Duro revés para Garro: deberá reincorporar a trabajadores, tras comprobarse que “truchó” documentos y fue procesado penalmente

El intendente de La Plata había despedido 47 trabajadores del servicio de atención telefónica, en plena pandemia. El SOEMLP realizó una presentación porque Garro falsificó un decreto municipal y omitió información. A raíz de ello el Juez Contencioso Administrativo anuló su fallo declarando la extinción de la medida cautelar. El jefe comunal además deberá afrontar un juicio penal.

Por Claudio Garibotto

Una historia increíble, que en su último capítulo -¿lo será?- muestra a un juez, engañado, que da marcha atrás en su decisión tomada 24 horas antes, exponiendo el vergonzoso accionar del intendente de La Plata, Julio Garro (JxC). Esa podría ser la síntesis de la película sobre el despido de 47 trabajadores del servicio de atención telefónica, línea 147, en plena pandemia. ¿Cuál es la última escena? Lo que se vio este miércoles, al menos, es la presentación que realizó el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (SOEMLP) en lo Contencioso Administrativo, porque Garro falsificó un decreto municipal y omitió información al titular del Juzgado N°3, Francisco José Terrier, para que diera lugar a una cautelar a su favor y, así, no reincorporar a los trabajadores despedidos.

“Aportamos todas las pruebas para demostrar que había falsificado documentos”, le dijo el secretario general de SOEMLP, Gustavo Hernández, a Gestión Sindical. Y, gracias a eso, fue que el Juez Contencioso Administrativo anuló su fallo, declarando la extinción de la medida cautelar por cumplimiento de su condición resolutoria. Además, ordenó el envío del expediente al Tribunal Laboral. Y, al mismo tiempo que fue realizada la presentación, Garro fue denunciado penalmente por estafa procesal, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionarios público y desobediencia.

“Lo que logró Garro fue ganar días nada más. Los trabajadores van a ser reincorporados sin dudas, y ojalá sea lo antes posible”, se esperanzó Hernández. Y agregó: “Pero esto es de una tremenda gravedad institucional, y va a terminar en multa millonarias que, lamentablemente, la va a pagar el Municipio. Es decir, todos los vecinos. Por eso desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses es que impulsamos un proyecto de ley para que los funcionarios tengan que responder con su patrimonio en casos como este”.

Los despidos se produjeron entre el 20 y el 24 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. A partir de ese momento, tanto el Ministerio de Trabajo como el fuero Laboral intervinieron en el conflicto. Desde la cartera del Poder Ejecutivo se convocó a múltiples audiencias, a las que la Municipalidad no se presentó, y finalmente se decretó la conciliación obligatoria.

Sin embargo, la Comuna no acató la resolución del Ministerio y el SOEMLP decidió recurrir a la Justicia laboral. Finalmente, luego de unos meses, el Tribunal de Trabajo N°5 dictó que la Municipalidad debía respetar la conciliación obligatoria, reincorporar a los trabajadores y abonarles el salario adeudado durante el período del conflicto. No obstante, esto no sucedió y, en cambio, la Comuna recurrió al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que falló a favor de la Municipalidad en relación a los despidos.

El apoderado legal del SOEMLP, Ricardo Bradley, fue quien denunció la maniobra. “Siempre hubo una discusión en la que el Municipio decía que la actividad de la Línea 147 era esencial, y nosotros siempre le respondimos que nunca vimos el decreto que así lo declarara. La semana pasada nos enteramos, de buenas a primeras, que el Municipio había iniciado un proceso cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo, al cual no se le informa sobre el fallo del Tribunal de Trabajo. Y además ahí recién se incorpora el decreto 460/20 por el cual la Municipalidad declara al servicio 147 como esencial”, había explicado Bradley en declaraciones a Diagonales, además de aclarar que “nunca habíamos visto ese decreto durante dos meses de conflicto, y cuando lo empezamos a leer nos encontramos con un verdadero bochorno.

Era una copia literal del decreto nacional que dictó el aislamiento obligatorio, tanto que en el artículo 4 Garro otorga un asueto a la administración pública nacional para los días 20, 25, 26, 28 y 30 de marzo”. Lo que se consumó, entonces, fue la adulteración de un decreto. Pero, además, eso desencadenó en que el propio juez en lo Contencioso termine siendo víctima de esta conducta fraudulenta. “Es todo muy bochornoso. Gravísimo”, calificó Hernández. Y finalizó, contundente: “Lamentablemente son personas que están acostumbradas a manejarse con esta impunidad. Pero esto tiene que terminarse”.