Varios gremios alertan que en 2018 el gobierno planea “profundizar el ajuste”

Advierten que si no se pone un freno al gobierno en las elecciones, comenzará la segunda parte del plan del macrismo, que se hará sentir sobre los trabajadores. “El año que vienen empieza el ajuste en serio, la segunda parte del plan de gobierno”, afirman muchos dirigentes, nucleados en la oposición. Remarcan que estas políticas solo podrán ser impuestas con represión. Un informe confirma el aumento de los procesamientos a dirigentes, parte de este plan.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En una de las últimas reuniones del gabinete nacional, el presidente Mauricio Macri les pidió a sus ministros que comiencen a pensar en un 2018 “más austero”. Es que luego de la deuda récord asumida por el gobierno y la ampliación del gasto, el déficit fiscal está en cifras históricas, y comenzó a ser el principal problema para el equipo económico. Más de las formas elegantes de comunicarlo, para muchos el año que viene lo que se vendrá en un ajuste más profundo, con recortes varios en las dependencia estatales. Para los gremios, esta situación puede generar un duro impacto en los trabajadores, en especial si no se controlan los niveles de inflación. “El año que viene empieza el ajuste en serio”, alertan. Esta mirada se completa con un repunte de la criminalización y represión de las protestas, que afirman será el paso siguiente para poder aplicar la reducción de gastos planeada desde la Casa Rosada.

El fantasma de un nuevo ajuste pone en alerta al sector sindical, que pese a las críticas al gobierno sigue manteniendo el clima dialoguistas. Pero ante esta situación, muchos dirigentes quieren mayos grado de confrontación con las políticas del gobierno, y arman espacios propios. Mucho de esto se habló la semana pasada, cuando se lanzó el denominado Frente Sindical para la Victoria, un espacio que apoya la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. “Creemos que tenemos que hacer un frente con otras fuerzas políticas, sociales y sindicales para enfrentar este ajuste, que vendrá con mucha más ferocidad después de las elecciones”, aseguró Carlos Ortega, titular del Sindicato de Trabajadores de la ANSeS (SECASFPI). Esta mirada fue compartida por los dirigentes presentes, que forman un espacio heterogéneo, que reporta tanto a la CGT como a las dos CTA, y que tiene en común su apoyo a la ex presidenta y su rechazo a las políticas del macrismo.

“Vienen tiempos bastante duros, lo están anunciando por lo bajo, en 2018 vendrá mucho más ajuste”, ratificó Ortega, en diálogo con Gestión Sindical. El dirigente adelantó que en la seguridad social, donde su gremio tiene amplia participación, “se viene el ajuste fiscal, que va a venir con una reforma del sistema jubilatorio, con mas aumento de tarifas, porque las subas que impusieron no alcanzan”. “Están tapando todo hasta después de las elecciones, como el Fútbol para Todos, que se acaba en noviembre. A partir de octubre se viene el ajuste en serio”, dijo el dirigente. Esta mirada cuenta con el respaldo del sector, que además asegura que el ajuste viene seguido “de un aumento de la criminalización” de la protesta social y sindical.

Los números que manejan algunas organizaciones ratifican esta cuestión. En los últimos meses, muchos dirigentes sindicales fueron procesados por la justicia, o incluso encarcelados, como sucede en Río negro con los referentes de ATE. Además, crecieron los hechos represivos y los despidos vinculados a la actividad sindical. Según un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma entre enero de 2016 y marzo de 2017 se relevaron “48 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social”, que afectaron a 180 personas. “Los destinatarios principales de estas causas fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales y sociales (el 77 por ciento del total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones”, aseguró el trabajo.

Para la CTA Autónoma, la apertura de causas contra dichos referentes “es una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”. La central aclara que en este recuento no se incluyeron los intentos de multas o castigo legal contra los gremios, como los que intentó llevar adelante la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, contra los sindicatos docentes.

El cuadro se completa con la represión y detención de manifestantes. Según el observatorio, en este tiempo se detectaron “186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones”, 95 de los cuales incluyeron el uso de la violencia física hacia los trabajadores. Casi la mitad de estas protestas (48 por ciento) eran en reclamo de trabajo. “En el período relevado por este informe se identificaron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 337 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de acciones de protesta social. Las víctimas de estos hechos fueron tanto dirigentes (48 por ciento) como manifestantes en general (52 por ciento)”, concluyó el estudio, al que tuvo acceso Gestión Sindical.