Se trata de empleados que ingresaron a la cámara alta entre enero y noviembre de 2015. A su vez, la presidenta del Senado dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Boudou antes de dejar su cargo.
Más 2.000 empleados del Senado argentino quedaron ayer sin trabajo por un decreto que anunció la vicepresidenta Gabriela Michetti como titular de esa casa legislativa.
El mismo lunes, el delegado de los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, Hernán Granovsky, denunció en declaraciones a Radio América que les impidieron entrar a esa institución y solo ingresó el personal de mantenimiento y la personería de Recursos Humanos.
«Nos recibió una persona de Recursos Humanos explicando que nuestros contratos habían caído y una vez definido el tema nos iban a llamar», detalló; y agregó que «lo tomamos como un despido».
En cuanto a la cesantía en el senado, la propia vicemandataria anunció por Twitter su decisión de eliminar 2.035 contrataciones, alegando que fueron hechas durante la anterior gestión de Amado Boudou, lo cual para el portal informativo El Destape tiene un marcado cariz político.
Michetti dijo que esos contratos aumentaban en 146 por ciento la plantilla de trabajadores del Senado y significarán una disminución del 80 por ciento, unos 570 millones de pesos (casi 43 millones de dólares) en el presupuesto salarial de ese recinto.
Se trata de empleados que ingresaron a la cámara alta entre enero y noviembre de 2015. A su vez, la presidenta del Senado dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Boudou antes de dejar su cargo.
La vicepresidenta, además, ordenó la creación de una comisión revisora que tiene el objetivo de analizar la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos 12 meses en la Cámara de Senadores.
El diario Tiempo Argentino revela que un instructivo enviado a los ministerios por la cartera de Modernización detalla un plan para relevar la totalidad de cargos estatales, como paso previo a la concreción de despidos, rescisión de contratos temporarios e impugnación de concursos.
El dato confirma que, sólo en el arranque, la administración nacional se prepara para suspender, rescindir o impugnar más de 13 mil empleos públicos. Un escenario que anticipa conflictos en casi todo el Estado Nacional, advierte el diario.
A cargo del flamante Ministerio de Modernización está Andrés Ibarra, quien rediseñó todo el organigrama del Poder Ejecutivo para que su jefe pueda designar ministros sin que tenga que mandar una ley al Congreso para reformular su estructura, señala Tiempo Argentino.
El instructivo, denominado «Hoja de Ruta Empleo Público», contempla un plan de relevamiento y control de todos los empleados estatales, con el fin de identificarlos, conocer sus funciones y su desempeño.
Y, por sobre todo, aportar tres datos centrales: cuántos son, cómo fueron contratados y a qué gremios y partidos pertenecen.
La Asociación de Trabajadores del Estado convocó para el pasado martes un paro nacional que, si bien hubo actos en Buenos Aires, no llegó a fraguar totalmente debido a las divisiones y pugnas internas entre los segmentos que integran esa federación sindical.
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