Solamente el 13% de los trabajadores en blanco cobrarán el bono de $2.000

De un total de 5 millones de empleados en blanco, una minoría está beneficiada por el acuerdo cerrado el miércoles.

Sólo las grandes empresas del país que muestren números de actividad razonables, estarán obligadas a pagar en diciembre el bono de 2.000 pesos. Esto implica que menos del 26% de los empleados recibirán el beneficio y que el porcentaje puede llegar al 13% del total de trabajadores en blanco.

El cálculo es simple. De unos 5 millones de empleados en blanco que realizan sus tareas en el sector privado, sólo 1,2 millones de personas están alcanzadas con la mejora negociada en la Mesa de Dialogo por el Trabajo y la Producción del miércoles pasado. En el encuentro de la Casa de Gobierno, los representantes de las cámaras empresarias y el triunvirato de la CGT, acordaron que los $2.000 sean pagados por las grandes compañías, liberando a las pyme de la obligación. Y que sólo estén obligados además los trabajadores que hayan obtenido aumentos salariales de menos del 38% en las paritarias 2016; salvo que además puedan demostrar que tuvieron un mal año.

Si se tiene en cuenta que, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y según publicó la consultora IDESA en su último informe, al primer semestre del año las empresas con más de 500 trabajadores generan el 26% del total del empleo asalariado registrado; mientras que las que ocupan entre 100 y 500 trabajadores explican un 23% del empleo asalariado formal total. Según el informe, las empresas con menos de 100 trabajadores representan el 51% del total del empleo privado. En consecuencia, la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y en blanco se ocupan en las pequeñas empresas, con lo que estarían automáticamente fuera de la obligación cerrada el miércoles pasado en la Casa de Gobierno. O que, en el mejor de los casos, dependerán de una negociación directa con los empleadores y estos decidirán según su situación para fin de año si asisten o no al reclamo.

En el mismo razonamiento, en teoría, se ubica el segundo grupo mencionado por IDESA, correspondiendo a las medianas empresas, a las que también se las liberó de la obligación y que dependerán de las negociaciones internas.

Queda finalmente el 26% de los trabajadores empleados por las grandes compañías. En este grupo están incluidos los bancos y compañías financieras, los servicios, el comercio, las grandes compañías industriales, la construcción, el agro y la exportación primaria, los laboratorios, alimentos y el resto de los sectores manufactureros. En las últimas horas, varios de los referentes privados más importantes aclararon que no les corresponde pagar el bono porque sus paritarias superaron el 38%.

Es el caso del comercio (ver nota aparte), la construcción, los aceiteros y un puñado de sectores industriales más. Otros rubros ya avisaron que pueden demostrar con facilidad que el año ha sido realmente malo y que no están en condiciones siquiera de hablar de un bono. En este grupo se acumulan (según los datos oficiales del Estimador Mensual Industrial del INDEC) los textiles, alimentos, lácteos, bebidas, imprentas, petroleros, terminales automotrices, neumáticos, aceros y metalmecánica, entre otros. Entre los empresarios que ya anunciaron que no están en condiciones de pagar el bono está la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Según Juan Aguilar, secretario de Prensa de la cámara, el sector «no está en condiciones de pagar el bono» y que, por el contrario, «estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestras empresas» en un sector cuya actividad «cayó hasta un 30% en el año». ¿Por qué es importante escuchar a Aguilar?

Del otro lado de la negociación está el camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, quienes descartan que por lógica serán de los primeros a los que les debe corresponder el bono de los 2.000 pesos. De piso. Si se tienen en cuenta los sectores que se consideran en condiciones estadísticas de demostrar que no están en condiciones de liquidar el bono, sólo quedarían un universo de un 13% del total de los trabajadores en relación de dependencia en condiciones de reclamar el beneficio. Entre estos se deben incorporar a los sectores de los servicios y los bancarios, más rubros a discusión como los alimentos, siderúrgicos, laboratorios, plásticos y, fundamentalmente, el campo.