Crecen las complicaciones judiciales para Larreta por la muerte de docentes

En la denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, también se pide investigar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Los fallecimientos por coronavirus de trabajadores de la educación ocurridos durante las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires abrieron un frente judicial al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra quien fue ampliada este lunes una denuncia por mantener la presencialidad en las escuelas pese a la segunda ola de contagios de la Covid-19.

La abogada Valeria Carreras amplió este lunes una denuncia penal contra Rodríguez Larreta tras la muerte de la docente auxiliar de la escuela técnica 18 Graciela Romero, el 8 de mayo último, y se sumó a la realizada la semana pasada ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, luego del deceso de Silvina Flores, informaron fuentes judiciales.

Un dolor que crece

Este lunes, además, se conoció la muerte del docente auxiliar Daniel Bravo, quien se desempeñaba en la escuela primaria 13 del Distrito Escolar 21 y se sumó a una nómina de 12 trabajadores de la educación fallecidos por Covid-19 desde febrero último, cuatro de ellos entre el jueves pasado y este lunes.

«Las familias fueron obligadas a la presencialidad; nos están mandando a morir en las escuelas», sentenció Scayola.

El fin de semana último murió también por coronavirus Emilio Gutiérrez, profesor de educación física, y se sumó al triste listado que contiene a Flores (Escuela 24); Romero (Escuela Técnica 18); Sergio Nieto (Escuela Técnica 14); Ramón Juárez, (portero del Galileo Galilei); Mónica Suárez (Escuela infantil de Lugano); Sergio Vicino (Escuela Técnica 17); Marcelo Mendoza, (preceptor del CENS 62); Jorge Langone, (Escuela Técnica 13); Juan Carlos Ramírez (Escuela 21) y Marcelo Becker (Escuela Técnica 35).

Por estas muertes (registradas desde febrero y tras el inicio de clases), Rodríguez Larreta sumó este lunes una ampliación de denuncia penal, además del paro activo que llevan adelante los gremios.

Para los detractores del jefe de Gobierno porteño la presencialidad escolar dispuesta en la Ciudad «va en contra» de las medidas tendientes a contener los contagios y a contramano de lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional que estableció clases a distancia en todos los niveles educativos en zonas consideradas de ‘alarma sanitaria’, como es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)».

La corte, también

A su denuncia contra Rodríguez Larreta, la abogada Carreras sumó también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la Ciudad contra el decreto 241 que suspendió las clases presenciales en el AMBA

La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de CABA y por «la exigencia de presencialidad», según fuentes judiciales.

En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del Gobierno de la Ciudad, falta de celeridad y una decisión que permitió que los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires «se expongan al segundo brote del contagio».

Datos que complican a los acusados

Carreras sostuvo que la fiscalía deberá determinar si hubo una «concatenación» de hechos que llevaron a la muerte de Romero y antes a la de Flores.

Desde el 21 de abril pasado, Rodríguez Larreta ya había sumado una decena de denuncias por supuestos delitos vinculados con la decisión de mantener las clases presenciales en CABA, antes de que la Corte Suprema avalara esa decisión.

Con todo, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta a parámetros epidemiológicos y científicos que estarán contenidos en un proyecto de ley que el Ejecutivo nacional envió este lunes al Congreso Nacional, con el objetivo de unificar criterios en todo el país a la hora de tomar decisiones sanitarias.