Empleados de farmacias piden aumento salarial y amenazan con bloquear locales en plena pandemia

Desde la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) afirmaron que realizaran protestas sorpresa en el marco de faltad e acuerdo de la paritaria de este año. Además, piden ser incluidos en el bolo salarial para el personal de salud. Desde el sector farmacéutico recordaron la relación del gremio con la cadena de ex funcionario macrista, y apuntan que buscan cambiar el modelo de farmacias.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Desde el inicio de la pandemia, las farmacias en todas sus variedades se mantuvieron abiertas y trabajando, por ser consideradas como “actividad esencial”, ya que deben garantizar el acceso a los medicamentos. Así, los empleados y profesionales del sector se sumaron al personal de salud en la lucha contra el coronavirus, llevando información a los pacientes que llegan a sus locales, y ayudando a prevenir los contagios. Por esta tarea, el gremio del sector reclama un reconocimiento salarial, como recibió el personal sanitario, y como pelean otros rubros esenciales, como empleados de supermercados.

Además, la paritaria de este año sigue sin resolverse, y pese a dos encuentros realizados con las cámaras empresariales, no lograron acuerdo. Por esto, esta semana la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) se declaró en “estado de alerta y movilización”, y amenaza con realizar protesta frente a los comercios, bloqueando su ingreso. Además del acuerdo y el bono, alertan que una ley podría destruir hasta 100 puestos de trabajo en el sector. Las entidades farmacéuticas criticaron la iniciativa y alertan del vínculo del sindicato con la cadena de farmacias vinculada con el macrismo.

ADEF entró en “estado de alerta y movilización” esta semana luego que fracasara la nueva mesa de negociación de la paritaria 2020. Según pudo saber Gestión Sindical, en la reunión con las entidades farmacéuticas el gremio que lidera Víctor Carricarte pidió una suba salarial del 14 por ciento, para el período marzo-junio.

La cifra, dijo en esa reunión el dirigente, es parte del cálculo de hicieron respecto de lo perdido el año pasado y la inflación de este año. Además, remarcó que por ser personal esencial el personal de farmacias se mantiene en actividad, con todos los riesgos que eso genera. Además, ADEF pide que se incluya al personal entre los que reciben el bono de 20 mil pesos (en cuatro cuotas de 5 mil pesos), que se entrega desde Nación al personal sanitario.

Como contrapropuestas, las cámaras empresariales ofrecieron una suba del 5,5 por ciento, lo que fue rechazado. En la discusión las farmacias afirmaron que la inflación de esta parte del año no alcanza lo pedido por los trabajadores, que argumentaron que en otras provincias –como Córdoba –la suba lograda es similar. Sin acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio.

De la paritaria participaron la mayoría de las cámaras de farmacias, menos la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que nuclea a unos 12 mil locales comunitarios, es decir, cuyos dueños son un farmacéutico profesional. La ausencia no es casual: la entidad tiene un largo enfrentamiento con ADEF que viene desde hace tiempo. La COFA recuerda los lazos del gremio con la cadena Farmacity, la cadena con vínculos con el macrismo que busca imponer un nuevo modelo de dispensa de medicamentos. La empresa fue fundada por Mario Quintana, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, que intentó la ley que prohíbe que las sociedades anónimas sean dueños de farmacias en la provincia de Buenos Aires, lo que generó un largo enfrentamiento.

“ADEF bajo el argumento de los puestos de trabajo, apoyó esta idea, que puede terminar con miles de farmacias barrio”, le recordó a Gestión Sindical una fuente de la COFA. En este sentido, la misma fuente afirmó que muchas de las medidas que impulsan son para debilitar “el modelo comunitario”. Respecto a la paritaria, se habló de una baja del 10 por ciento de la venta de medicamentos y otros productos en farmacias desde que comenzó la cuarentena, lo que pone a miles de negocios en una “crisis de sustentabilidad”.

ADEF es parte de la Corriente Federal que lidera Sergio Palazzo (bancarios), uno de los sectores más combativos que forma parte de la CGT, y que junto al moyanismo podría buscar desplazar a Héctor Daer y los dialoguistas de la conducción, cuando se pueda hacer el confederal que debía realizarse en agosto de este año, pero ya está postergado. En estos días, el propio Carricarte cuestionó la reunión de la CGT y los empresarios, y pidió un plan productivo para salir de la pandemia.

Sobre el conflicto con las farmacias, recordaron que “los trabajadores cumplen sus tareas de manera incansable desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo último, porque su actividad fue considerada ‘esencial’, y arriesgan su salud de manera permanente, pero no se les reconoce el esfuerzo a través de un aumento”. En estén sentido, afirman que no hay un registro de empleados contagiados de coronavirus, que dimensione la gravedad de la situación.

En tanto, en el sector afirman que, pese a que la pandemia no les impidió trabajar, las ventas cayeron, al punto que ponen en peligro a muchas farmacias. Según datos de la COFA, desde marzo que se inició el aislamiento hasta junio la comercialización de medicamentos bajó un 10 por ciento. “Mucha gente dejó de controlarse patologías crónicas: diabetes, hipertensión. Se abandonaron tratamientos, se interrumpió la demanda de algunos remedios”, alertó la entidad mediante un reciente comunicado. Además, el cierre de los consultorios médicos hizo que muchos pacientes no accedieran a sus recetas, lo que se volvió una barrera para mantener los tratamientos.

Para salvar esto, se aprobó esta semana una ley que regula la receta electrónica, que permite lo que se llama la dispensa online, es decir, que los médicos validen las recetas mediante firma electrónica, se envíe a la farmacia y esta venda el producto cuando el paciente se hace presente. Pero la ley fue cuestionada por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que asegura que la posibilidad que otros lugares, como clínicas, dispensen medicamentos, puede generar la destrucción de unos 100 mil puestos de trabajo en el sector.