Comités mixtos de seguridad, la idea para garantizar salud laboral que está estancada en el Congreso
El proyecto fue presentado por el Gobierno y busca crear espacios de discusión sobre las condiciones sanitarias en cada unidad de trabajo.
Luego de la cuarentena estricto del inicio de la pandemia, cuando se comenzaron a liberar actividades, garantizar las condiciones de seguridad e higiene se volvió fundamental para el Gobierno y los gremios. Por eso, se elaboraron protocolos generales, que luego se adaptaban a las necesidades de cada lugar de trabajo. Para institucionalizar esto, este año el Ministerio de Trabajo anunció que buscaría crear «comités mixtos de seguridad», espacios donde trabajadores y patronales discutirían estas condiciones.
De carácter obligatorios, estos espacios se formarían en lugares con más de 50 empleados, entre otras características. Por el momento, ni el proyecto oficial ni el presentado por legisladores de extracción sindical avanzaron, y esperan tratamiento. Los gremios apoyan la iniciativa, aunque aclaran que las experiencias similares que se pusieron en marcha no fueron el todo exitosas.
El proyecto para crear los denominados “Comités mixtos de higiene, seguridad, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo” fue una propuesta de la cartera laboral que en junio fue anunciado por diversos medios. Al mismo tiempo, legisladores de extracción sindical como Walter Correa, Vanesa Siley y Pablo Carro presentaron una propuesta del mismo tono, que está estancada en el Congreso.
El proyecto, según supo Gestión Sindical, establece que estos espacios estarán formados por dos representantes de los trabajadores y dos de las empresas, y está pensado como «un órgano paritario y colegiado destinado a la consulta y participación, regular y periódica, de las actuaciones en materia de prevención de riesgos, seguridad e higiene y medio ambiente».
Con la pandemia, la idea de crear estos espacios, tanto en el ámbito público como el privado, se volvió fundamental, por eso el gobierno reflotó la idea, que ya había sido presentada en 2017 por Hugo Yasky, cuyo proyecto sirvió de base para el que actualmente está en la legislatura nacional.
Su principal facultad es la «elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos», además de la «promoción de la seguridad e higiene». Además, está pensado para prevenir el acoso en el ámbito del trabajo, en especial contra las mujeres, en el marco del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recientemente adoptado por la Argentina.
Primeras reacciones
Luego de su anuncio, la propuesta fue perdiendo visibilidad, y hoy está –tanto la del gobierno como la de los legisladores sindicales– esperando suerte en el Congreso. Incluso en su momento la CGT no se pronunció oficialmente, lo mismo que la UIA, más allá de opiniones sueltas de alguno de sus dirigentes.
En tanto, la CTA Autónoma elaboró un paper interno donde analizó el tema. A cargo del Observatorio del Derecho Social, este trabajo marca que en su armado estos comités deben incluir «a todas las organizaciones gremiales representativas de trabajadores, con el alcance que el actual diseño constitucional contempla, es decir comprender a las entidades sindicales que ostenten personería gremial y simple inscripción, mediante un mecanismo que defina la cantidad de delegados en función de la representación medida por la cantidad de afiliados de cada organización».
Además, la CTA Autónoma recordó en su informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical, la regulación de su funcionamiento «omite establecer un número mínimo de horas para la inspección y relevamiento de las condiciones de trabajo de los delegados que integren el comité mixto».
«Sin la posibilidad de relevamiento, que involucra contar con horas dentro de la jornada laboral para su realización, dificulta la posibilidad de la detección de riesgos o peligros que deban ser subsanados en el establecimiento, atentando con la función preventiva que la norma se propone», se explicó.
En tanto, en el sector de las compañías las principales miradas apuntaron a la información a la que accederán estos comités, que estarán disponibles para los delegados y los gremios, algo que genera resquemor entre los empresarios. Es que el proyecto establece que este espacio debe «conocer todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones». Eso puede contener información sensible, lo que genera una disputa.
Experiencias
Más allá de los análisis técnicos, la formación de estos instrumentos que se potenciaron en la pandemia tienen algunos ejemplos, antes y después de la aparición del coronavirus. El más claro es el llamado Comité Operativo de Emergencia, que debía poner en discusión las medidas laborales y sanitaria en el sector salud, y que reunía a todos los integrantes del sistema, tanto públicos como privados.
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) confirmaron que este comité «no se reúne desde junio, y pese a nuestros reclamos nunca tuvo una regularidad».
Otro ejemplo se da en el subte, donde por la problemática del asbesto, se comenzó a trabajar en un instrumento de este estilo. Según le explicaron a Gestión Sindical desde la secretaria de Salud Laboral de la dirigencia de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), lo que se creo fue «una mesa de diálogo para avanzar en el plan de retiro del asbesto, y a partir de esto se comenzó a tratar el tema de salud general, cuando apareció el Covid-19».
En el subte hay un comité mixto como el propuesto, pero está integrado por UTA, que tiene personería gremial. Por eso, en su trabajo, la CTA Autónoma pide que los nuevos comités reconozcan también a las organizaciones «con inscripción simple».
A partir de la experiencia de los metrodelegados, la CTA de los Trabajadores elaboró su propio proyecto de «comités de salud», que en la práctica funcionan como la iniciativa oficial. El proyecto está pensado especialmente para el coronavirus, y fue entregado al Gobierno a mediados del año pasado.
El mismo establece que estos espacios deberán «evaluar, determinar, establecer y regular las medidas de prevención y protección», en cuanto al «cumplimiento de la indumentaria, los equipos de desinfección, el distanciamiento social y otro sinfín de medidas que incluye cada protocolo en particular de acuerdo a la actividad». Hasta ahora tuvo ningún avance ni respaldo.
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