Ex ministro de Trabajo de Vidal se negó a declarar en la causa por la «Gestapo antisindical»
Marcelo Villegas presentó un escrito en la causa que investiga el supuesto armado de una mesa judicial que durante la anterior gestión bonaerense persiguió a dirigentes gremiales.
El ex ministro de Trabajo bonaerense de la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, se negó este viernes a declarar y entregó un escrito de defensa en su declaración indagatoria en la causa que investiga el supuesto diseño de una estrategia ilegal para perjudicar a sindicalistas de la construcción de la ciudad de La Plata.
Villegas arribó al juzgado del juez federal Ernesto Kreplak en La Plata poco antes de las 10.30, hora prevista para el inicio de su indagatoria e ingresó sin responder preguntas de los periodistas presentes en el lugar.
El trámite terminó poco antes de las 11.30, luego que se le leyeron las imputaciones en su contra, entregó un escrito y manifestó su decisión de no responder preguntas del juez ni la fiscalía.
Villegas es el autor de la frase más resonante del video que dio inicio a esta causa: «Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».
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El ex funcionario de Vidal fue señalado por la justicia como el ministro convocante al encuentro realizado el 15 de junio del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (BAPRO) a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la UOCRA de La Plata.
Causa «caliente»
La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el BAPRO.
Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.
El juez Kreplak finaliza una semana en la que le tomó indagatoria a los tres exfuncionarios del gobierno bonaerense de Vidal imputados en la causa en la que se investiga el supuesto armado de causas judiciales: el miércoles declaró el entonces ministro de Infraestructura de la misma provincia Roberto Gigante y el jueves lo hizo el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi.
Confesión
Respecto a la declaración de Grassi, sorprendió que reconoció que mantenía reuniones en la AFI y que allí hablaron de las causas contra el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo «Pata» Medina. También dijo que conversó del tema con el exministro de Trabajo, con el intendente de La Plata, Julio Garro y hasta con el secretario del juez de Quilmes Luis Armella, que fue quien ordenó la detención del sindicalista.
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Para justificar todo esto sostuvo que su función, prevista por un decreto de María Eugenia Vidal, era la de velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos, entre quienes ubicaba a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Con ese objetivo, se explayó, debía «articular» la relación del gobierno bonaerense con el Poder Judicial.
Además, repitió esa palabra, «articular», una infinidad de veces, a modo de eufemismo para explicar por qué hablaba con jueces, con otros funcionarios judiciales –sin importar la famosa independencia de poderes por la que tanto clama el macrismo– y se veía con espías. Por todo eso, abundó, alentaba a los privados a hacer denuncias judiciales.
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