Cifra aterradora: el alarmante crecimiento de las muertes en el trabajo desde que gobierna Macri

En tan solo dos años, crecieron un 39 por ciento. Los casos en una escuela de Moreno profundizan la preocupación. En 2017, hubo 728 accidentes mortales. El hecho generó que casi 800 colegios suspendan las clases. Los gremios denuncian que las empresas ven la seguridad “como un gasto”, y que deben trabajar “todos los días” por evitar situaciones graves.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La conmoción por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la Escuela 49 de Moreno que fallecieron por una explosión producto de una fuga de gas, volvió a poner los accidentes laborales fatales en el centro de la escena. Desde el gremio SUTEBA alertaron que en el lugar hubo al menos 8 denuncias de problemas en las instalaciones, que se suman a las muchas que se hacen diariamente en la provincia de Buenos Aires, por lo que responsabilizaron a las autoridades bonaerenses. Cada año, centenares de trabajadores mueren haciendo sus tareas habituales, una estadística que crece de la mano de la precarización y la falta de controles gubernamentales. Según los datos, en 2017 hubo 28 fallecidos más, un 4 por ciento por encima de los datos del año anterior. Y llevan un crecimiento acumulado del 39 por ciento en tan solo dos años, en coincidencia con el inicio de la gestión de Mauricio Macri. Más allá de las cifras, los sindicatos aseguran que existe desidia empresarial y falta de voluntad del estado para controlar y sancionar, un cóctel explosivo que los obreros pagan con sus vidas. “Es una tarea diaria”, aseguran, ya que el sector empresarial ve las medidas de seguridad “como un gasto”. En estos años, los casos de varios empleados que murieron en sus puestos de trabajo generaron conmoción, pero parece que no lograron cambiar una lógica de fondo, que cada año se cobra la vida de muchos obreros.

Las muertes de trabajadores en la Argentina vienen creciendo de manera sostenida en los últimos años. Los datos oficiales muestran que en los últimos dos años censados los casos fatales subieron, lo que genera alarma. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2017 murieron 728 obreros. Los datos provisorios aseguran que de manera global 700 de estos murieron en sus unidades laborales, y 8 en casa particulares. Esto incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos. Si sólo se toman los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cifra desciende a 389. Comparados con los 700 globales del año anterior, la suba es del 4 por ciento. En tanto, en 2016 el incremento de muertes laborales había dado un salto de importancia: crecieron un 35 por ciento en relación a 2015.

Además, las cifras de la STR, a los que tuvo acceso Gestión Sindical, el índice de accidentes fatales es del 75,1, que surge de la cantidad de casos mortales por cada millón de empelados cubiertos. Además, la llamada incidencia de letalidad del 2017 fue de 125,9, tasa que se obtiene de la cantidad de trabajadores fallecidos cada 100 mil casos notificados. En total, el año pasado hubo 578.171 accidentes reportados por esa dependencia estatal, de los cuales una gran mayoría (537.309) requirieron al menos un día o más de baja laboral. Los datos, además de provisorios, no incluyen a los trabajadores en negro, lo que hace sospechar que los accidentes y las muertes son muchos más de los que registra la superintendencia.

Para los gremios, estos números, vacíos, no son más que estadísticas. Detrás de cada muerte hay una historia, un derecho vulnerado y una advertencia no escuchada. Para muchos no se trata de accidentes, sino de “asesinatos laborales”. Así lo denunciaron desde el espacio multisectorial llamado Basta de Asesinatos Laborales, que reúne a -familiares y compañeros las víctimas de distintos incidentes como el que sucedió en Moreno. “Alertamos que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino que, por el contrario, se enmarca dentro del actual ajuste, llevado adelante por el gobierno de Cambiemos y las empresas, que cada año se cobra la vida de más de 400 trabajadoras y trabajadores”, expresó este colectivo. Como los sindicatos, para este grupo “si puede ser evitado, no es un accidente: lo que ocurrió en la escuela es un asesinato laboral”. Las muertes de los dos trabajadores de la escuela de Moreno generaron una ola de protestas por el estado de la infraestructura escolar, varias veces denunciado por los gremios del sector, en especial en la provincia de Buenos Aires, que según la SRT concentra el 40 por ciento de los accidentes denunciados oficialmente. Fuentes de SUTEBA confirmaron a Gestión Sindical que además de la denuncia penal por la muerte de Calamano y Rodríguez, se realizaron listados de escuelas que no cumplen con las condiciones de seguridad, y en muchos casos se suspendieron las clases. “En total esta semana 786 colegios no tuvieron clases, afectando a 393 mil alumnos”, remarcaron.

“En el día a día, imponemos distintas modificaciones a los procedimientos actuales, o logramos imponer mecanismos nuevos. Pero es una tarea diaria, la empresa busca esquivar a cualquier innovación en materia de seguridad porque todo lo ven como un gasto”, explicó el secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Francisco Ledesma. En el subte hubo en los últimos años al menos cinco accidentes fatales, lo que generó diversas denuncias de los “metrodelegados”. El último ocurrió en diciembre del 2016, cuando el operario Matías Kruger murió por una descarga eléctrica en los talleres San José. Desde ese día hasta acá, poco cambió en el lugar según los testimonios. “El lunes pasado una tercerizada de origen francés está haciendo trabajos en la Línea B. A la madrugada en la estación Pasteur distintos operarios se descompusieron y hasta tuvieron convulsiones mientras trabajaban, y no se sabe qué les pasó”, relató Ledesma, en diálogo con Gestión Sindical.

El gremio pidió hace un tiempo que se implemente un protocolo de seguridad más estricto, para evitar accidentes, pero no logra un acuerdo con Metrovías. Para colmo, este año surgieron las denuncias sobre formaciones importadas de España que presentan rastros de asbesto, una sustancia cancerígena prohibida en todo el mundo. Esta semana el gremio hizo una conferencia de prensa donde denunció que la concesionaria del servicio pretende “destruir las pruebas” de esta grave denuncia. “Estamos tratando de concientizar e informar hacia adentro y afuera, porque es una cuestión de salud pública, tanto para los trabajadores del subte como para los pasajeros”, remarcó Ledesma.

En los últimos años, varios accidentes fatales conmovieron a la opinión pública. Uno de los más recordados fue el de David Ramallo, el trabajador de los talleres de la Línea 60 de colectivos, quien murió cuando quedó aplastado por una unidad, cuando falló un autoelevador. El caso generó un paro de actividades, ya que los delegados había, como en el caso de la escuela de Moreno, advertido de los problemas en el lugar. Incluso, casi un año después de la muerte de Ramallo, una inspección de la SRT detectó “graves irregularidades” en el lugar, lo que generó reiteradas protestas y otro paro de actividades de los choferes. Además, Diego Soraire murió luego de la explosión de un biodigestor en el INTA de la localidad de Castelar, donde también los delegados gremiales venían exigiendo mejoras en las condiciones de seguridad e higiene. El mismo día de esa muerte, se sumó el accidente fatal de Richard Alcaráz, atrapado por el derrumbe de una pared de la obra en la que trabajaba. Todos ellos, junto a Kruger, Calamano, Rodríguez y cientos cada año son más que frías estadísticas, son trabajadores que murieron y dejaron detrás historias, sueños, anhelos. Son la cara más cruel de un sistema que parafraseando al cantautor Daniel Viglietti “me matan si no trabajo, y si trabajo me matan”.