El engaño del “bono”: 5 millones de trabajadores registrados no lo recibirán

Se trata de una “asignación no remunerativa” obligatoria que deberá pagarse en octubre o según cada convenio colectivo. Quedan exentos empleados del sector agrario, trabajadoras de casas particulares y jubilados.

Finalmente, el gobierno decretó la “asignación no remunerativa” para trabajadores del sector privado en relación de dependencia, lo que implica el pago de la suma de 5 mil pesos durante el mes de octubre, a cuenta de futuras paritarias.

Lo que empezó siendo un intento de “bono” terminó por ser un pago que se compensará en las revisiones salariales de cada sector, según su convenio colectivo de trabajo. Es decir, un adelanto que se licuará fácilmente teniendo en cuenta los niveles de inflación y la consecuente caída del poder adquisitivo de les trabajadores.

Pero además, si bien el decreto indica que el pago es obligatorio y que deberá efectuarse durante el mes de octubre, deja abierta la puerta a que sea bonificado de acuerdo a los “plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva”, según la resolución 665/19 publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

Por caso, quedan excluidos de la negociación trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la Capital Federal, que percibirán los otorgados por cada administración. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, varios intendentes otorgaron un bono que varía entre los 3 mil y los 12 mil pesos.

A su vez, también se encuentran exentos del presente decreto los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley 26.844. Se trata de un universo de cinco millones de trabajadores formales del país, que junto con los empleados de la construcción y el sector de jubilados también quedaron por fuera del “bono” que otorgó el gobierno en el 2018.

Para el abogado especialista en Derecho al Trabajo, Juan Pablo Chiesa, las medidas del gobierno para calmar la conflictividad ocasionada por la recesión “no estarían siendo razonables ni mucho menos productivas y generadoras de un real impacto en beneficio de los trabajadores”.