Vidal avanza con 12 mil “retiros voluntarios” y ATE se pone en pie de guerra: «Son una condición impuesta por el FMI»

Luego de conocer la apertura del régimen, los trabajadores del Estado apuntan a la derogación de la medida por considerarla una manifestación más del “ajuste feroz contra la clase trabajadora”.

Como Fernando De la Rúa en el 2000, María Eugenia Vidal abrió un régimen de retiro voluntario para empleados estatales. Al igual que el programa de la Alianza no pueden adherirse los empleados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de los servicios de inteligencia del Estado ni aquellos que tuvieran pendientes situaciones penales, sumariales o mantuvieran juicios contra el Estado.

Desde ATE provincia de Buenos Aires no tardaron en reaccionar. Sostienen que la medida de la Gobernadora de decretar un régimen de retiros voluntarios, es el cumplimiento a raja tabla del Pacto Fiscal que el presidente Macri firmó con los gobernadores a fines del año pasado.

Además, entienden que se trata del “cumplimiento por parte de Vidal de lo aconsejado en su momento por el FMI, que ahora se transforma en condición ante la firma del acuerdo” con el organismo internacional de crédito.
Oscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, señaló que: “Este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora los retiros voluntarios responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales”.

Asimismo, señaló que “como ya sucedió en los años ’90, los retiros voluntarios son una ilusión óptica para los trabajadores de cara al futuro, porque el dinero que agarran rápidamente se esfuma y no vuelven a conseguir un empleo. Son medidas clásicas de ajuste. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para derogar la medida”.

Desde el sindicato consideran que con la medida se profundiza el proceso de ajuste y se reduce el Estado a una mínima expresión y con más precarización. Además, se genera un desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social e IOMA.

Por otro lado, alertan sobre el monto indemnizatorio, el cual no incluye aguinaldo, fundamental para los trabajadores ante la crisis económica y social. Por lo que, destacan que “este programa introduce uno de los aspectos de la reforma laboral que pretender imponer Macri a nivel nacional, ya que el proyecto de Reforma Laboral de Macri, modifica la Ley de Contrato de Trabajo sobre “Indemnización por antigüedad o despido”, excluyendo de la base salarial para el cálculo de la indemnización el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y los viáticos.”

Y, por su puesto, implicaría un mayor empobrecimiento de los trabajadores y un aumento en la desocupación como ya se vivió con las consecuencias de la misma medida con Alfonsín, Menem y De la Rúa.

El jueves pasado se conoció el Decreto 465/18 el cual apunta a que los empleados del Estado provincial con más de dos años de antigüedad y con menos de 24 años de funciones puedan adherirse al retiro voluntario. Esto no abarca a policías ni agentes penitenciarios y estará vigente durante 6 meses.

El decreto también sostiene que aquellos empleados que opten por ese camino quedarán inhabilitados por cinco años para reincorporarse a un empleo de la Administración Pública Provincial, incluyendo Entes Autárquicos, Organismos Descentralizados, Fideicomisos o Sociedades en las que el Estado participe como socio mayoritario.