29 de Marzo
de 2024
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Bustinduy intimó a Meoni por los incumplimientos a la escala salarial de los choferes del Interior y otras irregularidades cometidas por empleadores

15. 08. 2020

El referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios le envió una carta documento al Ministro de Transporte, dándole un plazo de cinco días para que resuelva el conflicto de las “liquidaciones indebidas” por partes de cada operador.

Miguel Bustinduy, referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios, expuso una vez más la difícil situación laboral de miles de choferes de colectivos en el interior del país, denunciando diferentes irregularidades y apuntando directamente a la actual conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a manos de Roberto Fernández. En esta oportunidad lo hizo por medio de una carta documento enviada al ministro de Transporte, Mario Meoni, donde plantea que “teniendo presente la complicidad silenciosa de la dirigencia de la UTA, se intima en el plazo de cinco días a que se cumpla con el mandato de la normativa reseñada, tomando nota especialmente de los incumplimientos de cada operador, con respecto a la escala salarial de UTA en relación a las liquidaciones que hubieren sido efectivizadas indebidamente”. Todo ellos, se aclara, “bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente denuncia por los delitos tipificados en los artículos 172, subsiguientes y concordantes, 248, 249, 260 y concordantes del código penal”.

En la carta se exige “dar cumplimiento, entre otras cuestiones centrales, a la escala salarial del convenio colectivo 260/73 y también a la calidad de beneficiario a compensaciones tarifarias y precio diferencial de gasoil”, y explica que entre las irregularidad detectadas se encuentra el “despojar a trabajadores de la actividad de su puesto de trabajo o de su salario, mediante sospechosas maniobras de funcionarios del área, nacionales y provinciales, con cambios sorpresivos en la modalidad de explotación de permisos, tentativas de licitación de novedoso corte estatista, supresión y/o suspensión incausada y sorpresiva del servicio”. Y también se le asegura al ministro de Transporte que “los fondos enviados por la cartera a su cargo fueron consumidos rápidamente por inescrupulosos empresarios y funcionarios, en complicidad de los dirigentes de la UTA, tanto nacionales como locales, todo eso sin el mínimo y humano reparo por la dignidad de cada trabajador afectado”.

Además, se detalla lo que ocurre en La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Bariloche, San Juan, Neuquén, Formosa, Salta y Jujuy, donde se denuncia que “los choferes son mudos testigos de las maniobras de cada locación, constatando que, no obstante que el Organismo a su cargo dispone abonar las compensaciones y subsidios establecidos por la normativa aplicable, sus salarios se licuan y minoran, y los auxilios del Estado Nacional no terminan de cumplir el objeto de su existencia”.

Por último, en la carta documento también se critica explícitamente el accionar del propio Ministerio de Trabajo, al recordar que estas denuncias se habían realizado por una nota enviada por mail a la cartera laboral el 14 de julio, aunque se sostiene que se evidenció “nula preocupación o interés de su parte, para entender la angustiante, vital y degradante situación de los trabajadores del transporte público del interior del país”.

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