La docente secuestrada y torturada, Corina de Bonis, se presentará mañana como querellante en la causa que investiga su caso. Los abogados del gremio acompañarán ese pedido con un listado de alrededor de 25 casos de amenazas recibidas en distintas escuelas de ese distrito del oeste del Conurbano. En todos los casos se produjeron en establecimientos en los que había ollas populares.
La maestra del CEC N°801 de Moreno que fue secuestrada y torturada el miércoles, Corina de Bonis, se presentará mañana formalmente como querellante en la causa que investiga su caso. Además, los abogados de Suteba, Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Vicente, acompañarán ese pedido con un listado de alrededor de 25 casos de amenazas recibidas en distintas escuelas de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires. La catarata de amenazas tiene un dato en común: todas están relacionadas con las ollas populares que comenzaron a funcionar en las escuelas del municipio, luego de la explosión en la escuela N°49 en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.
El listado de casos que presentarán los abogados fue elaborado por la secretaría de Derechos Humanos del Suteba local tras un relevamiento en todo el partido de Moreno, donde hay 285 escuelas públicas que no tienen clases desde el 2 de agosto, día de la explosión. Una de las últimas amenazas fue dirigida a Flavio Selinger, director de la Escuela de Educación Estética Pablo Neruda, que ocurrió luego del secuestro a Corina.
Según ese relevamiento, las amenazas se produjeron en puntos distantes unos de otros y sólo en ese municipio. El dato diluiría la hipótesis volcada en los medios que habló de grupos narcos supuestamente afectados en su territorio.
El pedido para que la maestra del CEC N°801 participe de la causa como «particular damnificada» será presentado por los abogados ante el juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza María Celina Ardohaín, del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.
La investigación comenzó de inmediato tras la denuncia policial y es prioridad para la Justicia bonaerense. El viernes, la UFI N°1 de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, se sumó a la investigación como coadyudante de la UFI5, de Emiliano Buscaglia, a cargo de la investigación. Ese mismo día, De Bonis hizo una ampliación de su declaración testimonial en su casa, donde recibió una comitiva policial.
Los abogados Vicente y Gómez Alcorta solicitaron diferentes medidas de prueba, como un pedido de análisis de las cámaras municipales, junto con las privadas y de comercios aledaños al lugar donde se cometió el secuestro de Corina. Pidieron también las imágenes de las cámaras de seguridad de los ingresos y egresos y de las principales avenidas de Moreno. Y solicitaron los informes de las antenas de telefonía celular de la zona, desde tres horas antes del secuestro, con la titularidad de los teléfonos que se hayan activado. Por otra parte, mañana presentarán ante los fiscales nuevos testimonios de maestros.
Múltiples amenazas
El CEC recibió tres amenazas antes del secuestro de Corina. En todas se hacía alusión a la olla popular para 250 alumnos que funcionaba en el lugar. El 22 de agosto fue la primera amenaza por teléfono: «Córtenla con la olla o van a ser boleta». Cinco días después, el 28 de agosto, recibieron una nota por debajo de la puerta que decía «Siguen ustedes» que fue interpretado en relación a las muertes de Sandra y Rubén. El 5 de septiembre llegó otra nota intimidante con la leyenda: «La próxima olla es en Güemes y Roldán», dirección donde se ubica el cementerio municipal de Moreno.
En paralelo, la escuela primaria 31 y la 38 vivieron episodios similares. En el primer caso aparecieron pintadas en las paredes donde alumnos y docentes preparaban un mural homenaje a Sandra y Rubén: «Dejen de hacer política, den clases». En el segundo caso le dejaron una nota en el portón de ingreso a su casa a una docente de la escuela. También en el Jardín 906 dejaron una pintada en el frente con la leyenda «Cuídense». Y en el Jardín 925 una camioneta le sacó fotos a docentes y alumnos que realizaban una asamblea.
El episodio que vivió Corina hizo que las denuncias de docentes, padres y alumnos se multipliquen. Es por eso que el gremio, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, comenzaron a reconstruir más casos que no habían sido denunciados por falta de crédito o de importancia. De hecho, estudiantes de la UES y del Movimiento Evita denunciaron el viernes que fueron interceptados e increpados por la policía local cuando se dirigían al acampe docente que se mantiene frente al Consejo Escolar. «¿Por qué vas al acampe de los maestros de mierda que no van a dar clases?», les dijeron. Pero además, desde hace algunos días reciben llamados desde distintos números que figuran como «inexistentes» pero que se repiten en todos los casos.
La comunidad de Moreno, sin clases desde hace más de 40 días, está altamente movilizada por lo ocurrido. El viernes marcharon con antorchas para repudiar, exigir justicia y pedir al gobierno provincial que arregle las escuelas. Desde el gremio no encuentran explicación a lo que pasó con Corina, pero remarcan que el discurso oficial da pie a este tipo de hechos. «Lo que está claro es que cuando el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dice ‘Dejen de hacer política y den clases’ envalentona a estos grupos que están más vinculados con el terrorismo de Estado que con la democracia y les habilita estas acciones», dijo la titular de Suteba Moreno, Mariana Cattáneo, aunque aclaró: «Esto lo digo después de lo de Corina porque nadie imaginó que esto podía pasar».
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