Máxima tensión en Garbarino: envían miles de telegramas de despidos y dictan la conciliación

Además de retrotraer los 1.800 despidos, el Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia para el miércoles de la semana que viene.

Desde la mañana del viernes, los trabajadores de Garbarino comenzaron a recibir telegramas de despidos, un nuevo capítulo de la crisis que se vive en la cadena de electrodomésticos, que desde abril de este año vive momentos muy complicados, con falta de pago, cierre de sucursales y un futuro incierto.

En total, cerca de 1.800 empleados recibieron la notificación, lo que generó la reacción del gremio mercantil, que se presentó ante el Ministerio de Trabajo para que intervenga. A las pocas horas, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, y llamó a las partes a una audiencia. «Esto está cada vez peor», afirman desde el sector.

Los despidos masivos se dan luego que los trabajadores rechazaran los retiros voluntarios que la empresa ofreció hace unas semanas, en un intento con finalizar con la larga crisis. La idea de la firma de Carlos Rosales es desprenderse de dos tercios de sus empleados, ante la falta de salida a la situación actual.

La medida tomó por sorpresa a los gremios, que se movieron rápidamente. «Desde la mañana de hoy comenzaron a llegar los 1.800 telegramas, la situación peor ya no puede estar», afirmó Érica Salazar, delegada del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA).

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La decisión de la firma conlleva además que los empleados no puedan cobrar la ayuda estatal, lo que generó mucho malestar. «No sólo no nos pagan los sueldos hace ocho meses, no quieren pagarnos las indemnizaciones, sino que ahora con los telegramas nos dejan afuera de la REPRO”, le dijo Salazar a Gestión Sindical.

En estos momentos, quienes fueron notificados buscan reunirse para saber cómo seguirá la discusión, ya que en muchos casos hace meses que no logran un diálogo con la empresa.

«Tratamos todo este tiempo de ser positivos, de afrontar la situación lo mejor posible, pero Garbarino hace todo para empeorar las cosas», se quejó la delegada sindical.

Conciliación obligatoria

En la misma mañana del viernes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se presentó ante el Ministerio de Trabajo, que mediante la DI 2021-427 dictaminó la conciliación obligatoria, que da inicio un período de tregua de 15 días.

En la resolución, a la que tuvo acceso Gestión Sindical, se intima a Garbarino a «en caso de haber efectuado los despidos denunciados, retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio, otorgando tareas en forma normal y habitual a todo su personal, como así también abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona”.

Además, la cartera que comanda Claudio Moroni remarcó que los gremios mercantiles y los trabajadores de la firma deben dejar sin efecto durante el período «toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar».

Una vez establecida la medida, Salazar alertó sobre el posible incumplimiento de la empresa. «Cuando se dictó la conciliación obligatoria en Compumundo siguieron igual adelante con los despidos, así que no sabemos qué actitud van a tomar, esperamos que cumplan». En este tiempo, los empleados no podrán realizar actividades sindicales para reclamar por esta situación.

Intervención estatal

Además de la conciliación, el Ministerio de Trabajo convocó a la empresa y la federación mercantil a una audiencia, «en el marco del presente procedimiento, para el día 17 de noviembre de 2021 a las 17:00 horas», que se hará de manera virtual.

También se exhorta a las partes en conflicto a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa involucrada».

En este clima de tensión, los trabajadores esperan la intervención estatal, que fue prometida luego de una audiencia que tuvieron con el presidente Alberto Fernández. Allí, se habló de la posibilidad de la intervención del Gobierno, que en un primero momento fue reticente.

«Esperamos que este acercamiento nos ayuda, porque la situación es desesperante y la verdad no sabemos a dónde recurrir», recalcó Salazar. En este tiempo, desde el gobierno tienen una comunicación más fluida con los empleados, para confirmar que seguirán interviniendo en el caso.

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En junio de 2020, la cadena de electrodomésticos pasó a manos del empresario Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof. Cuando Garbarino se vendió, la cadena contaba con cerca de 200 locales y más de 4 mil empleados.

En la actualidad, la firma acumula a fines de octubre un pasivo superior a los 20 mil millones de pesos, se quedó si respaldo crediticio y los proveedores dejaron de enviar mercadería por la fuerte deuda que también reclaman.

A mediados de año, Rosales intento obtener ayuda de parte del gobierno acudiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo.