Dos cuadras de fila de desocupados para cobrar el bono de $5.000 que el Gobierno había prometido en elecciones y ahora no quiere pagar

Cientos de personas, algunas mujeres con bebés en brazos, se agolparon en las puertas de la cartera laboral, ubicada en Alem al 600. Piden el bono que el Gobierno preveía para aliviar el fin de año.

Cientos de personas, algunas mujeres con sus bebés en brazos o cochecitos, se agolparon desde este lunes bien temprano en las puertas de la sede central del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, ubicada en Avenida Alem al 600, para solicitar el cobro del bono de $5.000 que el Gobierno de Mauricio Macri impulsó para aliviar el bolsillo de los desocupados.

Ámbito pudo constatar que las más de 500 personas formaron una larga fila que da vuelta al edificio del histórico MTEySS. “De la cartera laboral no les dan respuesta, les abren un expediente de reclamo que no lleva a nada”, dijo un trabajador del área de planes laborales, que vio como el personal de seguridad “no daba abasto” para atender las solicitudes.

Los que llegan a las oficinas de Trabajo se topan con un cartel en la puerta: “Para información sobre el bono desocupados llamar al COC (Centro de Orientación al Ciudadano)». Los números del COC son 0800-222-2220 y 0800-666-4100. Según promete la página oficial del Gobierno, “son atendidos dentro de los 30 segundos”.

Las autoridades no aparecen, no dan la cara, y se hacen cargo trabajadores que no tienen nada que ver. Terminan haciendo solidaridad con la gente que viene a pedir su bono”, agregó otro empleado que fue testigo de la “interminable” fila de desocupados.

De dónde salieron los $5.000 para los desocupados

A principios de octubre pasado, a menos de un mes de las elecciones, Ámbito reveló que el Gobierno de Macri destinó $650 millones al pago de un subsidio oculto de $5.000 a más de 100.000 desocupados. Esos pagos sólo fueron canalizados a través de municipios y dirigentes locales afines a Cambiemos, en la previa de la votación.

El beneficio de $5.000 quedó garantizado a través de una resolución subterránea del Ministerio de Producción y Trabajo.
Se lo denominó «Bonificación Especial 2019” y estuvo destinado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros “con CUIL definitivo otorgado por Anses”.

La Resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, firmada el 3 de octubre por el jefe del área, Fernando Prémoli, quedó circunscripta a una circulación interna en la cartera que encabeza Dante Sica, pero finalmente no fue publicada en el Boletín Oficial. Es que desde la oposición detectaron que el pago era una maniobra de «Clientelimo M» en medio de la campaña electoral.

La oposición denunció en la Justicia una maniobra de «Clientelismo M»

Días antes de ir al cuarto oscuro, el apoderado del PJ-Frente de Todos Jorge Landau denunció la supuesta violación del artículo 139 inciso “b” del Código Electoral, que pena con entre uno y tres años de cárcel a quien compeliere a terceros a votar por un determinado candidato, y pidió una cautelar para suspender los pagos.

Sin embargo, la liquidación de subsidios ya había sido anticipada por las autoridades de la banca pública a sus gerentes a través de circulares internas y horas antes de votar acudieron los primeros contingentes de beneficiarios a retirar sus $5.000.

La causa judicial continuó con un dictamen del fiscal electoral. Jorge Di Lello consideró que la ejecución de los montos podría lograr el efecto buscado en la acción clientelista del puntero al ofrecer el plan a cambio del voto para Juntos por el Cambio y deslizó que una vez superada la elección del 27 de octubre el monto podrá ser cobrado por los beneficiarios en su condición de desocupados sin ingresos.

Finalmente la jueza electoral de la Capital María Romilda Servini suspendió el pago y ordenó «al señor ministro Sica que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la Resolución 1117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».

Servini aseguró que el otorgamiento de planes sociales «podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social».

Pasadas las elecciones, con el triunfo de Alberto Fernández y a 11 días de mercado, este lunes cientos de personas fueron a reclamar el bono de $5.000, pero desde el Gobierno no están dispuestos a pagar.