer sindicato judicial que logra regular en el marco de una negociación colectiva las condiciones en que este trabajo debe ser desarrollado, respetando la jornada laboral y el derecho a la desconexión.
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