Espionaje y control social: Hugo Yasky pone la lupa sobre acuerdos del Gobierno con una polémica empresa de IA

El jefe de la CTA-T y diputado de Fuerza Patria elevó un pedido de informes en el Congreso sobre la contratación de Palantir, una compañía de inteligencia artificial “vinculada a tareas de vigilancia”.

El movimiento obrero encendió señales frente a la posible profundización de políticas de vigilancia estatal impulsadas por el Gobierno nacional. A partir de un proyecto presentado en el Congreso y de las advertencias públicas del diputado y jefe de la CTA-T Hugo Yasky, crece la preocupación por eventuales acuerdos con la empresa estadounidense Palantir y el uso de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al control social, el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

La iniciativa legislativa 7133-D-2025 solicita al Poder Ejecutivo que informe si existen negociaciones, convenios o contratos en curso entre el Estado argentino y Palantir Technologies, firma vinculada históricamente al desarrollo de sistemas de análisis masivo de datos utilizados por agencias de seguridad e inteligencia en distintos países. El pedido también apunta a conocer el alcance de estas tecnologías, los organismos involucrados y las garantías previstas para resguardar derechos fundamentales.

“Estamos frente a un escenario gravísimo si se avanza en acuerdos de este tipo”, sostuvo Yasky, quien remarcó que el uso de plataformas de análisis predictivo y cruce de datos masivos puede convertirse en una herramienta para perseguir opositores, dirigentes gremiales y organizaciones sociales. En ese sentido, mencionó que estas prácticas ya han sido utilizadas en otros países para monitorear protestas, perfilar militantes y anticipar conflictos sociales.

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La preocupación del referente gremial aparece bajo el actual contexto político, marcado por el endurecimiento del discurso oficial frente a la protesta social, el ajuste económico y la conflictividad laboral en ascenso, con una reforma laboral que tiene resistencia total. Y un protocolo antipiquetes que tiene como objetivo controlar la calle y que fue desafiado de manera constante por agrupaciones gremiales, sociales y políticas que coparon las calles para rechazar políticas libertarias.

La SIDE libertaria, en la mira sindical

El proyecto presentado en Diputados también pone el foco en la reciente reconfiguración del sistema de inteligencia y en los cambios normativos impulsados por el Gobierno, que ampliaron facultades de organismos sensibles sin un control parlamentario adecuado según los ojos de la oposición. Bajo ese telón de fondo, el legislador advirtió el riesgo de violar garantías constitucionales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la organización sindical y la protesta pacífica.

La CGT no se quedó de brazos cruzados. En momentos en los que lanzó una serie de cuestionamientos al proyecto de modernización laboral, arremetió contra la gestión Milei por el DNU 941/2025 que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

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“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, expuso la calle Azopardo.

Y planteó que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT.