27 de Junio
de 2022
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Con un acampe y ollas populares, trabajadores de Cresta Roja volvieron pedir su reincorporación

04. 05. 2017

El conflicto en la avícola se reavivó en estas horas, y los empleados aseguran que la total del personal no fue incorporado a sus puestos. Reclaman que el grupo que administra la firma cumpla con el acta acuerdo rubricado en la justicia. “Hay mucha incertidumbre”, afirman. Este jueves volverán a realizar un acampe en la autopista que va al aeropuerto de Ezeiza.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Pese al enorme despliegue de Gendarmería Nacional, los trabajadores de Cresta Roja realizaron este miércoles una jornada de protesta en las cercanías del Aeropuerto de Ezeiza, con ollas populares y un acampe que volverá a repetirse mañana jueves, cuando vuelvan a ubicarse sobre la autopista que llega a la terminal internacionales. Desde fines de abril, el conflicto en la empresa avícola se reavivó, con nuevas denuncias contra el grupo que se hizo cargo de las operaciones de la vieja dueña del lugar, Rasic Hermanos. Según los delegados, no se cumplieron las promesas realizadas cuando la justicia entregó el control de la firma, incluyendo la reincorporación del total del personal. La planta había sido visitada por el presidente Mauricio Macri, quien anunció la vuelta a la producción, algo que no sucedió. “Hay 800 familias que viven en total estado de incertidumbre”, remarcaron los trabajadores.

Desde temprano, los empleados de Cresta Roja se ubicaron en la autopista que llega al aeropuerto de Ezeiza, con la idea de montar un acampe y realizar una olla popular. Ante esto, Gendarmería montó un enorme operativo para evitar que los trabajadores corten la ruta, algo que no sucedió. Según los delegados, la medida se hizo para “visibilizar la situación de la empresa, que no termina de solucionarse pese a las promesas oficiales”. La justicia entregó a un grupo de tres firmas el control de la avícola, que debía afrontar entre otras cuestiones el pago de los salarios caídos y la deuda final, que supera los 120 millones de dólares. Pero según los empleados, nada de eso sucedió. “Hay 800 familias que están sin saber qué sucederá con sus fuentes laborales, incluyendo 50 que están al límite”, le comentó a Gestión Sindical Martín, uno de los empleados. Desde que a fines de abril volvieron a denunciar lock-out patronal, la firma sólo incorporó tres empleados, pero mantiene una de las plantas cerradas.

Por la situación de conflicto, los empleados consideran que el acto de supuesta reactivación, que tuvo al presidente Macri como protagonista, como “una gran farsa”. En estos días, la nueva firma Proteinsa amenazó con abandonar el acuerdo logrado con la justicia, que incluía el pago de lo adeudado para hacerse del control de la empresa. “Agitan el fantasma de la quiebra otra vez, amenazan con el cierre pero en realidad están extorsionando para no hacerse cargo de lo que ellos mismos firmaron”, agregaron.

Luego de momentos de tensión, cuando los efectivos de Gendarmería amenazaron con desplazar a los trabajadores si intentaban cortar la autopista, se montó un acampe que duró hasta la tarde, donde además de hacer una olla popular informaron de la situación de los empleados”. “Mañana jueves vamos a volver para insistir con nuestro pedido: reincorporación de todos los despedidos y pago de los salarios caídos”, remarcó Martín. La jueza Viviana Pérez Casado le entregó el control de Cresta Roja al grupo Proteinsa con el compromiso que se haga cargo de los 121 millones de dólares, que incluyen los salarios caídos. Una parte de esos fondos los debía poner el Estado, a través de una especie de compensación a los trabajadores por los años en Rasic.

De caerse el acuerdo, el gobierno nacional recibiría un fuerte golpe, ya que presentó la recuperación de la firma como un ejemplo. Además, el grupo Proteinsa tiene algunos lazos poco conocidos con el oficialismo. Según le confirmaron a Gestión Sindical diversas fuentes, Proteinsa está conformada por tres empresas. Una de ellas, el grupo Lacau, está dirigida por Julio Prat Gay, primo hermano de Alfonso, ex Ministro de Economía del gobierno, que cuando se entregó la licitación estaba en su cargo. Además, Ovoprot, otra de las firmas que forma el consorcio, está dirigida por dos compañeros de colegio del jefe de Gabinete, Marcos Peña. La tercera firma es Tanacorsa.

“Estamos ante la gran farsa nacional, Cresta Roja lejos de ser un modelo de producción y trabajo es el ejemplo de la estafa y la mentira de empresario y patrones”, remarcaron los trabajadores en el acampe de hoy. Además, denunciaron “listas negras” que comenzaron a funcionar el mes pasado, que impiden a algunos operarios ocupar sus cargos. En la jornada de mañana se espera que se hagan presentes organizaciones sindicales, sociales y políticas a apoyar a los trabajadores.

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