Gravísimo: denuncian que el Gobierno dejó de pagar las cargas sociales y aportes jubilatorios a 1.600 técnicos del INTI

Se trata de trabajadores contratados que hace cuatro meses no reciben aportes. Denunciarán por «malversación de fondos y evasión de responsabilidades fiscales» a las autoridades.

Desde la Junta Interna de ATE-INTI denunciaron que gobierno dejó de pagar aportes jubilatorios y cargas sociales a técnicos, investigadores, especialistas e ingenieros del organismo, desde hace cuatro meses.

Se trata de unos 1.600 trabajadores los que se encontrarían afectados por el retraso en el pago de la seguridad social y que están a punto de perder la cobertura médica.

La representación gremial presentará en los próximos días la ampliación de una denuncia por malversación de fondos contra las principales autoridades del organismo presidido por el hombre de Gabriela Michetti, Javier Ibáñez.

En la denuncia figura, también, un registro por atrasos en la seguridad social.

Desde ATE-INTI adelantó a la prensa que en los próximos días presentarán una denuncia por malversación de fondos contra las principales autoridades del organismo «por evadir de forma deliberada sus responsabilidades fiscales».

Esta denuncia ampliaría una presentación realizada tiempo atrás en el juzgado federal del juez Daniel Rafecas por descuentos y persecución.

«Se quedaron sin plata y ahora pretenden perjudicar a los trabajadores, mientras tanto siguen pagándole a Murata, la empresa de seguridad privada que usaron para amedrentarnos», afirmó Dolmann, en referencia a la compañía que sostiene múltiples contratos con el gobierno.

Los trabajadores del organismo científico y tecnológico son contratados, que si bien no pertenecen a la planta permanente, están bajo el régimen LCT, Ley de Contrato de Trabajo, lo que no deja exento al empleador de todas las obligaciones fiscales.

A pesar de que la administración pública es una de las principales precarizadoras del trabajo, a través de la incorporación de monotributistas que en la práctica están en relación de dependencia, no se registran antecedentes de una conducta similar a esta en ningún área del Estado.

Por lo tanto, es una incógnita el curso que pueda tomar la denuncia en el ámbito judicial. Pero para el ámbito privado, la evasión fiscal prevé penas de dos a seis años y nueve meses de prisión a quienes incumplan el pago impositivo por cifras mayores a 200 mil pesos.

Los damnificados confirman, además, que ni siquiera fueron notificados de la irregularidad: «Nos enteramos cuando entramos a la página de la AFIP y nos desayunamos con la noticia de que podemos perder nuestras jubilaciones?, cuenta Adrián Choren, trabajador del INTI, quien sostuvo que «la situación es preocupante porque muchos compañeros están cerca de jubilarse y ahora ven en riesgo su retiro».