La CATT apuntó contra Juntos por el Cambio por rechazar el proyecto que evita la privatización de Aerolíneas Argentinas

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte defendió a la línea de bandera y repudió la postura del espacio opositor.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) repudió  la decisión de la oposición de rechazar el proyecto de ley oficialista que procura evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Desde la agrupación, y en un texto firmado en conjunto por el ferroviario Sergio Sasia y el aeronavegante Juan Pablo Brey, secretario General y el secretario de Prensa de la CATT respectivamente, afirmaron que la empresa es “un indiscutible pilar de nuestra Soberanía nacional”.

La Confederación también destacó que “Aerolíneas Argentinas en la actualidad suma 39 rutas nacionales, 47 conexiones de localidades del interior sin pasar por Capital Federal y 21 destinos internacionales, generando un fortalecimiento de las economías locales”. “Durante este año ya rompió el récord de pasajeros transportados en un día, el cual fue de 45893 en julio, y proyectan hacer lo propio con los tickets vendidos en 2023”, agregaron.

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En el comunicado, el frente opositor acusó que el oficialismo “busca convertir a la empresa en la guarida del kirchnerismo” y que por esa razón no iban a dar quórum a la sesión donde se iba a tratar el proyecto.

Por este motivo, el debate del proyecto del Diputado Máximo Kirchner por el cual se establece que el Congreso de la Nación sea quien defina la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas tuvo un rápido desenlace en la Cámara de Diputados. Los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron en medio de acusaciones cruzadas con el oficialismo, pero Unión por la Patria igualmente hizo valer su mayoría para sacar el dictamen.

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A manera de respuesta, La CATT, la cual integran casi 30 organizaciones del transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, afirmó que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas hicieron en los últimos años «un enorme esfuerzo para convertirla en una herramienta para la conectividad del territorio y el crecimiento de las economías regionales».

Juntos por el Cambio también aseveró que durante su gobierno, entre 2015 y 2019, se aplicó de forma positiva «una política de cielos abiertos», y que durante la gestión del Frente de Todos «se agrandó el déficit de la aerolínea de bandera», y añadió que ello constituyó «uno de los grandes agujeros fiscales que tiene el Estado nacional».

La CATT  denegó esas afirmaciones, y subrayó que desde 2019 se redujo el déficit en los balances anuales de la firma en más de 400 millones de dólares. «Este año todavía no se utilizó la partida presupuestaria y, la empresa, aportó al fisco nacional y a los provinciales un 128% más de lo recibido en 2022», detalló.

Para concluir con su reclamo la Confederación recordó que los trabajadores de transporte tienen el deber ineludible de estar informados respecto a la proyección que cada uno de los candidatos a Presidente plantea para la Aerolínea y  aseguraron que  van a defenderla con todas sus fuerzas.

¿De qué se trata el proyecto que busca evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas?

El proyecto de ley de Máximo Kirchner apunta a reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de prohibir las transferencias de acciones de la línea aérea sin la autorización del Congreso de la Nación.

La iniciativa del diputado oficialista apunta a blindar, contra cualquier intento privatizador, la compañía aérea de bandera. Propone reformar el artículo 2 de la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente “la transferencia de las acciones” sin una autorización previa del Congreso.

Pero no solo establece que será el Poder Legislativo quien tendrá la potestad de autorizar la venta de las acciones, sino que para hacerlo deberá contar con una mayoría agravada, ya que señala que se requerirá la aprobación con el voto favorable “de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”. Este requisito ya figura en la ley 26741, que es la norma que se votó en 2012 y por la cual se llevó adelante la expropiación de las acciones de la petrolera YPF.