Graciela Aleñá sobre la denuncia penal a las autoridades de Vialidad Nacional: «Ponen en riesgo a todos»

La líder del Stvyara detalló los alcances de la causa. Vaciamiento, privatización encubierta y desvío a privados de fondos de Vialidad Nacional.

La secretaria genaral del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), Graciela Aleñá, confirmó que el gremio que nuclea a los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) avanzó con una denuncia penal contra las autoridades de Vialidad Nacional por presuntas irregularidades en la obra pública.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 6, en el marco de la causa CFP 1826/2025, por posibles delitos cometidos en el ámbito de la DNV. En el texto, se menciona la entrega de áreas técnicas a empresas contratistas mediante la figura de «asistencia técnica», lo que implicaría una privatización encubierta de funciones estatales esenciales, la violación de leyes vigentes y principios constitucionales que garantizan el control y la transparencia de la obra pública.

Además se habla del presunto vaciamiento de funciones del personal técnico de la Dirección, desplazándolos de tareas estratégicas vinculadas a la elaboración de proyectos, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas.

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A esto se suma una nueva denuncia vinculada a la falta de transferencia de fondos que, por ley, deben asignarle a la DNV a través de impuestos específicos como el de los combustibles líquidos.

Según informó el Sindicato, esos recursos fueron recaudados pero retirados arbitrariamente de su destino legal, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas nacionales, caminos y en la provisión de elementos de seguridad para el personal vial.

Fondos de Vialidad Nacional que van a empresas privadas

“El Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía”, explicó Aleñá.

Como prueba de esta afirmación, se conoció recientemente que la Dirección Nacional de Vialidad destinó más de tres mil millones de pesos (aproximadamente USD 2.400.000) para contratar a la empresa Elipgo con el fin de montar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central, una maniobra que el sindicato califica como “arbitraria, innecesaria y de ningún modo prioritaria”.

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“Mientras las rutas están en estado calamitoso, y los trabajadores no tienen los insumos básicos de seguridad, la DNV gasta miles de millones para controlar a su propio personal. Esto no es un error, es una decisión dolosa de desmantelar el rol del Estado en la obra pública y favorecer negocios privados”, agregó Aleñá.

Aleñá: «Esperando que nos echen»

“Estamos ante una afectación grave e inminente a la vida y la salud tanto de quienes transitan las rutas como de quienes trabajamos en ellas -dijo la líder sindical-. No vamos a permitir que se vacíe Vialidad Nacional ni que se desconozca el rol estratégico que cumple este organismo federal en todo el país.”

En torno al futuro de la DNV, dijo que “desde el mes de febrero venían con subas y bajas, que nos iban a fusionar, que iba a cambiar el nombre… Hemos trabajado de febrero para acá esperando que nos echen o que cierren Vialidad, esa es la realidad”.

De acuerdo con lo que informó la sindicalista, en el caso de que el Gobierno avanzara con el cierre, despediría al personal contratado y pasaría a disponibiidad al permanente por el plazo de un año, con el cobro únicamente del sueldo básico.

«Sería terrible porque nosotros tenemos muchos adicionales en nuestro salario y lo que menos plata significa es el sueldo básico”. “Sería un desastre, no se puede vivir con eso, es menos de lo que cobra un jubilado”, agregó.