22 de Noviembre
de 2024
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La CGT Jujuy rechaza reforma constitucional de Morales por «criminalizar la protesta social»

15. 09. 2022

La regional de la central obrera de esa provincia se pronunció contra el proyecto que impulsa el gobierno local para reformar la carta magna.

La dirigencia de la regional Jujuy de la CGT se manifestó en contra de la reforma constitucional que busca el gobierno de Gerardo Morales aprobar antes de fin de año. «La paz social se consigue con salarios dignos, salud, educación, seguridad y justicia», expresaron los gremios que integran la seccional, mediante de un documento público.

«Observamos con gran estupor las comunicaciones sobre el proyecto de reforma de la Constitución provincial. Entendemos que, a partir de la supremacía de la Constitución nacional por sobre cualquier otra legislación, hay puntos que son innecesariamente incorporados», expresaron.

Sin embargo, «nuestra mayor preocupación tiene que ver con la marcada y perniciosa persecución y criminalización de la protesta social en nombre de una supuesta institucionalización de la paz social».

Más adelante, en el comunicado, se recalcó que «la lucha en las calles por las mejoras en las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores jujeños no es un delito».

«Con el convencimiento de que no es el camino, repudiamos todo intento del imitar derechos de las y los trabajadores logrados por históricas luchas y legitimamos el derecho a la protesta que está contemplado en la Constitución nacional como forma de libertad de expresión y en los tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20)», agregaron.

Polémico proyecto

Esta semana, se conoció el proyecto de Morales, que busca incorporar a la Carta Magna provincial, entre otros puntos, un límite a los mandatos de los diputados y concejales locales, y la prohibición de la ley de lemas, de los cortes de ruta y del indulto en casos de corrupción.

A través de una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales, Morales agregó que, a partir de las «transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas» que se registraron en los últimos 40 años, es necesario «reafirmar, fortalecer y consolidar el rumbo, los derechos de las personas y los deberes del Estado».

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«Hemos decidido convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y aún aquellas que sean importantes, pero que no tengan participación legislativa, para proponer los cambios a nuestra ley fundamental, cuya última actualización data de 1986″, explicó el mandatario durante una conferencia de prensa que brindó frente a funcionarios de su gabinete.

Ante esto, la CGT Jujuy resaltó que «cabe destacar que, como la propia Carta Magna lo establece, los derechos se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, el derecho a la manifestación es la unión del pleno ejercicio de otros tres derechos fundamentales: la libertad de expresión, de libre asociación y reunión pacífica».

Reunión en Mar Del Plata

En tanto, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, mantuvo una reunión con representantes de la CGT regional Mar del Plata-Batán, para dialogar sobre el alcance del aumento de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

En ese marco, Raverta, expresó: «Este aumento para las asignaciones familiares, que se empezó a pagar este mes, alcanza a 1.100.000 de titulares en todo el país; y a 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de las familias trabajadoras que más lo necesitan. Esta medida también es una inyección directa de recursos que se vuelcan a la economía de cada ciudad, cada pueblo, generando mayor consumo, mayor demanda de mano de obra y, en consecuencia, más derechos».

Por su parte, el secretario general de la CGT local, José Luis Rocha, mencionó: «Queremos expresar nuestra alegría por este anuncio tan importante que va a beneficiar a más de 1.800.000 niños, niñas y adolescentes y a más de 1.100.000 trabajadores».

Asimismo, Miguel Guglielmotti, secretario adjunto, agregó: «Estas decisiones favorecen a los trabajadores y nosotros, cada uno desde nuestro lugar, tenemos que transformarnos en transmisores de las mismas a los trabajadores».

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