Todo el arco sindical repudió el fallo contra CFK: «Inaceptable condena amañada»

La CGT, las CTA y la mayoría de sus gremios rechazaron la sentencia contra la vicepresidenta y hablaron de falta de pruebas y persecución.

En el marco de la lectura de la sentencia en la causa denominada Vialidad, los distintos gremios de todo el arco sindical repudiaron la sentencia de seis años de prisión contra Cristina Kirchner y consideraron que existe una persecución judicial.

Mediante un comunicado, la conducción de la CGT repudió “el fallo del Tribunal Oral Dos que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión y la inhabilitó de forma permanente para ejercer cargos públicos”.

«La Confederación General del Trabajo rechaza el fallo donde se condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestos delitos contra la administración pública», sostuvieron en el inicio del comunicado.

«Este vergonzoso veredicto se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa», resaltó.

En el documento, la central obrera agrega que «en días donde la connivencia entre autoridades y operadores del Poder Judicial y el poder mediático fue definitivamente demostrada a partir de las revelaciones que surgieron del viaje a Lago Escondido, resulta fundamental señalar que esta decisión no es más que una mancha más en la historia de la Justicia argentina».

«Esta Confederación General del Trabajo repite una vez más que los actos de gobierno no son judiciales y solo el pueblo, a través del voto, decidirá el destino de sus representantes políticos», subrayó la entidad.

Connivencia escandalosa

En tanto, desde la CTA de los Trabajadores manifestaron su «más enérgico repudio al fallo emitido en la causa Vialidad del Tribunal Federal N° 2 contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos».

La fiscalía encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, criticaron desde la entidad que lidera Hugo Yasky, «en un capítulo más de la persecución judicial que la mandataria sufre desde que finalizó su gestión en 2015, había acusado a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita durante su gestión al frente del Ejecutivo nacional«.

«Se trata de los mismos agentes judiciales que demuestran tener una connivencia escandalosa con sectores políticos y económicos interesados en proscribir a Cristina porque no se inclina ante su poder», agregaron.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que quiere eliminar la figura de la vicepresidenta de la política, pero el pueblo argentino no va a agachar la cabeza, vamos a seguir bancando a Cristina. Los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir un Lula en nuestro país», concluyó la dirigencia sindical.

La CTA Autónoma que lidera Hugo «Cachorro» Godoy, en tanto, manifestó su «repudio» al fallo y consideró que se trata de «un intento de acallarla voluntad y la organización popular», mientras que recordó los «antecedentes de golpe» de Estado en Brasil y Bolivia, con las salidas de Dilma Roussef y Evo Morales, respectivamente.

Otras voces

En tanto, muchos gremios emitieron repudios individuales. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) indicaron que «las organizaciones populares no vamos a permitir este atentado a la democracia y este agravio a quien representa nuestra esperanza de lograr la patria justa, libre y soberana por la que no dejaremos de luchar».

«Ante ello no es posible el silencio pues hay castas que desde el poder corporativo, mediático y lo que es más grave desde el Poder Judicial se pretende consagrar un orden sistemático de violación de los derechos sociales y políticos», indicó en un comunicado.

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En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en representación de la Internacional de la Educación, aseguraron que el fallo es una «persecución de los sectores de la derecha política, económica y judicial».

El documento, que lleva las firmas del diputado Hugo Yasky y la representante de Brasil Fátima Silva, indicó que la condena es «es un capítulo más de la triste sucesión de acciones judiciales con que se ha perseguido a otros líderes populares de América Latina», como el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.