Convenios Colectivos estatales por sectores: un reclamo que crece para modernizar las relaciones laborales
En distintos rubros se buscan formalizar las condiciones laborales a través de acuerdos propios, más allá del encuadre general.
A mediados del mes pasado, los judiciales de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para crear un convenio laboral propio para la justicia bonaerense. Luego de varios intentos por lograr el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, se optó por crear una iniciativa propia, que los trabajadores esperan que este año pueda tratarse.
De esta forma, el sector busca plasmar las necesidades propias del sector en un marco normativo más específico que la ley provincial que regula a los empleados públicos provinciales, nucleados en dos leyes fundamentalmente: la 10.430 y la 10.471. El pedido no es aislado, y en varias dependencias estatales, tanto a nivel nacional como en las provincias, reclaman que se de este paso, y se creen convenios específicos que modernicen las relaciones laborales. En algunos casos se avanzó en la discusión, pero por ahora no hay una tendencia a favor de esta situación.
En el país, los Convenios Colectivos de Trabajo se regulan a partir de la ley 24.185, y establece el marco legal en que se dan las relaciones laborales. En concreto, estos convenios son firmados por las organizaciones con inscripción gremial, que según las normas nacionales son una por rama. El famoso «unicato» también se traslada a los convenios, que son uno por rubro.
Pero desde hace un tiempo se vienen diversificando, en especial en el Estado nacional, donde además del SINEP hay cerca de ocho acuerdos, aunque piden que haya más. Como el INCAA, INTI o INTA, piden sus propios convenios sectoriales la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el CONICET y otras dependencias.
«Nosotros estamos pidiendo un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial. Actualmente el organismo no cuenta con eso y de esa manera se genera que todos los que trabajan en la ANAC no tengan un plan de carrera donde desarrollarse y crece», le explicó a Gestión Sindical Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en esa entidad nacional.
El dirigente aseguró que con un convenio de este tipo se puede «definir cuestiones como el régimen de ascenso o plan de capacitación, elementos claves para un organismo técnico» como la ANAC. Por este reclamo, el gremio estatal lleva adelante un plan de protestas desde el año pasado, que generará un paro de 72 horas la semana próxima. Belelli confirmó la medida de fuerza luego de marchar a la sede de la ANAC, donde hubo una reunión con autoridades, pero que no se logró destrabar el conflicto.
Atender las demandas sectoriales
Otra dependencia estatal que busca un convenio propio es el CONICET, que este miércoles realizó una jornada de lucha en todo el país para pedir por este avance. En el organismo de ciencia nacional conviven investigadores, becarios y trabajadores estatales, y todos forman parte de la paritaria estatal nacional. Esto hace que muchos científicos, sobre todos los jóvenes, que no tienen instancias de negociar salarios ni condiciones de trabajo.
Por eso se vienen organizando desde hace un tiempo en varios colectivos, como JCP, Jóvenes Científicos Precarizados. Bajo el lema «investigar es trabajar», la nueva protesta del sector apuntó a sumar un acuerdo sectorial que incluya sus necesidades. Desde el espacio le dijeron a Gestión Sindical que la elaboración de un convenio colectivo de trabajo «tiene como primer objetico contemplar la estabilidad laboral, condiciones de trabajo y una carrera de investigador científico que incluya a los becarios». Esto, aseguran, permite «discutir el carácter exclusivo de CONICET«.
En la protesta de esta semana, los científicos y trabajadores además anticiparon la reapertura de la paritaria nacional del próximo 19 de agosto. Ante ello, puntualizaron sus reclamos por un «aumento de emergencia del 50 por ciento, pago de sumas adeudadas, pases a planta, condiciones para la presencialidad, un nuevo convenio colectivo inclusivo y un aumento presupuestario». Las protestas se dieron en el polo científico de la Ciudad de Buenos Aires y en las principales sedes del organismo en todo el país, como La Plata, Mar del Plata y el interior del país.
Además, puntualizaron en el caso del personal de gestión, a quienes plantearon que les adeudan jerarquizaciones de salario frente a «elevadas cargas laborales» que, aseguran, incluso han generado «renuncias masivas». Estas cuestiones, agregan desde JCP, pueden resolverse con un convenio propio, ya que en la paritaria del estado queda «tapado» por las cuestiones generales a acordar.
Democratizar las relaciones laborales
Otro sector que pide un convenio propio es la justicia en la provincia de Buenos Aires. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó en julio su proyecto para crear el marco laboral propio, una iniciática que contó con el apoyo de Federación Judicial Argentina, la CLATE y otras organizaciones gremiales bonaerense.
La propuesta, a la que tuvo acceso Gestión Sindical, establece que «las negociaciones colectivas que se celebren entre el Estado provincial en su calidad de empleador y el personal dependiente del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura se regirán por las disposiciones de la presente», de las cuales «quedan excluidos las y los magistrados y funcionarios cuya designación requiera acuerdo del Senado como asimismo los miembros Consejeros del Consejo de la Magistratura».
«La negociación tendrá un ámbito general que alcance las condiciones de trabajo y empleo de todo el personal comprendido en la presente ley. Podrán incluirse como temas de discusión aspectos de la relación de empleo que atiendan diferencias sectoriales de prestación, o las modalidades de ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la Provincia», agrega el texto, que a tales fines, «las partes podrán convenir la formación de comisiones técnicas destinadas a brindar asesoramientos sobre las cuestiones inherentes a la especificidad de cada sector».
Para la AJB, la falta de un convenio colectivo propio incumple la Constitución provincial, que garantiza a los empleados estatales «el derecho a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo». «Este modelo de Justicia corporativa, vertical y autoritaria que precariza las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras judiciales ya dio todo lo que tenía para dar. Existe una enorme deuda hacia las y los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, en especial hacia los sectores más vulnerables, que se tiene que saldar con un proceso de reforma judicial profunda en clave de democratización de sus instituciones y sus prácticas», expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, durante la conferencia de prensa donde se presentó el proyecto.
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