Ordenan la detención de sindicalistas de Camioneros que bloquearon una empresa

El fallo sin precedentes es en contra de dos directivos de la filial de San Nicolás, que están acusados de «extorsión» por liderar una protesta gremial en San Pedro.

En lo que representa un fallo sin precedentes, la Justicia ordenó la detención de dos directivos del Sindicato de Camioneros de San Nicolás por el bloqueo realizado en febrero de 2021 a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro.

Se trata del titular de la seccional nicoleña del gremio de los Moyano, Maximiliano Cabaleyro, quien además es concejal del Frente de Todos, y del dirigente gremial Fernando Espíndola.

Este último sindicalista fue concejal del Frente Renovador y en 2019 fue denunciado ante la justicia por una sobrina por haber abusado de ella cuando tenía entre 7 y 13 años.

El fallo de la jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, es inédito, ya que hasta ahora nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, una práctica que en el último tiempo se vienen repitiendo.

Aunque hay que señalar que hay siete causas judiciales que se tramitan ante distintos juzgados y que podrían terminar con condenas contra quienes practican esta modalidad de protesta.

Los delitos por los que se los acusa

Cabaleyro y Espíndola, según la magistrada, incurrieron en los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción.

Por el momento la detención ordenada no se hará efectiva, porque el abogado de los sindicalistas pidió la eximición de prisión antes del fallo y por eso la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá resolver primero esa solicitud.

La abogada y dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, quien es la defensora de la empresa que sufrió el bloqueo sindical, afirmó a Infobae que el fallo judicial «es producto del coraje de la familia Rey, que, a pesar del miedo, decidió denunciar la extorsión; del compromiso del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que acompañó a la empresa; y del enorme trabajo de la fiscal María Del Valle Viviani».

Y remarcó que «bloquear es delito. Es un tiro para el lado de la justicia, después de tantos años de impunidad del Sindicato de Camioneros y en recuerdo de todas aquellas empresas que no pudieron dar la pelea y tuvieron que cerrar. Empieza un nuevo capítulo en Argentina, que se construirá con ley y justicia».

Por su parte, la titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Verónica Razzini, quien ayudó a la familia Rey desde el comienzo del conflicto, sostuvo: «Hoy puedo decir que mi tarea es la de inspirar a perder el miedo, acompañar a mis pares y transmitir lo que aprendimos».

Y destacó que «este es el camino, el del trabajo, la verdad y la justicia. Vamos a llevar esta verdad a cada rincón de nuestro país».

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La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios fundada en 1989 y que tiene 35 empleados.

Su dueño, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio de lo que denunciaron como un hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su PyME realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde entre lágrimas decía que «me vienen a arruinar».

Según Ariel Rey, hijo del dueño, el conflicto se origina cuando el sindicato les exige pasar a los 35 empleados a su convenio. «Nos dijeron que si los pasábamos a todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaborábamos con ellos e íbamos pasando de a uno, se podía hacer en paz. Nosotros accedimos», contó.

Pero según explicó el empresario todo se complicó cuando el sindicato conducido por Cabaleyro designó un delegado sin tener los requisitos necesarios.

Así fue el hecho

«En enero de ese año se sancionó al delegado por incumplimiento de tareas y es sobre la base de ese hecho que se agrava el conflicto con inspecciones y hostigamientos constantes. A partir de ahí decimos basta, porque no se puede convivir con esta gente. Dejamos de pagar la coima y hacemos la denuncia penal por extorsión», recordó.

Y en declaraciones al canal de noticias TN, Gustavo Rey, otro de los hijos de Ricardo, agregó que «nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando».

Y explicó que «todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de pagar, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones».

También señaló que la empresa hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una conciliación obligatoria para resolver el conflicto, luego de lo cual «el Ministerio hizo muchas visitas a la empresa, tuvimos varias audiencias y se llegó a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil».

Asimismo, dijo, «rubricamos otro acuerdo directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que si pagábamos eso todo quedaba saldado. Arreglamos pagarles otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más».

Y redondeó: «Desde el 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $20.000 pesos, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto».

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La denuncia fue recibida por la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, y en el escrito estaban identificados Cabaleyro y Espíndola como los responsables de la extorsión.

No es la primera causa judicial que termina con una condena contra dirigentes del gremio de Hugo y Pablo Moyano por bloqueos sindicales.

A mediados de diciembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en 2020 al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora para reclamar una supuesta deuda con esa organización.

Entre los procesados estuvieron Omar «Manguera» Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) -un hombre clave en la estructura de Hugo Moyano-, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio.

Ambos fueron acusados junto con Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.