Violencia laboral: un flagelo del que no se habla que atenta contra derechos básicos de los trabajadores

Mientras que las denuncias crecen, el país no tiene una ley nacional que permita prevenir y combatir este tema, que tiene especial incidencia entre las mujeres. Los gremios crearon este año una red de trabajo para evitar los abusos, de la mano de una mayor concientización sobre la problemática.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A mediados de agosto del 2017, José Suárez atacó a sus compañeros de trabajo de la fábrica de hielo “Polarcito”, en el barrio San Vicente de Córdoba Capital. Con un arma de fuego, mató a Ramón y Damián Rojas, -que tenían 55 y 30 años respectivamente- e hirió a un tercero, Hugo Herrera. Las crónicas policiales de esos días describieron con detalles los hechos trágicos, y recogieron versiones distintas. En primero lugar, se habló de un “ataque de ira”, por los constantes abusos que sufría Suárez en su lugar de trabajo. La versión fue cambiando, y hoy el agresor está recluido en un neuro-psiquiátrico, al ser declarado inimputable.

Más allá de las peripecias judiciales, el caso “Polarcito” dejó al desnudo el drama de la violencia laboral, en sus distintas modalidades. Conocido como “mobbing”, esta problemática tiene números impactantes en el país, y pese al avance logrado hace un tiempo, cuando se aprobó en el Congreso la adhesión a la normativa internacional para su lucha, todavía se carece de una ley nacional que lo prevenga y penalice.

Por eso, afirman los expertos, es difícil acceder a un registro certero de los casos de violencia en el ámbito del trabajo, y lograr planes concretos para su combate. Para colmo, la pandemia y las restricciones de circulación que rigen desde hace un año aumentaron los casos de abuso, lo que hace más urgente la elaboración de un marco normativo para todo el país.

La única información registrada

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), dependencia del Ministerio de Trabajo nacional para luchar contra esta problemática, son del primer trimestre del 2019. En su último informe, la oficina remarcó que los denunciantes de violencia laboral “son mayoritariamente mujeres; hecho que da cuenta de los patrones socio-culturales hegemónicos en nuestra sociedad”.

“Si se presta atención al gráfico y los guarismos de 2018 (mujeres 69 por ciento, varones 31 por ciento) notaremos que los datos actuales nos muestran un achicamiento en la diferencia entre varones y mujeres, llegando a 62-38”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

El 90 por ciento de las denuncias recibidas son del sector privado, y en el 95 por ciento de los casos la relación laboral es formal. Según categorizan los expertos, existen tres tipos de violencia contra los trabajadores: la moral y psicológica, conocida como hostigamiento, la sexual o de género y la física. Los datos marcan que el 88 por ciento de las denuncias que llegan a la cartera laboral son por violencia psicológica, 6 por ciento por violencia sexual y 6 por ciento por violencia física.

Sin ley

Desde hace unos años, existen en el Congreso varios proyectos para combatir la violencia laboral, ante falta de una normativa nacional que rija para todo el país. Tres de los últimos fueron elaborados por Carlos Emanuel Cafure, abogado laboralista y dirigente del gremio Luz y Fuerza de Córdoba, incluyendo el que presentaron los legisladores Gabriela Estévez y Pablo Carro. Si bien existe coincidencia de los especialistas en la necesidad de lograr esta ley nacional, hasta ahora no se logró consenso para tratarla.

“La violencia laboral la podemos definir como una forma de abuso de poder que se ejerce sobre un trabajador, con una característica: se ejerce de forma sistemática”, remarcó Cafure, en diálogo con Gestión Sindical.

Para el experto, “tiene como finalidad principal someter a la persona y en la gran mayoría a que renuncie a su lugar de trabajo”. Pese a lo delicado del tema, hasta el momento no sólo no hay una ley nacional, sino que sólo un puñado minoritario de provincias tienen normas propias. En Córdoba, existe un proyecto de Cafure que tampoco se trata, aunque se logró una ordenanza en la localidad de Río Ceballos, con el mismo espíritu. En total, el abogado colaboró y elaboró unas 25 normas para todo el país.

Esta situación contradice el propio convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual se sumó el país mediante una ley del Congreso. “No se está avanzando en el tratamiento de los proyectos, no se están aprobando marcos legales a pesar que gracias al convenio de la OIT tiene el camino allanado para dar ese paso, en provincias y el Congreso”, dijo.

En los últimos tiempos, de la mano de la visibilidad de las cuestiones de género, también se mostró la forma en que se ejerce violencia en el ámbito laboral, en especial hacia las mujeres, aunque el universo del “mobbing” sea mucho más amplio, algo que cuesta contabilizar por la falta de un registro certero. “El problema del registro pasa porque hoy por hoy el Estado utiliza herramientas que a mi criterio son un parche, como son los protocolos”, explicó Cafure.

Estos protocolos contra la violencia laboral “los usan los empleadores para evitar los casos, ahora en la gran mayoría de los casos, el violento es el empleador, que debe aplicar el protocolo. Es una locura”. Los datos respaldan esta idea: el 81 por ciento de las denuncias recibidas por la OAVL el acosador era un superior (un 18 por ciento un paro y sólo un 1 por ciento un personal inferior).

“Si hablás con médicos legislas y laborales, todos te trasmiten las gravísimas consecuencias que generan los casos de violencia laboral, personas que termina con padecimientos físicos, vinculadas con el estrés, y hasta desarrollando problemas psicológicos que si no se cortan pueden terminar con problemas psiquiátricos”, alertó el especialista desde Córdoba.

Desde adentro

El tema viene siendo foco de la atención de gremios y centrales obreras, que siguen la temática con preocupación. A partir de la aprobación de la normativa 190 de la OIT, tomó más fuerza la pelea. En marzo de este año, se formó la Red Nacional Intersindical Contra la Violencia Laboral, que integran referentes de más de 100 organizaciones de la CGT y de las dos fracciones de la CTA.

La presentación de este espacio se hizo con una capacitación de la llamada “ley Micaela”, de lucha contra la violencia de género, aprobada luego del femicidio de Micaela García, y establece capacitación en la temática en los tres poderes del Estado. Desde este espacio le confirmaron a Gestión Sindical que la “gran meta” que tienen en el futuro inmediato es la creación de una “ley Micaela sindical”, que permita capacitar a la dirigencia en cuestiones de violencia de género, que acompaña la lucha contra la violencia laboral. El proyecto fue presentado por Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del gremio SADOP y actual Diputada nacional.

En los gremios, aseguran que la lucha contra la violencia laboral va de la mano de la lucha contra la violencia de género, que los datos marcan que se cruzan y mucho. En este sentido, las experiencias muestran que cuando un trabajador o trabajadora comienza a tener una conducta errática respecto de sus tareas, sin mayores avisos, hay algo detrás. Si bien no hay estadísticas, en este espacio vieron que muchas de las ausencias repentinas, que luego de comienzan a repetir, están relacionadas con casos de hostigamiento o violencia. Para eso es fundamental que el Congreso haya sumado al rango de ley al convenio 190 de la OIT.

La flamante normativa permite “la adopción de un instrumento que proteja a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo, incluidas la violencia y acoso por razón de género”. Una de las cuestiones que destacan desde la red respecto a este convenio es que incluye a los trabajadores informales, que no suelen acceder a estos derechos. En este sentido, los datos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral afirman sólo el 5 por ciento de las denuncias son realizadas por empleados con esta condición irregular de contratación.

Pandemia y violencia

Cuando el 20 de abril del año pasado el gobierno nacional decretó el primer ASPO (aislamiento obligatorio), el país entró en una serie de restricciones que cambiaron la vida de los argentinos, y que hoy todavía siguen vigentes. En el ámbito laboral, la pandemia potenció las situaciones violentas, según el relato de Cafure.

“La pandemia exacerbó la situación de violencia laboral, creció de manera exponencial como los casos de coronavirus. Como abogado tengo muchísimas consultas respecto al teletrabajo, y hasta que no salió la ley había un exceso en los requerimientos, personas que trabajan de 7 a 14, y me llaman a las 20 horas”, afirmó el especialista, que ejemplificó que en este tiempo hubo “presiones permanentes, contacto los fines de semana, lo que terminan rompiendo la jornada laboral”.

Además, otro de los efectos de la crisis del Covid-19 se dio por la gran cantidad de conflictos generados por la esencialidad de las tareas. En este sentido, el Observatorio del Derecho de la CTA Autónoma recopiló en 2020 muchos casos de aperturas de lugares de trabajo por fuera de la reglamentación, “con escasa o nula fiscalización por parte del Estado”. Esto generó dos tipos de disputas, muchas veces resueltas de forma abusiva: “la disputa por el carácter esencial de lo que se produce para no exponerse al contagio; la necesidad de ampliar actividades comprendidas en los decretos para cobrar parte o la totalidad del salario”.

Ante esto, el Congreso aprobó la llamada ley de teletrabajo, que buscó regular la actividad laboral a distancia, que ante la falta de un marco legal generó las situaciones de violencia que describió Cafure. “Los gremios sostuvieron desde el inicio el carácter transitorio de esta forma de trabajo, sin embargo, debieron avanzar en reclamos en torno al ambiente laboral, la delimitación de la jornada, la compra y mantenimiento de insumos y los gastos de conexión, entre los más importantes”, recordó el informe anual del observatorio, que destacó que el primer acuerdo de teletrabajo lo firmó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), y que los docentes fueron quienes más incursionaron en la materia.

“La ley frenó un poco estos problemas, porque equipara los derechos laborales entre quienes hacen teletrabajo y quienes hacen tareas presenciales, pero el problema es que el país no tiene ley de violencia laboral, y lo más grave es que desde hace años el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una, oficina exclusiva del tema, pero sin ley. Es una oficina muy buena, ayuda más para contener, pero en la práctica no hay normativa”, insistió Cafure.

Casos como el de “Polarcito” parece extremo por la complejidad y gravedad, pero todos los días muchos trabajadores enfrentan situaciones de violencia, algunas naturalizadas incluso. “El tema de la violencia laboral para la política argentina en general es tabú, del cual no se quiere hablar. Los legisladores dicen que no están dados los consensos, mientras que hay gente que se enferma todos los días, gente que se ha muerto por esto”, recalcó Cafure, que considera el tema como prioritario. Cuando se habla de violencia laboral hablamos de condiciones laborales dignas que no se cumplen y de derechos humanos que se están violando”, concluyó.