miércoles 3 de junio de 2020
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El gobierno porteño no compra elementos para prevenir el Covid-19 pero gasta millones en balas de goma

Un informe de la CTA Autónoma de Capital Federal y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), entre otras entidades, denunció que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta gastó más de 50 millones de pesos en postas de goma y granadas antidisturbios, ante posibles desbordes sociales por la crisis económica. En contraposición, los gremios denuncian que no se entregan materiales de protecciones a trabajadores que realizan tareas más allá del aislamiento.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Por un fallo del juez Guillermo Scheibler, que se conoció esta semana, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá entregar elementos de protección contra el coronavirus a los docentes porteños. La medida se dio luego que el gremio UTE denunciara que los maestros que cumplen tareas durante el aislamiento social –como el armado y entrega de viandas de alimentos –no reciben los productos necesarios para cuidar su salud, como alcohol en gel o tapabocas, estos últimos obligatorios en Capital Federal desde este miércoles 15. En contraposición a la falta de elementos de prevención, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta gastó más de 50 millones de pesos en la compra de elementos antidisturbios, como balas de goma y bombas.

Bajo el argumento de la “situación socio-económica”, el gobierno porteño gastó la millonaria suma en elementos para armar a la Policía de la Ciudad, mientras los gremios deben recurrir a la justicia para lograr que se entreguen materiales sanitarios a los trabajadores estatales. Además, la dirigencia sindical alerta sobre los planes represivos que pueden generar si hay desbordes sociales, y que se “criminalicen” los reclamos. En la provincia de Buenos Aires, ATE y la CTA Autónoma alertan sobre el aislamiento de barrios humildes, a partir de una prueba que se hace en el distrito de Lomas de Zamora.

El informe que alerta sobre la compra de balas de gomas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue elaborado por distintas organizaciones, como la CTA Autónoma de Capital Federal, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Frente Territorial Salvador Herrera, entre otras entidades. Según el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, determinó que “la contratación se adjudicó a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado por el monto de 52.765.291 pesos para la compra de cientos de miles de cartuchos anti tumulto y miles de granadas”.

La División de Armamento, Munición y Explosivos de la Policía de la Ciudad solicitó “la urgente provisión del material antidisturbios para hacer frente a la situación socio-económica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19”. El pedido de la gestión de Rodríguez Larreta se formalizó a fines de marzo, y no incluyó la cantidad de material requerido, aunque se entregaron 150 mil postas de goma.

“Tanta es la celeridad que tienen las fuerzas de seguridad para estar preparadas para la represión y contención social que se vieron en la necesidad de proceder a recibir el material antes de la aprobación y adjudicación de la contratación”, sostuvo el informe que denuncia esta situación.

La contracara de este gasto millonario en plena pandemia –el pedido de compra se hizo el 25 de marzo y la entrega del material dos días después, el 27 del mes pasado –es la denuncia de muchos gremios que aseguran que la gestión porteña no entrega material sanitario a los empleados estatales que deben realizar tareas en medio del aislamiento.

Por ejemplo, en distintos hospitales se denunció que no se reciben barbijos y elementos de protección para el personal de salud. Lo mismo sucede con personas que hacer tareas en comedores escolares.

“El gobierno de la Ciudad se prepara para reprimir a la ciudadanía anticipando una crisis social mientras no toma medidas en el presente para prevenir esas crisis: no garantiza barbijos ni elementos de protección a médicos y enfermeros; no garantiza adecuadamente la comida para los estudiantes de escuelas públicas; no garantiza los insumos básicos para la educación a distancia; no garantiza el acceso al agua potable a 400 mil personas que habitan villas y asentamientos”, destacó el informe conjunto de las organizaciones gremiales y sociales.

Ante esta situación, el gremio UTE hizo la presentación judicial que terminó con el fallo del juez Scheibler, del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que dictó una medida cautelar para que la gestión de Rodríguez Larreta cumpla “las medidas de seguridad e higiene requeridas para la realización de las tareas presenciales, referidas a los comedores escolares, que realizan los docentes durante la vigencia de la cuarentena social, preventiva y obligatoria”.

Asimismo, el magistrado ordena que a la empresa Provincia ART “dar cumplimiento a las normas de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador en los términos de la ley 24.557”. “Esta semana se comenzó a distribuir alcohol en gel, barbijos y guantes, pero no en todos los colegios y comedores”, le confirmó a Gestión Sindical Paula Galigniana, secretaria de Comunicación de UTE.

La medida judicial se está cumpliendo parcialmente, por lo que Galigniana adelantó que se está preparando un informe sobre los lugares a donde no se llegó con los productos y las medidas preventivas. Además, desde la UTE insistieron para que el gobierno de la Ciudad “cumpla con el fallo judicial para evitar tener que lamentar mayores consecuencias”.

Además de la cuestión sanitaria, a los gremios les preocupa lo que puede pasar si la cuarentena se extiende y los problemas económicos se profundizan, y comienzan los inconvenientes y desbordes sociales, como proyecta la Ciudad de Buenos Aires, con la compra de material represivo.

En la provincia de Buenos Aires, la alerta apunta a un plan piloto que aísla barrios en el conurbano bonaerense. Esta semana comenzó en Llavallol, distrito de Lomas de Zamora, en dos barrios, conocidos popularmente como “monoblocks” y “las casitas”, que fueron vallados y la policía y la comuna controla a través de cuatros entradas. La información suministrada por la Municipalidad local asegura que el plan se hizo con acuerdo de organizaciones vecinales y sociales, y apunta a evitar contagios de coronavirus. Además, durante este aislamiento se vacuna a las personas contra la gripe, y se hace control sanitario.

Pero la CTA Autónoma local y ATE denunciaron discriminación y maltrato policial. “Dentro de este cerco represivo, que intentaron justificar como ‘sanitario’ con una masiva vacunación de animales y de personas y con un supuesto cuidado de la salud frente al Covid-19, contó con algunos trabajadores municipales y de cooperativas barriales, en su mayoría expuestos a controlar a sus mismos vecinos sin los medios de protección indispensables”, afirmaron las entidades, mediante un comunicado.

“Se aprovechan de la cuarentena para sitiar y militarizar las barriadas humildes, en las que muchos de las y los trabajadores que las habitan deben salir de los límites que los gobernantes pretenden imponer arbitraria y discriminatoriamente. Nada puede justificar semejante operativo”, concluyeron los gremios.

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