La UTEP volverá a cortar el Puente Pueyrredón.
Será este miércoles. El principal reclamo de la UTEP tiene que ver con la represión a vendedores ambulantes a quienes se les impide trabajar.
La Unión de los Trabajadores de a Economía Popular (UTEP) la organización que tiene como secretario general a Alejandro Gramajo y como referente a Juan Grabois, vuelve a la calle y con intensidad: confirmó para este miércoles un nuevo corte en el Puente Pueyrredón para denunciar las políticas de ajuste social del Gobierno nacional.
El anuncio supone también una escalada de tensión con el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich, tras los fuertes operativos que desplegó la Policía Federal ante movilizaciones similares recientes de la UTEP, en junio y durante el día de San Cayetano, en agosto pasado.
La agrupación anticipó que no estará en soledad porque organizaciones sociales y políticas prometieron respaldo a una movilización que busca, además de poner en agenda pública que se profundizaron los recortes en materia social, que las personas de barrios populares puedan trabajar en la calle.
En los últimos meses, la UTEP detectó cientos de casos de vendedores ambulantes que fueron detenidos o imposibilitados de vender mercadería en la vía pública por las fuerzas de seguridad.
“Cuando hablamos de trabajo en espacios públicos nos referimos a vendedores ambulantes, feriantes, artistas callejeros, cuida coches, repartidores y todas aquellas personas que desarrollan su actividad laboral en la calle. Más del 60% somos mujeres, que sostenemos con nuestro esfuerzo la economía popular y los ingresos de nuestras familias. Todo se complica con las políticas de ajuste y la policía que no nos permite trabajar”, señalaron referentes de la UTEP.
Reclamos de la UTEP
La organización pretende el fin de la persecución y decomisos contra trabajadores y trabajadoras en la vía pública, la derogación del Decreto Ley Provincial 8751/1977, impuesto por la última dictadura militar, la derogación de ordenanzas o decretos municipales que criminalizan la actividad y la aprobación e implementación de la Ley Nacional de Trabajo en Espacios Públicos.
Por otro lado, hay un combo de propuestas para revertir la situación. El colectivo de los empleados informales quiere que se conforme un «Registro Único de Trabajadores en Espacios Públicos de la Provincia de Buenos Aires» para saber cuantos y quienes son los vendedores ambulantes en el principal distrito del país.
«Esto debe estar acompañado por el reconocimiento del rol de las mujeres en el sector, la creación de un fideicomiso crediticio con tasas subsidiadas para fomentar la producción de los trabajadores, la regulación de las aplicaciones que precarizan el trabajo de repartidores y cuida coches y empezar a analizar una jubilación y cobertura social para quienes se emplean en la calle», indican.
“Tiene que haber una reparación histórica por los daños ocasionados por acción u omisión del Estado”, agregan desde el lado de Gramajo.
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A su vez, advierten que van a seguir insistiendo con el tema en los próximos meses para “defender el derecho a trabajar y construyendo un futuro con justicia social”. En paralelo, se realizarán actividades en distintos puntos del país para exponer la problemática.
Un pedido a Lugones
La de este miércoles será además la primera movilización de la UTEP posterior a la marcha al Ministerio de Salud que protagonizó para pedir que se termine con los cierres de programas de adicciones en sectores vulnerables.
En particular, pidieron que no se clausuren las CAAC (Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario) que atienden a jóvenes con problemas de adicciones en barrios populares y a las que la cartera de Mario Lugones quiere ponerle punto final.
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