Gremio judicial calificó de «gravedad institucional» la asunción de Rosatti en el Consejo de la Magistratura

La Asociación Judicial Bonaerense rechazó que el titular de la Corte Suprema se haga cargo del organismo dedicado al nombramiento de los jueces.

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) cuestionó la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura. Para el gremio de los trabajadores de la justicia provincial, cuya conducción es cercana al kirchnerismo, se trata de una maniobra «holgadamente identificada con un procedimiento inconstitucional».

El ministro asumió ese cargo el lunes pasado, en medio de una fuerte polémica con el Gobierno y el Congreso.

En sus argumentos, el gremio recordó que «en diciembre de 2021 la Suprema Corte deroga una ley vigente votada en sus plenas facultades por el Poder Legislativo en 2006, que definía que el Consejo de la Magistratura debía estar compuesto por 13 miembros».

«Éste es un organismo trascendental, que administra el presupuesto del Poder Judicial, organiza los concursos de los nuevos jueces y analiza el desempeño de los magistrados, con la facultad de sancionarlos e incluso separarlos de sus cargos», agregó.

A partir de la reforma de 2006, agregó la AJB, «la Corte nacional exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación«.

«Seguidamente determina, arrogándose facultades del Poder Legislativo, que hasta tanto se sancione la nueva ley, para lo cual establece un plazo de 120 días, entrará en vigencia la Ley anterior del Consejo que determinaba una composición distinta y aseguraba la presidencia del cuerpo al presidente de la Corte», remarcó la AJB.

«Todo esto con pleno conocimiento que el plazo determinado resultaba de imposible cumplimiento para una Ley de tal importancia, y que al concretarse el plazo perentorio la presidencia quedaría en manos del autovotado presidente de la Corte Horacio Rosatti«, recalcó el gremio, cuya nueva conducción responde a la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky.

Análisis

Para la AJB, lo actuado por la Corte Suprema «no debe ser analizado sólo y exclusivamente en relación al fallo de diciembre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, sino que debe leerse en una maniobra compleja, resuelta a alterar la voluntad popular y encaramar a una facción del Poder Judicial por encima de los poderes de la democracia».

“Algunos de los ejes con que se vertebra la maniobra son evidentes», advirtieron.

En primer lugar, «el vinculado con la tantas veces denunciada opacidad con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce su función. En efecto, luego de tener cinco años el expediente a estudio, en un contexto político particular, altera la distribución del poder y se arroga, en la propia persona del titular de la Corte la presidencia del Consejo«.

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Pero, además, según explicó el sindicato «no es ocioso observar los actores que, tanto en la presentación de la causa, como en aquellos que rápidamente salieron a aplaudir el fallo, están detrás de la operación».

«El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que aglutina a los abogados de los grandes estudios que asesoran a las empresas transnacionales, planteando la inconstitucionalidad, como la AMCHAM, cámara de empresas norteamericanas, e IDEA, destacando la importancia de la ‘seguridad jurídica’, develan un poco más el sentido de la intervención de la Corte», insistió.

Sin embargo, «la seguridad jurídica ahora parecería estar en manos de la Corte, la que repone normas inexistentes, en un notorio avasallamiento de la división de poderes que ella misma debería resguardar».

Repudio

Para la AJB, el entramado da cuenta «de una afectación severa de las normas constitucionales y de un intento de disciplinamiento al interior del Poder Judicial, pero en definitiva a la sociedad toda, de parte de dos jueces ingresados al más alto tribunal por la ventana (por un decreto del ex presidente Macri), todo lo que acentúa el proceso de deslegitimación profundo de la institución y de avance sobre las conquistas democráticas en tal sentido».

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«Rechazamos enfáticamente esta maniobra y nuevamente dejamos claro que resulta de imperiosa necesidad para todo nuestro pueblo avanzar en una Reforma Judicial integral, que no solo modifique el mecanismo de selección y remoción de magistrados en lo nacional y en las provincias, sino que fundamentalmente se abra al pueblo todo»,

«Y particularmente a las organizaciones de trabajadores judiciales para la participación en las decisiones garantizando de esta manera quebrar la composición corporativa, sin perspectiva de género y antidemocrática, en gran medida alejada de las grandes preocupaciones de la sociedad, que aún posee el Poder Judicial en todos sus estamentos», finalizó.