domingo 25 de octubre de 2020
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Amnistía Internacional y la RedTraSex le exigieron a los Estados de la región el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales en medio de la pandemia

Fue a través de un seminario virtual donde participaron trabajadoras del sector de toda Latinoamérica.

Por Claudio Garibotto

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales el pasado 2 de junio, en el que Amnistía Internacional y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) le exigieron a los Estados de la región el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales en medio de la pandemia del coronavirus, se realizó esta semana un seminario web para reflexionar sobre el tema. El encuentro fue abierto a toda la comunidad y contó con traducción simultánea al inglés y al español.

Participaron trabajadoras sexuales de distintas latitudes, como Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de RedTraSex; Marcela Romero, Coordinadora Regional de RedLacTrans; Nosipho Vidima, Oficial de Derechos Humanos y Cabildeo de SWEAT; Kate McGrew, co-convocadora de ICRSE y presidenta de SWAI Irlanda; y Conxa Borrell, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales OTRAS de España. La relatoría gráfica estuvo a cargo de Valeria Rodríguez y la moderadora fue Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La encargada de abrir el seminario fue precisamente Erika, quien señaló que la pandemia ha venido a exacerbar las enormes desigualdades económicas en los países, además de dar a conocer las realidades de las trabajadoras sexuales en otros continentes. Vidima, a su turno, advirtió sobre las criticas condiciones en las que se encuentran las trabajadoras en South Africa, la imposibilidad de trabajar por el confinamiento y el distanciamiento, la represión policial y las graves condiciones de hacinamiento, hambre y violencia que experimentan en los hogares de albergue que dispuso el Gobierno de ese país. También comentó que para ellas es imposible acceder a la renta de emergencia de 200 Rands (aproximadamente unos 150 dólares), debido a la fuerte estigmatización y la falta de reconocimiento como trabajadoras.

Por su parte, McGrew señaló que en Irlanda el COVID-19, además de recrudecer la vulnerabilidad, está incrementando la penalización a las compañeras que se ven en la obligación de salir a las calles a tratar de trabajar, por parte de la ciudadanía en general y de la Policía. Y debido a la legislación han sido excluidas de los pagos del Gobierno. Como alternativa comentó que muchas han comenzado a hacer trabajo virtual con webcams, pero que no todas pueden acceder a este medio para seguir trabajando, ya que los servicios virtuales también se han visto en algunas ocasiones intermediados por terceros, haciéndolos inseguros para muchas compañeras, siendo esa otra de las consecuencias de la falta de reconocimiento.

Desde el ICRSE han creado una convocatoria de demandas económicas, una petición para ser incluidas en los apoyos del Gobierno, exigiendo que se elimine el acoso y el desalojo de viviendas. “Estamos tratando de crear una acción política, pidiendo que haya un programa de ayuda en Irlanda, que haga los pagos a través de alguna organización. Necesitamos eliminar el estigma y encontrar formas de seguir sobreviviendo nosotras y nuestras familias. Nuestra existencia en la sociedad debe ser reconocida y dignificada”, pidió McGrew.

Romero, la coordinadora regional de RedLacTrans, detalló que lo primero que advirtieron cuando empezó el COVID-19 fue la violencia institucional por parte de la Policía, reflejada en detenciones, humillaciones y maltratos. Alertó sobre la gravedad que implica la medida adoptada por algunos gobiernos de la región para regular la movilización de personas, basándose en la posibilidad de circular por días de la semana en función del género: “Cuando salíamos por el día que nos correspondía por nuestra identidad, nos decían que no podíamos, que teníamos que salir el día que salían los hombres”.

También dio cuenta sobre el empeoramiento de las condiciones habitacionales en este momento de confinamiento para las personas trans que ejercen el trabajo sexual, por sus excesivos costos y bajas condiciones básicas en un escenario de represión y de imposibilidad de ejercer el trabajo sexual. Señaló como gran problemática de Latinoamérica a la pobreza, y la necesidad de que esta sea incluida en la agenda política junto con la exclusión social, la migración forzada y la vivienda.

Reynaga tomó la palabra para adherir a las posturas de todas las compañeras, resaltando cómo las une la lucha en todas las latitudes, debido a que todas viven la misma problemática en todo el mundo. Además, contó las diversas medidas que ha tomado RedTraSex, como por ejemplo el redestinar los fondos contemplados para talleres de fortalecimiento a la compra de alimentos e implementos de primera necesidad para las compañeras que más los necesitan, así como también se ha dispuesto de asesoría legal para los casos en los que ha sido necesario en medio de este contexto de crisis. Además, se están implementando las vías de capacitación para trabajar virtualmente, más allá de que, como ella misma aclaró, “la mayoría somos trabajadoras de calle y no todas contamos con la posibilidad de acceder a las herramientas tecnológicas”, lo que representa una gran dificultad.

También extendió su agradecimiento fundamentalmente a todas las compañeras de Latinoamérica y el Caribe, quienes en cuarentena se las arreglan para ir a recoger los alimentos y repartirlos. De ese modo es que ya se han entregado más de 10.000 ayudas a las compañeras de toda la región: “Ellas hacen lo que debería estar haciendo nuestro Gobierno y todos los gobiernos del mundo. A todas ellas las amo y gracias por elegirme para ser su secretaria ejecutiva”.

Reynaga también comentó que en Argentina el Ministerio de Desarrollo Social había creado un formulario de inscripción de trabajadores/as populares, en el que se incluía por primera vez al trabajo sexual como categoría. Pero que los sectores abolicionistas se encargaron de retroceder en el acceso a derechos y el formulario fue eliminado de la página web oficial, imposibilitando a todos los trabajadores/as populares inscribirse en el padrón estatal. Al respecto advirtió sobre la necesidad de seguir unidas y estrechar los lazos en la lucha para dejar de ser trabajadoras precarizadas.

Anunció, además, que desde la RedTraSex se está elaborando una propuesta para todos los gobiernos de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), el cual debería tener una duración de seis meses en el marco de la pandemia para todas las personas en situación de pobreza, y que implica un gasto adicional del 2,1 del PBI. Y, finalmente, resaltó la importancia de luchar juntas por una agenda que nos beneficie: “Las compañeras de Asia, Europa y Africa enfrentamos un mismo enemigo. Nosotras tenemos la obligación en nombre de todas aquellas que no tienen voz”.

Desde Barcelona, Borrell, del sindicato OTRAS de España, compartió lo que ha sido el trayecto de un año y medio, desde su nacimiento como primer sindicato de Europa para luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales, y las enormes dificultades que implica esa tarea en un país que criminaliza. Y señaló la gravedad que suponen las políticas racistas que se exacerban con la ley mordaza y los mecanismos de control que hay detrás de las herramientas que eventualmente pueden devenir en deportaciones, ya que un alto porcentaje de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en España son migrantes. “Desde esta posición de precariedad social en que nos obligan a vivir, nos atrevemos a soñar con un mejor futuro, donde todas seamos verdaderamente todas. Sin importar de dónde venimos, un mundo donde podamos decir con orgullo que trabajo sexual es trabajo”, sostuvo.

Por último, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, fue clara al refrendar el compromiso de acompañar la lucha de todas las trabajadoras sexuales: “Ustedes han avanzado, y para las organizaciones es un desafío y es momento para que nos unamos a su lucha, porque los derechos de las trabajadoras tienen que ser defendidos por toda la sociedad”.

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