Lijo será juez en las denuncias de Bullrich contra sindicatos por el paro general de la CGT

Patricia Bullrich quiere que las causas penales contra dirigentes y organizaciones gremiales avancen antes de la marcha del 30 de abril.

La relación entre el Gobierno y la CGT aparenta estar en su peor momento: no solo no hay diálogo, sino que además, el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich -la dirigente con mayor perfil antisindical en el Ejecutivo- impulsa denuncias de carácter penal contra varios gremios -la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo y Camioneros, entre los principales- y la mayoría cayó en el juzgado de Ariel Lijo.

En los últimos días, funcionarios de la cartera de Bullrich pasaron por los tribunales de Comodoro Py para presentar acusaciones por “atentado”, “extorsión” y “coacción” contra sindicatos que participaron de la movilización del 9 de abril y el paro general de la CGT, que congregó a decenas de actores políticos y sociales.

Una de las denuncias es por “coacción” y “extorsión”, está dirigida a Camioneros y La Bancaria, entre otros sindicatos, y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.

Las denuncias de Bullrich que tomará Lijo

La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por “amenazas” y “extorsión” y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo.

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Los mismos cargos se les achacaron a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y la Unión Ferroviaria.

Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Bullrich asegura que hubo denuncias a la línea telefónica 134 que sostienen sus presentaciones judiciales. La ministra dijo que el día de la movilización de la CGT con los jubilados recibieron “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar.

“El porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas… así tuvimos un porcentaje grande”, señaló.

También afirmó, de una manera no muy consistente, que dentro de esos mil llamados que ahora utiliza para ir a la Justicia hubo “otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”.

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“Tuvimos más de mil denuncias y le pedimos perdón a la gente que llamó y los tuvimos en espera”, repitió luego de afirmar que “la Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”.

Advertencia de ATE

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el Gobierno, en esta faceta anti sindical, podría denunciar en los próximos días a su secretario general, Rodolfo Aguiar, por supuestas “amenazas, extorsión y coacción” en el paro general del 10 de abril. Ante este panorama, el sindicato aseguró que se trata de un nuevo caso de persecución sindical e intento de criminalización de la protesta.

“Presidente, tiene que saber que los trabajadores no son estúpidos. Suponer que se pueden adherir a una medida de fuerza en contra de su voluntad es subestimarlos. Acá los que amenazan, extorsionan y coaccionan son ustedes con este intento de denunciarnos falsamente», señaló Aguiar.

«Desde la criptoestafa empezó a quedar más claro quienes son los delincuentes. Intentan deslegitimar medidas de fuerzas habilitadas por la propia Constitución Nacional. No toleran que los trabajadores ejerzamos nuestros fundamentales derechos”, añadió.