Trabajadores de la energía, muy críticos de las políticas del gobierno nacional para el sector

Desde la Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina (FeTERA) se mostraron en contra de la figura del ministro Aranguren, y de su equipo de trabajo, vinculado con petroleras multinacionales. “Con este funcionario nos alejamos de la idea de la energía como un bien social”, afirmaron. Posición ante la quita de subsidios y el pedido de una tarifa social.

La quita de subsidios a las tarifas eléctricas formalizado ayer por el gobierno nacional generó alerta entre consumidores, y una fuerte críticas entre sectores opositores, ya que desde ahora algunos hogares deberán pagar hasta un 300 por ciento más su boleta de luz. La creación de una tarifa social no alcanza para disipar el impacto de esta medida, que tendrá especial fuerza en la zona metropolitana. Para justificarla, funcionarios oficialistas hablan de un plan de ahorro de energía, y se subsidios que llegaban a gente que no lo necesitaba. Lo cierto es que en medio de los cortes masivos de luz por alto consumo, ahora se agrega el aumento del valor. Trabajadores del sector se oponen a esta y otras iniciativas, y le apuntan a la figura del ministro del área, Juan José Aranguren. “Con este funcionario nos alejamos de la idea de la energía como un bien social”, afirman. Apuntan a su rol en la crisis petrolera.

Las fuertes críticas contra el ministro de Energía y Minería partieron desde la Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina (FeTERA), entidad que reporta a la CTA Autónoma. Este espacio rechaza la presencia en el gobierno de Aranguren, y luego del anuncio del fin de los subsidios de la luz, volvieron a cargar contra su figura. “Está ahí para garantizar que se mantenga la privatizaciones y la extranjerización de la energía, en especial el petróleo, algo que comenzó el anterior gobierno”, remarcó una fuente gremial a Gestión Sindical. Desde que fue nombrado, esta federación cargó contra su figura: “no hay chances de pensar la energía como un bien social, ni de recuperar la soberanía energética”.

Desde FeTERA se quejaron del equipo que desembarcó al sector de la mano del ex CEO de Shell. “Llenó su ministerio de ejecutivos de grandes empresas, en especial petroleras, para mantenerles el negocio. Hoy el país gasta mucho dinero en subsidiarles el valor del barril de crudo, pero se los quita a los usuarios de energía eléctrica. Está claro para quienes gobiernan”, agregó la misma fuente.

Mediante la resolución 6/2016 publicada en el Boletín Oficial, Aranguren oficializó la quita de subsidios al servicio eléctrico domiciliario, que tendrá un aumento de hasta el 300 por ciento. Además, se contempla por un lado precios especiales para los usuarios residenciales que reduzcan su consumo entre un 10 y un 20 por ciento; y por el otro confirma que se aplicará una tarifa social gratuita.

Esta última medida cuanta con el respaldo de la FeTERA, que respaldó la ley que crea esta idea, que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está en vigencia. “La tarifa social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la tarifa social”, enuncia un documento difundido en estos días por la federación, a propósito de la suba del servicio.

Además, la federación le apuntó al gobierno por su rol en la crisis petrolera del sur argentino, que amenaza con dejar a muchos trabajadores en la calle –unos 6 mil sólo en Chubut, la provincia que más produce en el país –y que ahora está en un cuarto intermedio. Según José Rigane, titular de FeTERA, detrás de este conflicto hay “una fuerte puja de las compañías petroleras por aumentar la tasa de ganancia a costa de los asalariados. Los empresarios de las principales productoras de petróleo del país quieren que la caída del precio la asuman los trabajadores y el Estado mediante subsidios”. Desde el 1º de enero de este año el gobierno nacional acordó precios diferenciados para el barril de crudo que se extrae en el país, que en promedio en el mundo se paga unos 30 dólares el barril, pero que acá puede llegar a 67,5. Estos subsidios suman unos 500 millones de dólares, y son para FeTERA “una enorme transferencia de recursos para las petroleras, que dominan el gabinete de Aranguren”.