El dinero que usa la polémica cerealera para pagarle a sus 1.200 empleados directos depende del ingreso por alquiler de sus dos plantas en San Lorenzo y Ricardone. Pero el Banco Central y el Ministerio de Agricultura dictaron resoluciones contra Olio, el grupo locatario, un “incumplimiento en la liquidación de divisas” del 97,8%. Incertidumbre.
En apenas tres días, las ambiciones del grupo Olio, que alquila las dos plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone (en la provincia de Santa Fe), que poseen 1.200 empleados, se estrellaron. A través de tres resoluciones, que dictaron una tras otra desde el miércoles al viernes, el Banco Central y el Ministerio de Agricultura de la Nación le bajaron el pulgar a un holding empresario, sospechado –según una investigación de la entidad bancaria- de no liquidar hasta el 30 de noviembre 450.341.892 dólares, según informa el portal ReconquistaSF.
Este monto representa –de acuerdo al Central- un “incumplimiento en la liquidación de divisas” del 97,8 por ciento de las operaciones de exportación de Díaz y Forti, la empresa del grupo que capitanea este brazo del negocio.
El contrato de fasón de las plantas de Ricardone y San Lorenzo, que comenzó en mayo y fue renovado hace menos de un mes con la venia del juez del concurso, es hoy la principal entrada de fondos de Vicentin, que lo usa para pagar los salarios. Sin este dinero y sin otro operador a la vista que pueda reemplazar al grupo capitaneado por extravagante empresario Ariel Olio, Vicentin entra en una zona roja, con un peligro de quiebra inminente.
Aunque por carriles separados, pero que coincidió en el tiempo, el juez de la convocatoria Fabián Lorenzini decidió nueve meses después de la apertura del concurso intervenir la agroexportadora, una medida cuyos fundamentos –según interpretan en el gobierno de Santa Fe- usa gran parte de los argumentos que utilizó la Inspección General de Persona Jurídica cuando en junio pasado pidió la intervención.
La decisión del magistrado no le cayó nada bien al gobernador Omar Perotti, que se enteró de la decisión de Lorenzini en el mismo momento que participaba de un acto –a través de zoom, porque está aislado con covid- con el presidente Alberto Fernández en Venado Tuerto.
“El juez se ve venir la quiebra y trata de cubrirse”, afirmó a Aire de Santa Fe una alta fuente de la Casa gris, que advirtió que durante el fin de semana larguísimo el gobierno va a resolver qué hace. Se barajan tres opciones. Una es rechazar la medida del magistrado, la otra es apelar y una tercera es retirarse de la causa. “Lorenzini dispone la intervención, pero deja en sus funciones al nuevo directorio de la empresa, que seguirá tomando decisiones”, se quejó un funcionario que siguió el tema de cerca desde que estalló la crisis de Vicentin.
El dilema o el misterio es de dónde saldrán los recursos para pagar a los 1.200 empleados directos que tiene Vicentin. Hasta ahora ese dinero salía del alquiler de las plantas, que compartían Oleaginosa Moreno y el Grupo Olio, con una parte minoritaria de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
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