Con UPCN al frente, las asociaciones de defensa al consumidor de la CABA se organizan contra el DNU de Milei
Fernando Barrera, uno de los referentes del gremio de estatales y otras organizaciones llaman al Congreso a rechazar el DNU de Milei. Prepagas, tarjetas y alquileres, lo que más les preocupa.
Fernando Barrera, director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, y una de las caras de UPCN en la Ciudad, junto a 21 asociaciones de usuarios y consumidores realizaron un llamado urgente al Congreso. Rechazan el decreto de Javier Milei por “antirrepublicano, regresivo, y afectar gravemente, sin fundamento alguno, derechos adquiridos por los usuarios y consumidores”. Haciendo foco en tres puntos que les resultan fundamentales: medicina prepaga, tarjetas de crédito y el acceso a la locación.
“Es perjudicial para los usuarios y los consumidores en muchos aspectos”, declaró Barrera, aludiendo a los potenciales efectos adversos en estas diversas áreas. Incluso subrayó que estas cuestiones no son nuevas para ellos, ya que han estado abordando estos problemas durante un largo periodo, escuchando y acompañando diferentes denuncias en contra de estos servicios.
La medicina prepaga en el DNU de Milei
En la declaración realizada por las organizaciones, tomaron el punto de la medicina prepaga entendiendo que se afectan los derechos adquiridos por millones de personas usuarias en materia de salud y derecho a la vida.
En el escrito alegan la ausencia de libertad de elección de los usuarios, ya que los de mayor edad o que padecen enfermedades que deseen cambiar de prestadora deben afrontar un incremento de los costos de las prestaciones que lo torna imposible por inaccesible, padeciendo así una forma de discriminación, que contradice la base de un mercado libre y competitivo.
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Barrera explica en el comunicado: “El derecho a la vida y la salud no es una cuestión de mercado, además, en la práctica no existe libertad de elegir y cambiar de prestador para una persona usuaria enferma o adulta mayor”. Y agrega además que “el DNU deja libradas a su suerte a millones de personas” cuando hacen mención a la derogación de la intervención del Estado en los aumentos de las cuotas de las prepagas.
También cuestionan el abandono que puede generar una de estas empresas de salud que con el decreto en vigencia, ya no serían responsables de sus asociados en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades cuando antes debían hacerse cargo del traspaso a otro sistema que cuente con similar cuota y cobertura de salud.
Tarjetas de crédito
El grupo también entiende que la tarjeta de crédito es “indispensable para el desarrollo de la vida en los tiempos que corren” pero a su vez comprende que “los usuarios no negocian libremente los contratos sino que son sujetos a sus términos y condiciones”, sostiene Barrera.
Cuestionan la desprotección a los usuarios en la supresión de las normas referidas al momento y forma de perfeccionamiento del contrato y el inicio de su vigencia; la supresión de la atribución del BCRA de aplicar sanciones ante el incumplimiento de las entidades financieras; la modificación en la nulidad de cláusulas del contrato, en especial la que prohíbe imponer penalidades de montos fijos por los atrasos en el pago; la eliminación de poner a disposición de los usuarios una copia del resumen de cuenta en la respectiva sucursal; y la introducción al mercado de emisoras no bancarias y sin regulación que pueden provocar una proliferación de empresas sin control de autoridad de aplicación.
“Todo ello coloca en un estado de indefensión a los usuarios de este servicio, poniéndolos a merced del proveedor”, detalla el dirigente de UPCN.
Alquiler de viviendas
Con respecto a este tema, consideran que la eliminación de todo tipo de regulación “implica una verdadera desprotección para millones de usuarios a los que le es imposible acceder a una vivienda propia”, menciona Barrera en la declaración, haciendo énfasis principalmente en que los propietarios “ahora ya no tendrán tampoco un plazo mínimo obligatorio”.
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Con este rechazo rotundo a las medidas del Gobierno, las asociaciones que representan a los consumidores y usuarios en la CABA, esperan ser convocados por el Senado y el Congreso para discutir la inconstitucionalidad del decreto.
En defensa de los derechos adquiridos y la protección de los usuarios y consumidores, buscando en el ámbito legislativo, revertir estas medidas que podrían impactar adversamente en la vida cotidiana de la población.
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