La renegociación de los convenios colectivos abre un foco de conflicto que ni los empresarios quieren

El plan del Gobierno para hacer caer los convenios colectivos se enfrenta con varios puntos grises. Entre ellos, el vaciamiento de la Secretaría de Trabajo.

El proyecto del Poder Ejecutivo para avanzar con la modificación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la nueva normativa establecida por la reforma laboral encontró un obstáculo en su propia estructura, que podría derivar en una nueva judicialización y frenar el objetivo fundamental del Gobierno, que pasa por negociar nuevos convenios con condiciones más flexibles en las relaciones laborales.

Según indica la propia ley, el 6 de marzo de 2027 finaliza el plazo de un año que tiene la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero para convocar a negociar los convenios «que estuvieran vencidos».

También dice que en los casos en que no se firme un nuevo convenio, dejará de regir el anterior -a diferencia de lo que ocurría antes de la sanción de la reforma laboral-. Pero no puntualiza nada acerca de qué ocurre si no se firma un nuevo convenio porque la Secretaría de Trabajo no convoca a las negociaciones, algo que podría ocurrir.

La Secretaría de Trabajo no alcanza

Lo que el gobierno de Javier Milei planificó como una intervención directa sobre los acuerdos que regulan el empleo, hoy está frenado por las consecuencias de las políticas de ajuste que afectaron el funcionamiento interno de los organismos públicos.

En principio, las autoridades del Ministerio de Capital Humano proyectaron revisar alrededor de 1.500 convenios colectivos en todo el territorio nacional. La falta de capacidad técnica del Estado obligó a recortar ese número de manera drástica, pero el número sigue siendo enorme.

La lista final de convenios bajo análisis quedó reducida a 446 acuerdos, los cuales afectan directamente a los sindicatos más grandes y a las actividades productivas y de servicios donde el Gobierno está más interesado en remover derechos adquiridos.

Por ejemplo, empleados de comercio, camioneros, encargados de edificios, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bancarios, y el sector de marítimos y portuarios.

El principal problema que enfrenta la gestión nacional para llevar adelante esta tarea es la escasez de personal.

Sin capacidad de gestión

Tanto las organizaciones gremiales como los especialistas en derecho laboral advierten que la Secretaría de Trabajo atraviesa un proceso de desmantelamiento que reduce su capacidad de gestión operativa diaria. La falta de empleados idóneos para analizar los textos legales y coordinar las mesas de discusión hace que el objetivo del Gobierno sea muy difícil de cumplir en el corto plazo.

Según afirman desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la secretaría se encuentra paralizada y perdió su autonomía.

Las decisiones institucionales dependen por completo de las órdenes que llegan desde los ministerios de Capital Humano y de Economía.

Son estas áreas las que definen qué paritarias sectoriales se homologan y cuáles quedan congeladas, utilizando esta facultad como un mecanismo de presión política y económica contra los sindicatos y se puede presumir que lo mismo ocurriría con la eventual renegociación de convenios.

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Ante este intento de intervenir en las condiciones de trabajo, los gremios se declararon en estado de alerta. Desde el sector sindical sostienen que el objetivo de fondo del Gobierno es debilitar la organización de los trabajadores, limitando el derecho a huelga y prohibiendo las protestas como asambleas o las medidas de fuerza de menor escala.

Los empresarios, preocupados

La preocupación por la parálisis del área laboral no es exclusiva de los sindicatos. En el sector empresario también hay señales de alarma por la estrategia oficial, ya que advierten que forzar la caída de convenios y las negociaciones por empresa puede abrir un escenario de conflicto permanente que le podría servir políticamente al Gobierno pero no a la productividad empresarial.

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Al fragmentarse la negociación colectiva, las patronales advierten el riesgo de fortalecer a las comisiones internas más radicalizadas, como pasa en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación (STIA), dañando la estabilidad de las mesas paritarias construidas durante años.

En ese sentido, avizoran el riesgo de que empresas importantes ya no puedan negociar con sindicatos «amables» a través de las cámaras que las nuclean, y tengan que enfrentarse con organizaciones internas conflictivas.

«Los convenios colectivos están vigentes»

A la vez, desde la CGT ya anticiparon conflicto y un posible frente judicial en relación con lo que el Gobierno considera convenios vencidos.

Después de que la Secretaría de Trabajo convocó a renegociar los primeros 150 convenios presuntamente vencidos, el abogado de la CGT Gustavo Ciampa aclaró que se trata de convenios en vigor.

«Todos los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en Argentina fueron y son renegociados permanentemente”, indicó el letrado.

“Un convenio colectivo de trabajo no es un contrato de alquiler que se vence, se cae y se termina. Los convenios colectivos de trabajo, como tienen eficacia general y son obligatorios aún más allá de los firmantes, perduran a través del tiempo, y además están vigentes hasta el momento que uno nuevo lo reemplace», agregó Ciampa.

Y explicó que «es una forma no solo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también que mantiene el equilibrio de poder de negociación de las partes de dicho convenio”