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Despedidos de Eletrolux denuncian a la empresa ante el INADI por no reinstalarlos

30. 07. 2019

Son empleados que lograron una medida cautelar de la justicia, que ordenó que sean reincorporados, pero hace más de un mes la empresa se niega a dejarlos ingresar a la planta de Rosario. “Claramente hay una discriminación sindical”, alertaron. Además, no pagaron las multas aplicadas por desconocer el fallo judicial. “Estamos ante una empresa que no le importa mucho el tema legal”, se quejaron.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Hace poco más de un mes, la justicia de Santa Fe ordenó a la empresa Electrolux que reinstale en sus puestos de trabajo a siete despedidos, por considerar que los argumentos usados para su cesantía son ilegales. Luego de dos meses de pelea, los trabajadores lograron revertir la situación, que tuvo momentos de tensión, como los enfrentamientos que se generaron frente a la planta con una patota de la UOM, ubicada en la localidad de Rosario. Hasta el momento, la empresa no cumple con la orden judicial, por lo cual este lunes se presentó una denuncia ante el INADI por discriminación.

En la misma, se aseguró que la firma prefiere pagar una multa antes de acatar la orden judicial, lo que demuestra además que la crisis que se argumento en su momento “no existe”. La entidad nacional recibió el escrito de los empleados, donde se dan detalles de la forma en que se produjeron los despidos por fuera del Procedimiento Preventivos de Crisis (PPC), lo que marca la ilegalidad de los mismos.

A principios de este mes un nuevo fallo ratificó la medida cautelar, pero la firma mantiene su postura de no hacer efectiva la reinstalación.

Este lunes los despedidos de Electrolux se presentaron ante las autoridades santafecinas del IDANI para denunciar por discriminación a la empresa. Los empleados cuentan hace más de un mes con un fallo judicial que obliga a la firma a reinstalarlos en sus puestos, pero no se cumple. “Hicimos la denuncia, llevamos todo el material necesario, ahora el INDAI deberá evaluar lo que presentamos, pero es obvio que hay una clara discriminación sindical”, le dijo a Gestión Sindical Lucas Tondo, uno de cesanteados que motorizó la presentación ante el organismos nacional.

Según explicó, “hace más de un mes que no cumplen con lo ordenado por la justicia, prefiere pagar una multa, que es mucho más dinero que pagarnos el salarios a nosotros”. Según el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo número 74, los siete empleados despedidos deberán ser reincorporados, ya que se decidió “la suspensión de los efectos del despido” en Electrolux.

Además de ordenar la reincorporación de los despedidos, el fallo de meiados de junio aclaró que la medida “se da con el pago de haberes y en las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñaban antes de sus despidos de la empresa Frimetal Sociedad Anónima y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de fondo”.

La resolución judicial determina que los despidos fueron hechos por fuera del Procedimiento Preventivo de Crisis s y con una “selección arbitraria de los afectados”.

En la presentación, los trabajadores y su abogada remarcaron que “no solo nuestros despidos son ilegales por haberse realizado sin llevar adelante un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), sino también que fueron discriminatorios, ya que los trabajadores despedidos fuimos seleccionados de manera arbitraria y por la actividad sindical que llevábamos adelante”.

“Los despedidos sufrimos persecución gremial por ser voceros de hecho de los reclamos de nuestros compañeros, como lo hicimos contra los altos ritmos de trabajo que nos provocan lesiones, o contra los despidos que la empresa efectuó desde enero de este año o como el caso de nuestro compañero Marcelo Ramírez, quien es padre de un niño con discapacidad”, destacaron en el escrito.

Por no cumplir el fallo, la justicia multó con 96 mil pesos a la empresa, que hasta el momento se niega a pagar. “Dicen que están en crisis pero gastan más en pagar una multa que en los suelos de los trabajadores, hacen eso porque hay una discriminación, y eso el INADI lo ve”, dijo Tondo. “Estamos ante una empresa que no le importa mucho el tema legal, vamos a tener que seguir moviéndonos para torcerle el brazo para volver a trabajar”, agregó. La denuncian pos discriminación se dio el mismo día que se cumplen tres meses desde que se produjeron los despidos.

Luego del fallo de reinstalación, a comienzos de julio la empresa volvió a recibir un revés en el ámbito judicial. Ante el intento de la empresa de revocar el fallo en primera instancia del Juzgado Nacional del Trabajo 74, la nueva jueza ratificó que se tiene que cumplir la medida de “reinstalación inmediatamente”.

En ese momento, realizaron un acto frente al Ministerio de trabajo, para que el gobierno provincial intervenga en la situación. “Es insostenible esta crítica situación de ilegalidad, donde la empresa actúa con total impunidad a pesar de las medidas judiciales. Por eso es que volvemos a insistir y exigir al gobierno provincial de Miguel Lisfchitz y el Ministerio de Trabajo a cargo de Julio Genesini que tomen las medidas necesarias para que volvamos a trabajar”, dijeron en ese momento los trabajadores.

Desde enero de este año, la empresa de electrodomésticos Electrolux comenzó con un plan de despidos en su panta de la localidad de Rosario. En enero fueron 20 cesantías, que se sumaron a otras 22 en la última semana de abril, lo que generó un conflicto que sigue hasta hoy.

En los primeros días, hubo un acampe frente a la planta, pero el accionar de una patota de la UOM hizo que se levantara. Incluso hubo un enfrentamiento mediados de mayo, que terminó con un delegado metalúrgico de otra firma muerto por un infarto.

El escándalo en Electrolux pasó además del ámbito laboral al judicial, cuando la fiscal Valeria Haurigot decidió imputar a los despedidos que realizaban el acampe frente a la sede de la firma, en Batlle y Ordoñez, por los delitos de “sabotaje y turbación”. El primero en ser acusado fue el propio Tondo, ahora beneficiado por la medida cautelar.

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