Sectores sindicales expusieron los puntos más oscuros del Presupuesto 2025 de Javier Milei, pero no encuentran cómo hacerle frente.
Con el proyecto de presupuesto 2025 que presentó Javier Milei pendiendo de un hilo, las figuras sindicales más importantes y combativas buscan la salida de un laberinto. Saben que el proyecto oficial es de un ajuste brutal y que tienen que convocar a todos los sectores a que se movilicen para su rechazo.
Pero, a la vez, todos tienen claro que la idea que prima en el Gobierno es que no se apruebe ninguna ley de presupuesto y así volver a prorrogar el de 2023, lo que le seguiría dándole discrecionalidad absoluta en el reparto de partidas. Si sería o no legal y constitucional esta doble prórroga, a esta altura es un tema menor, a sabiendas de que para el Ejecutivo libertario esos son temas menores, con la inacción de la Justicia a su favor.
Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Mario Manrique, los hombres del sindicalismo que están ocupando bancas por Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, se están moviendo en conversaciones con gobernadores para que presionen al oficialismo y cambien aspectos cruciales en el proyecto de ley de presupuesto.
El líder de La Bancaria ya lo expresó. “Una vez más se trata de una política de ajuste siendo el pueblo trabajador el principal perjudicado”, comentó sobre el cálculo de ingresos y egresos del año próximo.
El presupuesto 2025: puro ajuste
En la CTA Autónoma de Hugo Godoy, por su parte, evalúan que lo mas perjudicial de la iniciativa pasa por el objetivo excluyente de garantizar la cancelación de deuda externa, sin ninguna otra prioridad.
“Busca generar lo que dé lugar el superávit para pagar deuda”, indicaron desde la central. Y remarcaron que el proyecto de Milei elimina garantías presupuestarias que debería cumplir por leyes que lo obligan.
“Suspende educación, ciencia y técnica, educación superior, se anula movilidad de las asignaciones familiares, incluida AUH, y queda a la discrecionalidad del ANSES fijar los montos”, es el análisis de la central de los trabajadores que busca unidad con la CTA de Yasky tras 15 años.
“Se está dispuesto a honrar la deuda en el altar de sufrimiento del pueblo. No hay medidas que impliquen compromiso con las necesidades del pueblo”, dijo Roberto Fernández, también desde la CTA Autónoma. “Los supuestos no permiten pensar que va a haber aumento del gasto, sino que va a prorrogar e incluso va a aumentar el ajuste”, agregó.
“Si no se recomponen los ingresos populares, si se anuncia aumento de tarifas y de combustible. ¿Cómo va a aplacarse la inflación? ¿Cómo se va a recuperar el consumo público?”, indicó el referente sindical.
“¿Que debería contener este presupuesto para que sea un compromiso con la gente y no con la deuda? -reflexionó-. Lo primero es terminar con la discrecionalidad que tiene el presupuesto. Hay que rechazarlo, pero para que no se maneje con la discrecionalidad de un presupuesto prorrogado. Hay que presentar otro proyecto que termine con el ajuste”.
El plan de que no haya presupuesto
Como en muchos otros temas, en este también el sindicalismo más combativo se diferencia de la CGT que, tras la salida de Pablo Moyano de su conducción, fortaleció su perfil dialoguista y con concesiones al Gobierno.
Así, mientras la dialoguista CGT cree que la administración libertaria debe contar con su ley de presupuesto, el gremialismo anti Milei va a continuar exponiendo feroces críticas y no descarta convocar a una marcha si es que el proyecto llega al recinto sin consenso con la mayoría de las fuerzas políticas.
Los que están en el día a día de la rosca política ya saben que el Gobierno en realidad quiere que el Presupuesto se caiga para prorrogar el del año 2023 y, así, seguir ajustando todas las áreas sensibles del Estado. En este plano, el sindicalismo luce algo desorientado y obligado a calcular estrategias más allá de los discursos públicos, con muchas dudas acerca de cómo se comportarán los gobernadores.
Un colaborador de Milei dio una señal de lo que puede pasar con los mandatarios provinciales al decir que «les conviene que no haya presupuesto» para darle discrecionalidad al Gobierno en el reparto de la plata. «Los territorios que nos quieran acompañar pueden ser premiados», explicó, sin demasiada preocupación por cuidar las formas republicanas.
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