ANSeS en alerta por el plan que oficializó Sturzenegger para habilitar despidos

El sindicato de los trabajadores de la ANSeS reclamó la derogación inmediata de la resolución. Acusa al Gobierno de amenazar la estabilidad laboral.

El Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), que representa al personal de la ANSES y dirige Carlos Ortega, habló de la resolución oficial del gobierno de Javier Milei (un proyecto de Federico Sturzenegger) para establecer un nuevo “Régimen de disponibilidad” para los trabajadores del Estado, amenazando la estabilidad laboral del sector.

En el contexto de despidos en la ANSES, un foco de conflicto que tuvo su mayor impacto en los primeros meses del año pero empezaba a apaciguarse en la rutina, la decisión del Gobierno vuelve a alimentar las llamas. El sindicato reclamó, directamente, la derogación de la resolución, sin plantear ninguna posibilidad de diálogo.

El proyecto desarrollado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se presenta como un plan de “reestructuración” y optimización de la plantilla estatal, pero según el gremio se trata de una iniciativa que “pone en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector público”, que día a día sostienen el funcionamiento del Estado, vulnerando sus derechos.

Por caso, se menciona como un ítem “preocupante” del proyecto el apartado de su “ámbito de aplicación”, que se enfoca en «trabajadores con estabilidad adquirida que se vean afectados por reestructuraciones que eliminen cargos o reduzcan personal, poniendo en peligro la continuidad laboral de muchos”.

Desde el gremio de Ortega también hacen foco en artículos que apuntan a aceptar renuncias en trámite y limitar las licencias sin goce de haberes, «lo cual podría afectar directamente a compañeros con protección sindical o en edad de jubilarse”.

«Es inaceptable», dicen en la ANSeS

“Esta resolución es inaceptable y va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector público. No podemos permitir que el ajuste recaiga sobre nuestras espaldas, sacrificando la estabilidad laboral y la dignidad de quienes día a día construyen un Estado al servicio de la sociedad», expresaron desde el Secasfpi.

«Por ello -insistieron-, hacemos un llamado urgente a la unidad y a la organización de todas las trabajadoras y trabajadores para llevar adelante un plan de lucha contundente. Es momento de defender cada puesto de trabajo, exigiendo la derogación inmediata de esta resolución”.

Bridgestone: un accidente con un trabajador herido complicó aún más el largo conflicto

También se manifestó preocupación por los mecanismos de “notificación y registro», ya que los trabajadores que sean afectados por las eliminaciiones de cargos apenas contarán con cuatro días hábiles de notificación, para luego ser incorporados a un registro que, dice el gremio «los deja en una situación de total incertidumbre”.

Además, advierten que durante el período en que no presten servicios, estos trabajadores “deberán estar a disposición para eventuales convocatorias, generando una situación de inestabilidad y presión constante”.

A su vez, cuestionan los planes de “capacitación y reconversión”, iniciativas “cuyo incumplimiento podría resultar en la desvinculación del trabajador, aumentando la vulnerabilidad de quienes se encuentran en esta situación”.

Otro conflicto en puerta

Mientras la administración libertaria coloca el régimen pie, avanza en el Congreso un proyecto que declara a la educación como servicio esencial. Esto no hizo más que aumentar la bronca de los sindicatos docentes, tal como quedó en claro a partir del duro comunicado que difundieron los gremios docentes que pertenecen a la CGT.

El Frente Gremial Docente de la central obrera, que está integrado por AMET, CEA, SADOP y UDA, apuntó directamente al ex ministro de Educación y actual diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, que es quien elaboró el proyecto de ley que busca establecer como «servicio esencial» a la educación.

Los sindicatos docentes en su conjunto declararon al legislador que actualmente preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación como «persona no grata en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras docentes».