Denuncian maniobras de la Justicia de Córdoba para intentar condenar a un alto dirigente de ATE

El gremio afirma que la causa, por una protesta de agosto de 2025 en Córdoba capital, está «plagada de irregularidades y omisiones deliberadas».

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció una presunta maniobra de la Justicia de Córdoba para intentar encarcelar al secretario general del sindicato en la provincia, Federico Giuliani, por una causa iniciada luego de una movilización que tuvo lugar el 28 de agosto de 2025 en la capital provincial.

Aquel día detuvieron a Giuliani durante una movilización a la Secretaría de Políticas Sociales municipal, y lo liberaron días más tarde tras fuertes expresiones de protesta contra su arresto. Ahora, el fiscal cordobés Ernesto de Aragón presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos en esa jornada.

Desde ATE denunciaron que se trata de “una grave maniobra de criminalización de la protesta social basada en una investigación plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas”.

El día de la protesta, dirigentes sociales y sindicales, militantes, un abogado y un periodista terminaron detenidos en lo que la organización gremial definió como una “auténtica emboscada represiva”, luego de reclamar alimentos para comedores y barrios vulnerables.

En ATE creen que la investigación es, en realidad, un montaje político destinado a disciplinar a quienes se movilizan contra el ajuste. «Se trata de un verdadero experimento político y judicial», advirtieron, y sostuvieron que Córdoba funciona como el laboratorio para restringir el derecho constitucional a la protesta.

Comunicado de ATE Córdoba

Un comunicado de ATE pone bajo la lupa el requerimiento de elevación a juicio señalando groseras inconsistencias en el expediente y «testimonios que desafían las leyes de la física».

Según el sindicato de los estatales, hubo testigos «ciegos», en referencia a empleados municipales que estaban dentro del edificio municipal y declararon haber visto incidentes en el exterior, algo que, señalan, es «imposible» ya que los vidrios están ploteados y no se puede ver hacia afuera.

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También hablan de contradicciones policiales: mientras la fiscalía intenta culpar a los manifestantes por el desorden interno de la secretaría, los propios testigos de la acusación admitieron que fue la policía la que movió escritorios y mobiliario en el lugar.

Para completar el escenario, la causa no identifica acciones concretas por persona, sino que responsabiliza de manera genérica a la movilización, «una técnica clásica de la criminalización de la protesta».

Un nombre que no entró en el expediente

Uno de los puntos más polémicos que resalta el gremio es que en el expediente se dejó afuera el nombre de un subdirector de la Policía que estuvo en el lugar y cuyo rol fue denunciado por el sindicato. Ningún efectivo de rango inferior lo mencionó y la Fiscalía se niega a incorporarlo a la causa.

El sindicato también recordó el carácter «ejemplificador» y violento del operativo, que incluyó el traslado de dirigentes al penal de Bouwer y el trato inhumano hacia Giuliani, quien permaneció 24 horas esposado a la cama de un hospital.

En aquella jornada también detuvieron a la secretaria adjunta de la CTA Autónoma en Córdoba, Silvia Alcoba, el abogado de Derechos Humanos César Thaux, arrestado pese a que se identificó como tal, y el trabajador de prensa Fermín Denipoti.

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Para el gremio, el Poder Judicial está enviando un mensaje directo que avisa que cualquier protesta social será tratada como un delito común. ATE ya adelantó una reacción y advirtió que el plan de lucha en las calles se profundizará, denunciando que este «ensayo» judicial busca «allanar el camino para la aplicación irrestricta de las políticas represivas del Gobierno nacional de Javier Milei«.