En un editorial que parece extraído de otro siglo, el diario de la familia Mitre no solo se opone a la Ley de Antidespidos, sino que aprovecha para fustigar las conquistas sindicales de los últimos “70 años”. Reivindica la precarización laboral y la tercerización.
Por Matías Tagliani / Editor General de Gestión Sindical
Cada tanto, el centenario diario La Nación, propiedad de la familia Mitre-Saguier, nos sorprende con sus columnas que intentan poner en discusión debates saldados democráticamente décadas atrás. Ahora, con la excusa de cuestionar el proyecto de Ley Antidespidos, aprovecha y “exige” flexibilización laboral y se dedica a denostar las conquistas sindicales de los últimos 70 años.
“La cuestión laboral merece una revisión más amplia que la referida al despido. La legislación de las últimas siete décadas se ha movido en el sentido de un deterioro de la productividad del trabajo y un aumento del costo laboral. En consonancia con los intereses del gremialismo, se ha tendido a proteger a quienes ya están trabajando formalmente, pero creando mayor riesgo empresario y, por lo tanto, haciendo más dificultoso encontrar trabajo a quienes están desocupados. La flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo, son demonizadas en los ambientes sindicales y políticos. Se descalifican esas formas como ‘contratos basura’ o como mecanismos de esclavización, y ya ha habido cambios legislativos para impedirlos”, dice el texto en su segundo párrafo.
En otro pasaje del texto, nuevamente deja traslucir todo su recurrente prejuicio hacia el peronismo. Desde su óptica que ignora la idiosincrasia original y única del pueblo argentino, La Nación buscar imponer su visión propia de esquemas de la ciencia política europea al proceso histórico de nuestro país, al intentar forzar falsos paralelismos entre el fascismo italiano y los gobiernos democráticos de Juan Domingo Perón.
“La centralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo entre un sindicato único por actividad y la representación sectorial empresaria tiene el sello de la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Responde a la concepción corporativa que eligió Juan Domingo Perón en su primer gobierno. Esa centralización de las negociaciones se ha mantenido en la Argentina desde entonces”, fustiga desde su discurso descontextualizante.
El análisis se vuelve más virulento aún en el párrafo siguiente: “Las dificultades financieras de muchas de estas organizaciones, como consecuencia de malos manejos y corrupción, fueron recurrentemente resueltas con el auxilio de fondos públicos. Puede decirse que la fortaleza política de las dirigencias sindicales permanece incólume con pocas excepciones. También permanecen inalterados sus postulados en materia de política laboral, apartados de lo reclamado por una economía moderna y en desarrollo. Se entiende así la perduración del manejo centralizado de las paritarias, que es una prenda de sostenimiento del poder sindical”.
Posteriormente, asegura que esta nueva etapa política argentina “exigirá competitividad, atracción de inversiones y creación de empleos en el sector privado. No será con la prohibición de los despidos ni con la duplicación de las indemnizaciones como eso se logrará”. Tampoco –dice- ayudarán las modificaciones de la legislación del trabajo “logradas por el incansable diputado Héctor Recalde, que más allá de sus expresados propósitos han encarecido el costo y el riesgo laborales”. Muchas inversiones y miles de puestos de trabajo “han quedado en los papeles por esos y otros desalientos ocurridos en los últimos años”, argumenta.
Vuelve a hablar de las supuestas bondades en las negociaciones descentralizadas a nivel de empresa: “Los empleados conocen los límites, al igual que los empleadores. La capacidad negociadora de los trabajadores se preserva mediante el derecho de huelga. Las condiciones de trabajo que están ligadas al equipamiento y a la productividad serán determinantes de cada arreglo. La conflictividad laboral se reduce al haber convergencia de intereses en estos objetivos esenciales. Puede, además, incorporarse un mecanismo de arbitraje como el adoptado en Chile, en el cual el árbitro no puede proponer posiciones intermedias. La consecuencia es que muy rara vez se recurre al arbitraje, ya que ninguna de las partes quiere arriesgar la totalidad de la diferencia”.
Finaliza embistiendo contra las cargas e impuestos sobre el trabajo formal: “Deberían reducirse para disminuir el peso del empleo informal en nuestro país. La flexibilización laboral y la no prohibición del despido ni su encarecimiento deberían complementarse con un seguro de desempleo ágil y razonablemente remunerado”.
Está claro que La Nación desdeña la puja distributiva de cualquier sociedad que intente avanzar en la democratización de sus estructuras productivas, la nacionalización de la renta y crecer con justicia social e igualdad de oportunidades.
Hacé tu comentario