Docentes rechazan el proyecto del PRO para que la educación sea servicio esencial: «Nos quieren apretar»
Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos.
Sergio Romero, de UDA, advirtió que la iniciativa no propone ninguna mejora para la educación. El carácter de esenciales tampoco mejoraría las condiciones de trabajo de los docentes.
El titular de Políticas Educativas de la CGT y secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, salió al cruce del proyecto del diputado PRO Alejandro Finocchiaro, que pretende declarar a la educación como servicio esencial y ya contaría con apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, el radicalismo y el bloque federal de Miguel Ángel Pichetto.
La iniciativa ya tiene curso en la Cámara de Diputados y se comenzará a discutir en comisión este jueves.
Para el dirigente sindical, los “diputados integrantes de la Comisión de Educación” que “aspiran esta semana a firmar un dictamen para declarar servicio público esencial a la educación» persiguen «el único fin de apretar a las trabajadoras y los trabajadores vinculados a la actividad”.
“Esto no es una iniciativa para mejorar el sistema educativo. Al contrario, es para perjudicar a las personas que lo mantienen de pie”, disparó el dirigente.
“Los legisladores podrían aprovechar su tiempo para discutir inversión para abrir más escuelas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y fomentar (el ingreso de) la Argentina en los estándares salariales de países desarrollados” dijo Romero.
El docente, en ese sentido, expresó que “nos clausuraron el salario inicial en 250.000 pesos, recortaron y ajustaron nuestros ingresos y, como si fuera poco, ahora un grupo de legisladores dice que por ley la educación será servició público esencial”.
“Queda claro que la educación para estos diputados es cualquier cosa menos esencial”, finalizó.
El recorrido en la Cámara baja
A tono con los cuestionamientos del dirigente de la UDA, el proyecto del PRO para la educación busca declararla servicio esencial pero en ningún punto de su articulado establece una contraprestación para quienes serían los responsables de sostener esa esencialidad. Es decir: los docentes pasarían a ser trabajadores esenciales pero sus condiciones de trabajo y sus salarios no mejorarían como consecuencia.
La Cámara comenzará a debatir este jueves la idea de declarar la educación como servicio estratégico esencial, con el exclusivo fin de que no pueda haber medidas de acción sindical que pongan en jaque el dictado de clases en los establecimientos educativos.
La reunión informativa de la comisión de Educación será presidida por Alejandro Finocchiaro, quien justamente es el autor de la principal iniciativa vinculada a la esencialidad educativa.
En concreto, la propuesta de Finocchiaro, presentada en marzo pasado, busca »declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo».
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El sistema formal de educación, desde el nivel inicial hasta la escuela media, pasaría a tener estatus de servicio esencial de la misma manera que la actividad de hospitales, distribución de agua potable, energía, gas y control del tráfico aéreo.
El proyecto para restringir paros docentes
El proyecto del ex ministro de Educación de Cambiemos dispone la creación de guardias mínimas que deben ser garantizadas por una dotación mínima del 50% de la nómina de cada establecimiento, incluyendo docentes, directivos y auxiliares.
Por otra parte, prevé que en caso de inclemencias climáticas, fallas edilicias graves o cualquier imponderable que impida la apertura de los establecimientos educativos, se deba recuperar los días perdidos con dictado de clases durante las vacaciones de invierno o en diciembre.
La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y sectores de Hacemos Coalición Federal y de La Libertad Avanza ya estarían de acuerdo con declarar la esencialidad educativa.
La UCR, por caso, incluyó la esencialidad educativa como un capítulo en el dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), aunque con una modalidad de progresividad en la dotación mínima de trabajadores que deben garantizar la apertura de las escuelas.
En ese sentido, el proyecto radical exige 30% de dotación en medidas de fuerza de hasta 48 horas, 50% entre las 48 horas y los cinco días y del 70% cuando una huelga docente supere los cinco días de duración.
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