Schmid, decepcionado por el veto a dos artículos de la Ley de Marina Mercante

El gobierno vetó con el decreto 1.076/17 dos artículos que eran «la columna central del proyecto: la creación de un fondo de 1.500 millones de pesos anuales, ajustado por índice de precios, y el mantenimiento de los bonos por bienes de capital», explicó el triunviro de la CGT y secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra).

El secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y cotriunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, expresó hoy la «decepción, preocupación y malestar» de los gremios de la actividad ante «el duro revés» que significó la decisión presidencial de vetar dos artículos de la nueva Ley de Marina Mercante.

«Lo que podría haber sido el punto de partida para pensar la reactivación de la actividad se transformó en un duro revés a partir del veto de dos artículos centrales del régimen de promoción aprobado por el Congreso y acordado por varios sectores productivos del área portuaria y marítima», dijo Schmid en declaraciones al portal de transporte Notitrans.

El gobierno vetó con el decreto 1.076/17 dos artículos que eran «la columna central del proyecto: la creación de un fondo de 1.500 millones de pesos anuales, ajustado por índice de precios, y el mantenimiento de los bonos por bienes de capital», señaló el dirigente.

La conducción de la Fempinra, que integran 16 organizaciones sindicales, expresó su «enorme preocupación» y destacó que «de nada sirvió la búsqueda de consensos y el diálogo, ya que la orientación económica se acentúa con endeudamiento y primarización».

Schmid denunció a través de las redes sociales que el veto presidencial demostró «ausencia de interés marítimo y de voluntad de promoción del desarrollo de una industria madre y de la marina mercante», concluyó el dirigente de dragado y balizamiento.

El artículo 10 del proyecto creó ese fondo, que fue «observado» por el Ejecutivo porque «no está claro si implica una nueva asignación de gastos no previstos en el presupuesto o es por el contrario una línea específica en el contexto de los fondos fiduciarios administrados por el Ministerio de Producción de a Nación», sostuvo el PEN.

En los considerandos se expresó que «la determinación de un monto mínimo anual con un fin específico no previsto por las normas que rigen los fondos fiduciarios -desconociendo la situación y disponibilidad de cada uno de ellos-, conlleva un claro avasallamiento de las facultades de administración de la autoridad de aplicación a cargo de ese dinero».

Para el caso de los bonos por bienes de capital, el gobierno entendió que configura «una indebida injerencia en las facultades del Ejecutivo al determinar la obligación de mantener un régimen de promoción para un sector de la economía por un período de diez años».

Miguel Sánchez, dirigente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, aseguró que la Federación «no esperaba esa decisión oficial», que definió como «sorpresiva y decepcionante» a partir de «la existencia de canales de diálogo abiertos y respetados».

«Luego de tanto trabajo, negociaciones y consensos alcanzados, los gremios merecían otro trato. Antes de nacer, un país de 8.450 kilómetros de costas fluviales y marítimas perdió su ley de industria naval. Habrá que ver si es posible remontar eso», puntualizó.

En el debate de la iniciativa participaron profesionales, docentes, estudiantes, técnicos, obreros, empresarios, sindicatos, diputados, senadores y funcionarios de primera línea.