Gremios y organizaciones sociales consolidan un polo de oposición al pacto CGT-UIA

Se trata del Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”, que busca hacer contrapeso a la postura dialoguista de la central obrera. Mediante un documento firmado por más de 100 entidades, quieren “apuntalar” al gobierno para que pueda aprobar medidas como el impuesto a las grandes fortunas.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La dirigencia de la CGT acordó con las empresas integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) extender por los meses más el acuerdo firmado para que los trabajadores que están inactivos por la pandemia de coronavirus cobren el 75 por ciento del salario. Con el argumento de “sostener el empleo y la producción”, la conducción de la central obrera habilita a las rebajas salariales en áreas que no son esenciales, y por lo tanto no están activas en estos días de aislamiento. El convenio, que espera homologación del Ministerio de Trabajo nacional, fue firmado el 30 de abril pasado, fue duramente criticado por varios sectores sindicales, en especial aquellos que no están en la organización de la calle Azopardo.

Casi en paralelo, estos gremios se vienen organizando con movimientos sociales y otros espacios golpeados por la crisis, no sólo la que impuso la pandemia sino la que comenzó a mediados del mandato de Mauricio Macri, para general un polo que enfrente la estrategia cegetista. El mes pasado, firmaron un documento donde delinearon su agenda, la cual vienen presentando a distintos interlocutores del gobierno. En el espacio creen que el pago del aguinaldo en cuotas será la próxima batalla a dar.

El denominado “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”, fue presentado el mes pasado como una especie de plataforma de este polo de gremios, organizaciones sociales y políticos, que buscan hacer contrapeso a lo que significa el acuerdo CGT-UIA. El espacio lo compartes los gremios de la CTA Autónoma, los que integran la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la federación marítima FeMPINRA, la UTEP –partido de los movimientos sociales –junto con organizaciones de distintos tipos, que componen un heterogéneo abanico de más de 80 entidades, que comenzaron a trabajar en una agenda propia ante la situación que se vive en el país.

El documento fundacional

“En este momento complejo de la patria reafirmamos nuestra convicción de que sólo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida a la crisis global con independencia económica y justicia social”, destacó el documento fundacional, al que tuvo acceso Gestión Sindical. En sus postulados, hablan de la necesidad de avanzar hacia la “soberanía alimentaria, financiera y monetaria, fiscal, productiva, energética y marítima”, además de lograr nuevos derechos para los sectores vulnerables.

“Queremos ser una alternativa ante la entrega de la CGT con los industriales argentino”, le dijo a Gestión Sindical un dirigente que participa de este espacio, sobre sus intenciones. Lejos de cuestionar al Gobierno de Alberto Fernández, quieren “apuntalarlo con una perspectiva distinta, pensada desde los sectores populares”. Por eso, en los primeros contactos informales con funcionaros de la administración nacional, hablaron de algunas propuestas, como el proyecto de ley de “cupo de alimentos”, un Salario Universal Social con trabajo y formación, la creación de un Banco de Desarrollo, la necesidad de un plan de tierras y viviendas y la sustitución y control estricto de importaciones para fomentar la industria nacional.

Mientras se discuten esto temas, este foro decidió que el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que se analiza en Diputados sea su primera prueba conjunta. “Queremos darle volumen a la discusión de este proyecto, para que el Gobierno pueda avanzar con este impuesto, porque si no se terminará diluyendo y no sabemos cómo se financiará la ayuda necesaria”, agregó el mismo dirigente.

Desde la confección del documento hasta ahora, se fueron agregando organizaciones, y las firmas superan las 100. Sorprendió que algunos sectores combativos de la CGT como la Corriente Federal estuvieran en este polo, y que no estuviera el moyanismo. Pero esta semana, se sumó Omar Plaini, que pueden ser considerado representante de Hugo Moyano. Además, La Cámpora envió legisladores a la discusión, y se sumó la UOM que responde al ex intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez. En el último encuentro, se habló de la amenaza lanzada por los empresarios, que buscan pagar en cuotas el medio aguinaldo, y que consideran que con el pacto firmado con la CGT como antecedentes, no sería descabellado que se lleve adelante. Por lo pronto la ley lo permite, afirman algunos dirigentes, por eso la alerta que tanto genera.

Contactos con el Gobierno

En tanto, este polo ya comenzó a acercarle algunos proyectos a funcionarios nacionales. Uno de los interlocutores naturales para este grupo es el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, por su trabajo con los movimientos sociales. Pero hace un tiempo tuvo un cortocircuito con la CTA Autónoma, por la falta de ayuda oficial a los comedores que manera la central obrera en el sur del conurbano, luego de algunas amenazas de protestas, Arroyo estuvo en el distrito de Ezeiza junto a Hugo “Cachorro” Godoy, recorriendo los proyectos productivos de esa CTA, sellando la paz. En la recorrida se habló de algunas de estas iniciativas, y hubo “buen recibimiento” según quienes estuvieron en el encuentro entre los referentes.

En cuanto al acuerdo con la UIA, este espacio critica que habilitó las bajas, a través de acuerdos por rama. Según el Observatorio del Derecho Social, en este tiempo hubo unos 14 de este tipo de convenios. El acuerdo original de la CGT había estipulado “el compromiso empresario de no producir despidos durante su vigencia”, e involucró a las compañías forzadas a paralizar las actividades como consecuencia de las restricciones impuestas.

“Es preciso dictar una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en los estatutos o la norma de convenciones colectivas”, sostuvo el acuerdo original”, afirma el nuevo convenio, que espera homologación de la cartera laboral.