Tras la represión, con 35 trabajadores de prensa heridos, organismos de DDHH les piden a los diputados que controlen a Bullrich

Un relevamiento dio cuenta de 23 detenciones arbitrarias y más de 285 personas lesionadas por el accionar policial ordenado por Patricia Bullrich junto al Congreso.

Un informe de organismos de Derechos Humanos presentado a Diputados condenó la «violenta represión» que tuvo lugar en el Congreso nacional cuando se trataba la Ley Ómnibus, responsabilizando de manera directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las 23 detenciones arbitrarias y más de 285 personas (entre ellas, al menos 35 trabajadores de prensa) lesionadas por el accionar policial.

En el trabajo se afirma que «frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el Gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación».

El relevamiento fue realizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Comisión Provincial por la Memoria, quienes monitorearon el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas. Y reclamaron a la Cámara de Diputados que «se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos». 

«Un verdadero operativo represivo»

Según lo planteado en el informe, se trató de un «verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes». Y se precisó que «al menos 35 periodistas y 5 defensores de Derechos Humanos sufrieron agresiones policiales».

Además, se afirmó que «la represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios».

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Eso, «a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático».

También se solicitó que las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus para el Código Penal, previstas para las figuras de «atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa», no resulten aprobadas.

El pedido se fundamentó en que eso no haría más que «consolidar legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social», a la vez que «se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los pactos internacionales vigentes».

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En este sentido se apuntó que del registro de los hechos de represión surge que las fuerzas de seguridad «actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social».

Y se insistió en remarcar la «preocupación» por el hecho de que, en el marco de la represión, también se atacó «a periodistas y defensores y defensoras de Derechos Humanos«. 

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Esta situación, se explicó, «es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Al respecto se recordó «el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal».