El Gobierno insiste con la eliminación del Monotributo: los puntos oscuros del nuevo sistema
El Gobierno insiste con la eliminación del Monotributo: los puntos oscuros del nuevo sistema.
El fin del Monotributo obligaría a muchos a pagar un IVA todavía más caro que el actual. Qué pasa con la jubilación y la obra social.
Apurado por los técnicos del FMI, para quienes la eliminación del Monotributo es una histórica obsesión, el Gobierno vuelve a analizar la posibilidad de dar de baja ese régimen simplificado o, al menos, reducir al mínimo posible los inscriptos en el sistema.
Con ese objetivo, el Consejo de Mayo, un espacio diagramado por el gobierno de Javier Milei que reúne a funcionarios oficiales, gobernadores y empresarios, elaboró un documento que pone en la mira a los trabajadores independientes de todo el país.
Quiénes se quedarían sin Monotributo
La propuesta apunta a limitar el Monotributo a los niveles más bajos de facturación y obligar a todos los demás profesionales a pasar al régimen general de impuestos.
Para hacerlo, resucitarían la figura impositiva del «Responsable No Inscripto» en el IVA, un régimen complejo que fue derogado en el año 2004 debido a los problemas y distorsiones que provocaba en la economía diaria.
De acuerdo con el documento presentado y la intención que corre por cuenta del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, la idea principal es mantener únicamente el Monotributo Social y a las categorías más bajas de la escala: A, B y C.
Todos los contribuyentes que superen esos límites de facturación anual quedarían excluidos del beneficio del pago unificado.
Como alternativa para evitar el salto directo al Régimen General, el Consejo propone crear un sistema intermedio o «puente» habilitado especialmente para los prestadores de servicios.
Impuesto, aportes jubilatorios y prepaga
La propuesta todavía está bajo análisis, a pesar de la presión constante del Fondo Monetario Internacional, por varios motivos.
El primero: la complejidad que implicaría para quienes hoy son monotributistas y que, además, tendrían que sumar un gasto ante la necesidad de contratar un contador. Todo esto hace pensar que el cambio llevaría a un fuerte traspaso a la actividad en negro.
Además, los ex-monotributistas tendrían que empezar a hacer aportes jubilatorios como autónomos -otra carga mensual importante, para acceder apenas a una jubilación mínima-. Y también se quedarían sin cobertura médica, obligados a contratar un sistema prepago privado o sindical.
En lo referido a los impuestos, la herramienta principal para este nuevo grupo de contribuyentes excluidos sería el regreso del «Responsable No Inscripto» en el IVA.
Según el proyecto, los profesionales que entren en esta categoría estarían exceptuados de realizar la facturación habitual del IVA y no tendrían que presentar las declaraciones juradas mensuales.
En su lugar, proponen que los trabajadores independientes paguen un Impuesto a las Ganancias Simplificado con una tasa fija del 25%.
Un IVA más alto
El argumento del Gobierno para justificar esta medida es que busca achicar la brecha entre el régimen simplificado y el general, evitando que los profesionales deban trasladar de forma directa un 21% de IVA a los honorarios que les cobran a consumidores finales.
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Sin embargo, el funcionamiento histórico de esta categoría demuestra que lejos de ser un alivio, se convierte en una carga económica pesada para el trabajador.
En aquel viejo sistema, la supuesta simplificación de no declarar el IVA se compensaba mediante un mecanismo conocido como el «IVA por acrecentamiento».
Los proveedores del Responsable No Inscripto cobraban el IVA común y le sumaban, por ley, un recargo obligatorio del 50%. Es decir: en los tiempos en que el IVA era del 18%, el Responsable No Inscripto cobraba un 27%. Hoy, que el IVA es del 21%, se puede suponer que el No Inscripto cobraría un 31,5% (el «Impuesto a las ganancias simplificado» apunta a algo menos: el 25%).
De esta manera, el fisco cobraba el impuesto de forma anticipada asumiendo que el profesional luego remarcaría el valor de sus servicios, encareciendo todos sus costos operativos.
¿Todo en negro?
En los hechos, el mecanismo no suele funcionar así. Los trabajadores no calculan el precio de su trabajo y luego le agregan el IVA, sino que incluyen el impuesto en su estructura de costos y calculan lo que tienen que cobrar para que el trabajo les rinda. De este modo, el precio del servicio se infla, más allá de lo que paguen de impeusto o no.
Este sistema de recargos y presunciones fue la causa por la que se decidió dar de baja el régimen hace más de 20 años, cuando se consolidó el sistema actual de Monotributo que Domingo Cavallo creó en 1998 supuestamente «para dar previsibilidad a los pequeños trabajadores» pero, fundamentalmente, para lograr que blanquearan su actividad decenas de miles de trabajadores que se movían fuera del sistema, y así conseguir más ingresos para el fisco.
El regreso de este esquema tributario añadiría más presión tributaria sobre la clase media trabajadora y los profesionales independientes, quienes ya enfrentan un escenario muy complejo debido a la caída de sus ingresos. El desafío del Gobierno sería lograr que los futuros ex-monotributistas paguen impuestos, y que tengan con qué.
Así y todo, la propuesta forma parte de una serie de «recomendaciones del Consejo de Mayo» (y del Fondo Monetario) que el Poder Ejecutivo tiene planeado convertir en proyectos de ley para enviar al Congreso de la Nación este año puesto que en 2027, las elecciones se convertirían en un ancla muy difícil de mover para discutir una medida semejante.
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