Récord de despidos en el Estado: Milei se enorgullece de un plan que podría ser inconstitucional

En un año hubo más despidos que en cualquier otro desde la vuelta de la democracia en 1983. Pero el sector privado no absorbe trabajadores.

El ajuste en el empleo público avanza con una brutalidad nunca antes vista desde el regreso de la democracia en 1983 en la Argentina. Según las últimas cifras del INDEC, en apenas un año, el gobierno del presidente Javier Milei dispuso despidos que redujeron la dotación de la Administración Pública Nacional en 41.897 puestos de trabajo, pasando de 341.473 empleados en diciembre de 2023 a 299.576 en enero de 2025.

Para muchos analistas, con los despidos de trabajadores del Estado el Gobierno está incumpliendo el mandato constitucional de garantizar el empleo, ya que despide en momentos en los que -por sus propias políticas, además- también está cayendo el empleo privado.

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Es decir que no se produce una transferencia de trabajadores del sector público al privado -como sería deseable para los postulados del liberalismo que actualmente conduce los destinos de la Argentina- sino que lo que ocurre es que se acrecienta el desempleo, ya que el mercado privado no absorbe trabajadores, mientras la crisis económica se traduce en altos niveles de desocupación y pobreza (38,1% según los últimos datos del INDEC).

Despidos, salarios congelados y promesas incumplidas

El ataque al empleo público no se detiene en los despidos. La política de ajuste también golpea con dureza los salarios. Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INDEC, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales cayó un 29% desde la asunción de Milei, y se necesitaría un aumento del 103% para recuperar el nivel salarial de hace una década.

Por el contrario, en los primeros meses del año, los aumentos salariales han quedado muy por debajo de la inflación: 1,5% en enero, 1,2% en febrero y un congelamiento absoluto en marzo, sin negociación paritaria.

A esto se suma la implementación del Sistema de Evaluación Pública, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.

Si bien se había dicho que esos exámenes garantizarían la continuidad de quienes lo aprobaran -bajo el presupuesto de que la mayoría no lo haría-, a pesar de que el 98% de los 41.500 empleados evaluados aprobaron la prueba, los despidos continúan sin freno, dejando en claro que la intención del gobierno no es mejorar la eficiencia del Estado, sino desmantelarlo.

Servicios esenciales en riesgo

De acuerdo con el análisis de ATE, el desmembramiento del Estado no solo afecta a los trabajadores, sino también a la sociedad en su conjunto.

La reducción de personal en hospitales como el Posadas o el Laura Bonaparte tiene su correlato en la atención de los sectores más vulnerables.

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La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda paralizó más de 125.000 viviendas en construcción.

En Parques Nacionales, los despidos allanan el camino para la explotación comercial de reservas naturales, beneficiando a grupos empresariales en detrimento del cuidado ambiental.

La respuesta de los sindicatos

Mientras el oficialismo continúa con la estigmatización del trabajador estatal, las cúpulas sindicales han mostrado respuestas ambivalentes. La CGT, con el dirigente de UPCN Andrés Rodríguez en una posición clave, utilizó el camino judicial, con presentaciones de amparos para garantizar reincorporaciones.

Por su parte, ATE, durante el último mes, realizó paros con movilización desde la Secretaría de Trabajo hasta el Ministerio de Desregulación. Además, convocó a un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en el marco de la medida de fuerza dispuesta por la CGT.