Docentes universitarios contra el nuevo ajuste de Milei: “Tenemos los salarios más bajos desde la vuelta a la democracia”

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, denunció el plan motosierra de la gestión libertaria sobre la educación superior y lamentó la situación de las remuneraciones de los docentes universitarios.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) encendió nuevamente el alerta ante la crítica situación que atraviesan los docentes de las universidades públicas argentinas, en un contexto de incumplimientos salariales, ajuste presupuestario y desfinanciamiento de la educación superior impulsados por el Gobierno nacional. Sobre todo tras la sanción de la ley de leyes que elimina montos mínimos de financiamiento y generó una ola de cuestionamientos de la comunidad educativa.

En ese marco, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, remarcó que la administración de Javier Milei optó por encarar una política que “rompe con el consenso de que un país debe invertir en educación” y que, bajo el argumento de que “plata no hay”, implementa recortes sobre las funciones básicas del Estado, como la educación pública universitaria.

Docentes universitarios: «Muchos no cubren ni el alquiler ni la comida»

Chevalier denunció que los salarios del sector han quedado relegados y son hoy “los más bajos desde la vuelta a la democracia”, situación que repercute de lleno en la vida cotidiana de los docentes. “Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”, señaló la dirigente.

Subrayó que “la universidad hoy se sostiene con docentes que cobran menos de 500 mil pesos”, un monto que en términos reales no compensa la inflación ni garantiza una vida digna para quienes sostienen la enseñanza superior pública.

Para CONADU, este deterioro salarial y presupuestario no es sólo una cuestión económica, sino que refleja un “ensañamiento con la universidad y la ciencia”, motivado por un componente ideológico contrario al rol del Estado en la educación pública.

La dirigencia gremial en su conjunto sostiene y trata de colocar en primer plano que estas políticas impactan con especial énfasis en un colectivo que cumple una función esencial para la formación profesional, la investigación y la movilidad social de millones de estudiantes en todo el país.

Un conflicto de larga data

El reclamo docente se enmarca en un conflicto de larga data entre toda la comunidad universitaria y la gestión de La Libertad Avanza, que incluyó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, paros nacionales y movilizaciones en todo el país para exigir salarios dignos, financiamiento estable y condiciones laborales adecuadas.

Los gremios advierten que, sin una recomposición salarial real y un presupuesto que garantice la continuidad de la educación superior pública, el sistema corre riesgo de entrar en una crisis aún más profunda de la que se encuentra.

Lógicamente, ya hay voces sindicales que señalan que es imprescindible encarar nuevas movilizaciones, articuladas con otros sectores de la sociedad como se hizo en los últimos años, para poner una vez más el tema en agenda.

La Justicia, con fallo a favor para los docentes universitarios

Hay otro dato que no pasa desapercibido en el radar universitario: el rol de la Justicia, que en el cierre de 2025 dispuso que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento. El juez Marrin Cornick hizo lugar a una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el Ejecutivo cumpla con la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles.

Vale recordar que la gestión Milei finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. No obstante, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.