lunes 14 de junio de 2021

Aseguran que existe “una nebulosa” legal para determinar el futuro de los jerárquicos del Estado

Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) dicen que hasta no se derogue definitivamente el Registro de Alta Dirección Pública o se cree una alternativa, el tema seguirá generando controversia. Por el momento, el tema está en la secretaría Legal y Técnica de la Nación, mientras en varias dependencias estos empleados se niegan a renunciar sin ser indemnizados.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En julio del año pasado, ATE y otros gremios estatales denunciaron la puesta en marcha del llamado Registro de Alta Dirección Pública, un intento de Mauricio Macri de darle estabilidad laboral a unos 2 mil jerárquicos del Estado nacional, que a partir del 10 de diciembre pretendían mantener sus puestos. Una vez asumidas las nuevas autoridades, se suspendió la aplicación de este instrumento, para poder revisar la situación de estos y otros empleados superiores, con salarios de más de 250 mil pesos. En medio de esto, la mayoría de estos trabajadores se mantiene en sus puestos, y se niegan a renunciar sin recibir una indemnización.

La situación genera tensión en muchas dependencias, ya que los flamantes funcionarios no pueden completar sus equipos de trabajo porque estos empleados, puestos por Cambiemos, siguen ocupando sus lugares. Esto fue denunciado en dependencias como el Anses o la dirección Nacional de Vialidad, y tiene su correlato en el Congreso, donde se acaba de limitar el ingreso de la denominada planta política, que no podrá seguir en su cargo más allá del mandato del legislador que los hace ingresar. “Hay una nebulosa” aseguran los abogados del Estado, que esperan “una solución política” al tema.

Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) analizaron la situación del personal jerárquico, que fue denunciado en varias autoridades por su negativa a dejar sus puestos, sin al menos ser indemnizados. La situación generó rechazo de los funcionarios que asumieron en diciembre pasado, que pidieron dar un paso al costado por ser “cargos políticos”. Para la AGAE, el tema se solucionará recién cuando se termine de definir el tema del registro, que fue suspendido pero no derogado. “hasta ese momento estamos en una nebulosa”, le dijo a Gestión Sindical Rubén Ramos, titular de la entidad.

La asociación presentó un amparo judicial en su momento para rechazar este instrumento, que finalmente el presidente Alberto Fernández suspendió por 180 días. “hasta que no se defina este registro no hay certezas con este personal, a menos que el presidente cree uno nuevo por decreto, explicó Ramos. Por el momento la definición del Registro de Alta Dirección Pública está en la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la AGAE quiere participar de la discusión abierta sobre su futuro. “Nuestra postura es clara: creemos que hay que derogarlo”, remarcó el dirigente.

Hasta el momento, en varias dependencias afirman que muchos jerárquicos ubicados por el frente Cambiemos no quieren dejar sus cargos, sin antes al menos ser indemnizados, un pago que deberá ser doble por la decisión del actual gobierno de aplicar la “doble indemnización” para frenar despidos. Por estas horas, en el Estado buscan una alternativa a este callejón sin salida. Al posible decreto en el Ministerio de Trabajo analizan otras salidas, pero hasta el momento no hay mayores adelantos sobre la forma de resolverlo. A los pocos días de asumir, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, confirmó la suspensión del registro, una medida festejada por los gremios estatales, que sospechan que los beneficiados son “simpatizantes” del gobierno saliente, y que su tarea puede ser “entorpecer” las nuevas medidas que se tomar.

Pero incluso en ese momento admitieron que hay que analizar si hay “derechos adquiridos” que les permita a estos empleados reclamar algún tipo de compensación, como sucedió en estos días. El decreto 788 firmado por Macri a 14 días de dejar la Casa Rosada puso en vigencia el Registro de Alta Dirección Pública, que acordó con UPCN para dar estabilidad por cinco años a personal jerárquico de distintas dependencias del Estado nacional. Se trata de puestos con salarios de hasta 250 mil pesos que fueron ocupados por personal ingresado en la gestión Cambiemos, que a partir de este registro lograban estabilidad laboral, y si eran despedidos tenían derecho a ser indemnizados.

Además de Anses y Vialidad nacional, se registraron casos de jerárquicos que se niegan a renunciar en Aysa, Correo Argentino y otras dependencias, que según las fuentes oficiales llegarían a 100 cargos en la misma situación. Pero podrían ser muchos más, ya que se sospecha que hay este tipo de conflictos empresas estatales todavía no auditadas, como Aerolíneas Argentinas, YPF o la agencia de noticias Télam. Además, en el Congreso existen problemas similares, luego que tanto en Diputados como en el Senado se pusieran límites al ingreso a planta del personal político. “Yo les pediría a aquellos que son cómplices del fracaso de Mauricio Macri, que por lo menos tengan la dignidad de renunciar a los cargos en los que fueron designados”, disparó el declaraciones periodísticas Sergio Massa, titular de la cámara baja nacional. El ex intendente de tigre cargó contra “la situación vergonzosa de que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación hay un montón que se abrazan a los cargos y se quedan como ocupas, esperando que el Estado les pague la doble indemnización, como si hubieran llegado con los clasificados debajo del brazo, cuando en realidad, se trató de designaciones políticas”.

A la vez que se resuelve este tema, los estatales buscan instalar sus dos granes reclamos: recuperación del salario y la vuelta de los cesanteados. Para eso, se reúnen en todas las dependencias con las nuevas autoridades, en busca de soluciones a sus reclamos. En estos días, por ejemplo, una delegación de ATE-ANAC fue recibida por la flamante titular del organismo de aviación civil Paola Tamburelli, donde analizaron la realidad del sector. Según el confirmó a Gestión Sindical Marcelo Belelli, coordinador del sector, “se discutieron elementos estratégicos, como la capacidad del personal, la necesidad de desarrollar un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, que se cumplan las unciones y competencias, entre otras cosas”. Además, en el encuentro se ratificó la forma de pago del bono de 4 mil pesos que recibieron los estatales nacionales.

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