La UTEP pide que el Congreso frene los cierres de centros de atención de adicciones

Reclama que Diputados trate una ley de emergencia. El Ministerio de Salud dio de baja 32 centros. Qué denuncia la UTEP.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamó que la Cámara de Diputados de la Nación trate la emergencia en adicciones y, de este modo, frene los cierres de centros de atención de adicciones en barrios vulnerables

La organización que tiene como referentes a su secretario general, Alejandro Gramajo, y al candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois, presentó una nota para exigir una reunión urgente con la Comisión Permanente de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados.

En el texto, pidieron que se debe tratar de una vez por todas la emergencia en adicciones que atraviesan los barrios populares. Además, marcharon al Ministerio de Salud de la Nación, del cual dependen los centros de atención.

El pedido llega en momentos en los que, según se encargaron de denunciar, el Gobierno libertario implementó “un ajuste brutal en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), cerrando los centros de Acompañamiento Comunitario y recortando los programas de prevención y tratamiento que funcionan en los barrios de todo el país”.

UTEP: «Es la vida de miles de pibes y pibas en juego»

En los últimos días, el Ministerio de Mario Lugones dispuso el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) con el habitual argumento de «graves irregularidades» en su funcionamiento y de que no cumplían con «los criterios básicos de atención».

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Para la UTEP, el ajuste tiene varias consecuencias. “Se cierran casas de atención a las adicciones, se recortan los programas socio-laborales y se desfinancia cualquier política pública seria de prevención o persecución al crimen organizado”, precisaron desde la agrupación.

“Sin políticas públicas de cuidado y acompañamiento, las pibas y pibes de nuestros barrios quedan librados a las redes de consumo y al narcotráfico. No se trata solo de un recorte presupuestario: es la vida de miles de jóvenes en juego”, agregaron.

“El escrito espera una pronta respuesta al pedido: exigimos una decisión política inmediata del Congreso y del Gobierno. Basta de ajuste en adicciones. Basta de abandono en los barrios”, completaron.

Un antecedente

El reclamo al Parlamento también se da luego del homicidio de un joven militante del Movimiento Evita que quedó expuesto en un enfrentamiento entre bandas narco, en el municipio bonaerense de San Martín.

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“El crimen del compañero pone en evidencia lo que denunciamos hace tiempo: cuando el Estado retira el apoyo a lo que contiene los barrios populares, como lo son comedores o centros de atención, el narco avanza”, declararon desde Casa Pueblo, una de las organizaciones de la UTEP que trabaja con esta problemática.

La situación generó una movilización contundente hacia la cartera de Salud que conduce Mario Lugones para que se termine con el cierre de las CAAC en todo el país el pasado jueves. Y no descartan más medidas en ese sentido si la situación no se modifica.

En paralelo, desde la UTEP señalaron indicios de corrupción en el PAMI, que se suman a los casos de mayor impacto que dominan la agenda pública a partir de la divulgación de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucraron a Karina Milei en un enorme caso de coimas.

En la organización hablaron de sobreprecios de hasta el 400% en la obra social de los jubilados «mientras se ajusta a personas con discapacidad y jubilados».