Por el Impuesto a las Ganancias, el sector dialoguista de la CGT quedó mal parado ante Pablo Moyano.
En la CGT creen haber allanado el camino para que otros actores hagan caer las reformas pretendidas por Milei. El Gobierno, en problemas: pocos interlocutores y un todo o nada que se acentúa.
En la CGT festejaron el paro y fundamentalmente la movilización del pasado miércoles, que superó ampliamente las expectativas, y con el anuncio de Luis Caputo, que retiró el paquete fiscal de la denominada “Ley Bases para la Reconstrucción”, empezaron a intercambiar mensajes sobre los próximos pasos en medio de un escenario incierto, en el que el gobierno de Javier Milei no ofrece interlocutores.
En la Casa Rosada trataron de minimizar la huelga, incluso dijeron que no era representativa de la clase trabajaron, pero puertas adentro quedaron golpeados, sobre todo porque la marcha fue masiva y no tienen una hoja de ruta definida respecto de qué hacer con el sindicalismo.
Por ahora primó la estrategia de la confrontación sin interlocutores pero ese plan puede sufrir un desgaste a mediano plazo si el Gobierno no empieza a mostrar algún mínimo resultado, al calor de una situación económica que se puede desmadrar.
En otras palabras, si el gremialismo copa calles y la conflictividad social aumenta, la administración libertaria estará en serios problemas.
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En el sindicalismo lo saben, ven la debilidad del Gobierno pero tampoco están convencidos de ir hacia un escenario de paro permanente, al menos por el momento.
La CGT, el Congreso y la Corte
Hoy, la idea que prima es la de seguir todo lo que pase en el Parlamento, con la expectativa firme de que los diputados y senadores finalmente rechacen la ley Ómnibus y el DNU.
Mientras tanto, La Libertad Avanza apuesta a continuar demorando tiempos para que el decreto quede en vigencia y no sea rechazado por las cámaras.
Al cuadro de situación se suma un detalle no menor: los contactos gremiales con la Corte Suprema están señalando que existen altas probabilidades de que el máximo tribunal de justicia frene el mega decreto que a través de varios de sus artículos implementa una reforma laboral agresiva.
Es más: los equipos de abogados de ATE, CGT y CTA tienen a mano muchísimos fallos en los cuales la Corte tiró abajo cambios en la legislación laboral intentados por el Poder Ejecutivo.
En este marco, el paro pasaría a ser para la CGT una opción solo en caso de que ni el Poder Legislativo ni el Judicial le pongan freno a la aventura ultrarreformista del gobierno de Javier Milei y el Pro.
Allegados a uno de los líderes más importantes de la central obrera le expresaron a Gestión Sindical, tras el acto frente a las inmediaciones del Parlamento, las dificultades que puede implicar organizar una nueva marcha con un evento masivo: “Organizar un acto de estas características es sumamente desgastante, implica tiempo, reuniones con la seguridad, esfuerzo y dinero”.
Además, algo que no se dice en voz alta pero influye, es que la realización de la enorme movilización obligó a la CGT a intercambiar miradas con otros actores que se involucraron en la jornada, como las dos CTA y la UTEP, lo cual implica aumentar conversaciones.
ATE promete pelea
Luego de que Milei amenazara a los gobernadores con “fundir” y “dejar sin un peso” a las provincias si no presionan a sus diputados para que voten en favor de la Ley Ómnibus, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó que se ponen en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajos en las provincias y anticipó que puede encarar medidas de fuerza.
“Frente a la amenaza del Presidente de desfinanciar a las provincias, son más de 2 millones los puestos de trabajo en el sector público que están en riesgo”, informó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Estamos frente a un Gobierno que no sólo persigue trabajadores sino que también amenaza y extorsiona. Esperamos que los gobernadores muestren coraje y, en defensa de sus provincias, no cedan. Su cobardía puede terminar de extinguir el federalismo en nuestro país”, alertó.
Se estima que en todo el país hay más de 3 millones y medio de trabajadores estatales, de los cuales el grueso corresponden a las administraciones provinciales, sumando unos 2 millones de puestos de trabajo. El resto se compone de 716 mil nacionales y 500 mil entre comunas y municipios de todo el país.
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